Bernardo del Hoyo Calzada

Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
396/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas
  • Bernardo del Hoyo Calzada

Actuaciones

  1. Principal

    El doce de junio de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del cinco al once del mes y año en curso, con exclusión de los días ocho y nueve de junio del presente año por ser inhábiles, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    El treinta de mayo de dos mil diecinueve, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del veintitrés al veintinueve de mayo del año en curso, con exclusión de los días veinticinco y veintiséis del presente mes y año por ser inhábiles, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el lapso concedido a la parte quejosa mediante proveído de quince de mayo del presente año, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Bernardo del Hoyo Calzada registrada con el folio 6167. La circunstancia de que la licenciada Rosa María Rodríguez Durán (7293771), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de mayo de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bernardo del Hoyo Calzada, contra actos del Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 396/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II y IV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; Por su parte, el numeral 108, fracción IV de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se precisen los actos que de cada autoridad se reclame. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables a la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas y Contraloría Interna y/o Órgano Interno de Control de la Contraloría Interna del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, del capítulo de "acto reclamado" se advierte lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La falta de cumplimiento a la obligación prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establecen diversos principios que integran la Garantía Individual relativa al acceso a la impartición de la Justicia, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos materialmente Jurisdiccionales y en cuyo precepto Constitucional está LA GARANTIA INDIVIDUAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA que se consagra a favor de los Gobernados; los principios DE JUSTICIA PRONTA; de JUSTICIA COMPLETA; DE JUSTICIA IMPARCIAL Y DE JUSTICIA GRATUITA, principios que están encaminados a asegurar que las Autoridades encargadas de aplicar el derecho lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de tal forma que las Autoridades como lo es la CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ylo ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ASI COMO TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS, se encuentra obligado a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, por ser una Autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente Jurisdiccionales y en la hipótesis a pesar de que en fecha 08 de mayo de 2019, tuvo verificativo el embargo de bienes muebles en perjuicio del suscrito, la Autoridad Responsable que en este caso lo es la TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS a través de los Ejecutores Fiscales adscritos a la misma, incurrieron en una serie de irregularidades al momento en que tuvo verificativo la diligencia en comento, y en ese mismo sentido en cuanto a la CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ylo ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ha sido omisa en sujetarse a los procedimientos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas." Por otra parte, en el capítulo correspondiente a "los antecedentes", el quejoso refiere que laboraba como cronista del Ayuntamiento del municipio de Guadalupe, Zacatecas desde el treinta de septiembre de dos mil quince, hasta que el seis de diciembre de dos mil dieciocho, recibió un citatorio para presentarse a las doce horas del trece del citado mes y año, para el desahogo de una investigación administrativa en su contra, lo cual culminó con la resolución de catorce de enero del año en curso, en el que se le rescinde su relación laboral por omitido presentarse a laborar. Que posteriormente, recibió cédula de notificación y emplazamiento por parte de la Contraloría municipal de Guadalupe, Zacatecas, al que se le anexó copia certificada del expediente CM/DR/001/2019. Por otra parte, en el capítulo correspondiente a "los antecedentes", específicamente en el capítulo "CUARTO", el quejoso refiere que el ocho de mayo del presente año, aproximadamente las nueve horas con treinta y dos minutos acudieron a su domicilio particular los ejecutores fiscales de la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, quienes le comentaron que efectuarían un embargo, que ante tal manifestación solicitó se le diera tiempo de hablar con su abogado, a lo cual no aceptaron, solicitando en ese momento la llave de su vehículo particular por lo que de nueva cuenta solicitó le permitieran hablar con su abogado, no obstante a ello que los ejecutores fiscales continuaron con la diligencia, por lo que una vez que llegó a la diligencia la abogada del ahora quejoso les solicitó a los ejecutores que le mostraran los documentos o en su defecto le mostraran el auto que ordenaba el embargo precautorio, que sin embargo y bajo protesta de decir verdad en ningún momento se le hizo del conocimiento desde el inicio de la diligencia que tenía derecho a presentar testigos, y mucho menos se me mostró el documento con el que se ordenaba la embargo de bienes de su propiedad, que fue hasta que concluye la diligencia que los ejecutores fiscales comenzaron a realizar una serie de correcciones en los documentos que iban llenando; que una vez que terminaron el embargo de bienes en el que incluso los ejecutores ya habían sacado el vehículo del lugar donde se encontraba, cuando se le manifestó al promovente su derecho a ofrecer testigos, que asimismo solicitó que se estableciera al suscrito como depositario del bien embargado y que sin embargo en ningún momento se tomó en cuenta su manifestación; que otra situación que aconteció en el desarrollo de la diligencia es que el Ejecutor Fiscal de nombre Marlon Iván Gómez Gaytán, persona con quien se estaba atendiendo la diligencia, se retiró del lugar donde se estaba desarrollando la diligencia y regresó una hora más tarde, esto aconteció una vez que llegaron los Policías Municipales y le comentaron que no estaban autorizados para entrar sin una orden que así lo determinara, situación que suspendió por una hora la diligencia.| Por su parte en el capítulo de "conceptos de violación", refiere el quejoso que no se le permitió quedar como depositario del bien de su propiedad, sino que de manera unilateral se tomó la determinación y se asignó a una diversa persona de nombre Carlos Alberto Gándara Varela, quien se identificó como ejecutor fiscal. De lo anteriormente expuesto, se advierte incertidumbre respecto al acto o actos que en esta instancia constitucional el quejoso reclama de las autoridades que señaló como responsables, pues sus manifestaciones las hace descansar en un procedimiento administrativo de responsabilidad, pero no precisa con claridad el acto o actos que les atribuye a cada una de las autoridades que señala en su capítulo correspondiente. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa el acto o actos que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que exhiba su escrito aclaratorio en original y cinco copias para correr traslado a las partes, por corresponder una para cada una de las autoridades señaladas como responsables que en esta caso son dos, dos más, para apertura el incidente de suspensión y la última, para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, como lo prevé el numeral 110, de