Bernardo Díaz Arreola
Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Bernardo Díaz Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió el proveído de trece de febrero del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Bernardo Díaz Arreola, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Quinto Distrito Judicial en Canatlán, Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha determinación. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó. Notifíquese.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre en autos, el oficio SSP/DIR/CEDIRESO-2/0155/2023 signado por el Director del Centro de Reinserción Social Número 2, en Santiago Papasquiaro, Durango; toda vez que ya fue acordado en proveído del trece del mes y año en curso. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a trece de febrero de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese el escrito del quejoso Bernardo Díaz Arreola, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, relativas a que la sentencia de que deriva el acto que relama se emitió en la causa penal 1/2012 el doce de febrero de dos mil veintiuno, determinación que contrario a las constancias correspondientes, nunca tuvo conocimiento de la misma. II. Agrega informe y requisitoria diligenciada. Glósense los oficio que remiten el Director del Centro Distrital de Reinserción Social Número Dos en Santiago Papasquiaro, Durango y el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, mediante los cuales, el primero da cumplimiento al requerimiento formulado en autos informando el estado de reclusión del quejoso en su carácter de sentenciado y, el segundo, devuelve la requisitoria 19/2023 orden 40/2023 diligenciada, por lo que se ordena dar de baja dicha comunicación oficial y hacer las anotaciones correspondientes. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Luego, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario) del ordenamiento referido, conforme las cuales el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, en sentido inverso, si lo controvertido no lesiona tal clase de prerrogativas, surge la improcedencia del juicio biinstancial. Sobre el particular, a partir de la ley de la materia publicada el dos de abril de dos mil trece (aplicable a este contencioso), el Máximo Tribunal del País en diversos criterios ha sido consistente en señalar que la referida imposible reparación deriva del hecho de que el acto reclamado produzca una afectación material a los indicados derechos sustantivos o impida en forma actual su ejercicio (a manera de ejemplo pueden citarse la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones). Por tanto, lo anterior que excluye de tutela en la vía de amparo indirecta a los actos de naturaleza formal, adjetiva o procesal. Es aplicable la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Contradicción de tesis 377/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2014. Mayoría de seis votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver las quejas 25/2013, 29/2013, 40/2013 y 42/2013, el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver las quejas 46/2013, 52/2013 y 68/2013, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver las quejas 51/2013 y 32/2013. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." El Tribunal Pleno, el veintidós de mayo en curso, aprobó, con el número 37/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 112/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 16 de abril de 2015. Por ejecutoria del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Pleno declaró infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 10/2017 de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En el particular, el peticionario reclama del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Quinto distrito Judicial con sede en Canatlán, Durango: - La falta de notificación del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que recibió los escritos del licenciado defensor particular del inculpado por que el que se desistió de las pruebas pendientes de desahogar y solicitó el cierre de instrucción, ordenando la ratificación de tales escritos. Sin embargo, dicho acto produjo efectos meramente procesales, que se limitaron en todo caso a que se tuviera al quejoso por desistido de las pruebas y solicitando el cierre de instrucción, con lo que únicamente se produjo una lesión formal o adjetiva que impactó en ese momento en el curso del proceso. Transgresión que pudiera desaparecer o ser reparada a través de la vía impugnativa respectiva que se interponga en contra de la sentencia en que culminó dicho procedimiento. Por tanto, el acto que se reclama, por sí mismo, no genera consecuencias de imposible reparación, al no afectar prerrogativas tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, verbigracia, vida, libertad, patrimonio etc., pues se insiste sus efectos impactaron únicamente en el proceso respectivo. Son aplicables en lo conducente las jurisprudencias: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2013282 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 64/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 356 Tipo: Jurisprudencia REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México. Contradicción de tesis 168/2016. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 21 de septiembre de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro votos en cuanto al fondo de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. Tesis y/o criterios contendientes: El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2014, sostuvo la tesis aislada XXVII.3o.13 P (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI FUE ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA Y ORIGINA QUE SE PROLONGUE EL TIEMPO EN QUE EL INCULPADO SE ENCUENTRA EN PRISIÓN PREVENTIVA, ELLO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2465, registro digital 2008739. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 117/2016, sostuvo que la reposición del procedimiento de la causa penal ordenada por el tribunal de alzada a fin de que se desahogue la prueba de careo procesal, no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es recurrible en amparo indirecto, ello en virtud de que no afecta materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos tutelados ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudieran ser la libertad, la vida, la integridad física, sus posesiones o derechos, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental a la libertad, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales que no necesariamente van a ocasionar que la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal de origen sea desfavorable a sus intereses. Tesis de jurisprudencia 64/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015 citadas, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 8, Tomo I, julio de 2014, página 6 y 31, Tomo I, junio de 2016, página 5, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025577 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 135/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 1213 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXCLUIR EL PERIODO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ SUS LABORES EXCLUSIVAMENTE CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en cuanto a si en el cómputo del plazo de ocho años previsto en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, para la presentación de una demanda de amparo directo en contra las sentencias condenatorias que impongan una pena de prisión, procede o no descontar los días en que la autoridad responsable suspendió sus labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción. Un Tribunal consideró que no debía descontarse dicho periodo de contingencia y por tanto sobreseyó en el juicio porque la demanda de amparo fue extemporánea. El otro Tribunal determinó que sí debía excluirse dicho periodo, por lo que admitió la demanda y procedió a analizar el fondo del asunto. Criterio jurídico: En el cómputo del plazo de ocho años previsto en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover un juicio de amparo directo en contra una sentencia condenatoria que imponga una pena de prisión, se debe excluir el tiempo en que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), pues esto impidió que estuvieran en condiciones de desarrollar sus actividades y atender al público de manera habitual. Justificación: El artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo prevé que podrá presentarse la demanda de amparo en el plazo de ocho años cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión. Dicho precepto permite el ejercicio de la acción constitucional con ese amplio margen temporal, en virtud del alto valor que se protege, la libertad personal. Por otro lado, la Primera Sala ha señalado que el principio pro actione está encaminado a no entorpecer ni obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que, en caso de duda entre abrir o no un juicio en defensa de un derecho humano, por aplicación de ese principio, se debe elegir la respuesta afirmativa. Así, en aras de otorgar la máxima protección al derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de su libertad con motivo de una sentencia condenatoria dictada en su contra y en atención al contexto de pandemia en el que las autoridades responsables suspendieron sus labores y, por tanto, no estuvieron en condiciones de desarrollar sus actividades y atender al público de manera habitual, para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo directo deben contemplarse los días inhábiles determinados para la autoridad responsable, únicamente por el caso excepcional de la pandemia suscitada a nivel mundial. Lo anterior porque esta Primera Sala no puede ser ajena a las diversas alteraciones que este fenómeno atípico impuso en la forma de organizar tiempos hábiles y laborales, lo cual provocó una extensa interrupción de las labores en los órganos jurisdiccionales. Esto resulta relevante en el caso en cuestión, en virtud de que las autoridades responsables, en su calidad de auxiliares de las autoridades de amparo realizan, entre otras cuestiones, la tarea de recibir e iniciar el trámite de la demanda de amparo directo, situación que no pudo desarrollarse en condiciones de normalidad con motivo de la contingencia sanitaria referida, lo que impactó en la preparación de una defensa adecuada de las personas sentenciadas, dado que esas circunstancias no les permitieron contactar a su defensora en condiciones óptimas para que se impusiera de las constancias, elaborara la demanda, investigara alguna prueba superviniente, etcétera. De ahí la importancia de reponer ese tiempo que fue vedado en detrimento de las personas justiciables. Es necesario precisar que el presente criterio únicamente rige para descontar los días inhábiles en que la autoridad responsable suspendió labores con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como un caso de excepción. Por lo tanto, esta decisión no implica que, en el cómputo del plazo de ocho años, previsto por la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo contra una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, deban descontarse los días inhábiles como una regla general. Contradicción de criterios 96/2022. Entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 7 de septiembre de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarias: Irlanda Denisse Ávalos Núñez y Karina Castillo Flores. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 59/2021, 75/2021, 89/2021, 105/2021 y 118/2021, los cuales dieron origen a la tesis de jurisprudencia l.2o.P. J/1 P (11a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN. EL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PRESENTARLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE COMPUTA POR AÑOS NATURALES, SIN LA EXCLUSIÓN DE DÍAS INHÁBILES, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDIÓ LABORES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de abril de 2022 a las 10:33 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, Tomo III, abril de 2022, página 2578, con número de registro digital: 2024523; y, El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 132/2021, en el que consideró que conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el cómputo del plazo de ocho años para presentar la demanda de amparo cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, debe realizarse en años naturales y sin hacer descuento alguno de los días inhábiles que hayan existido dentro de ese plazo, pues de lo contrario se generaría incertidumbre y falta de claridad para las partes. Por tanto, indicó que no era procedente descontar los días inhábiles que mediaron por la suspensión de las labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Tesis de jurisprudencia 135/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de diciembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Víctor Manuel Sarmiento Vázquez, Secretario quien autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Agréguese para que obre en autos el escrito del quejoso *****, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de treinta y uno de enero del presente año. Ahora bien, toda vez que del escrito de cuenta el quejoso manifestó que se le impuso una pena de cuarenta y un años, ocho meses de prisión y una multa por la cantidad de catorce mil cuatrocientos pesos por concepto de reparación de daño, dentro de los autos de la causa penal 1/2012, instruida en su contra por la comisión del delito de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 394, 398 fracción II y VI, 29 segundo párrafo y 93 párrafo segundo del Código Penal. Requerimiento: En tal virtud, requiérase a dicho quejoso para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído. Bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: La fecha en que fue dictada la sentencia en la causa penal 1/2012, instruida en su contra por la comisión del ilícito referido. La data en que le fue notificada dicha sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, es decir, se tendrá por no interpuesta la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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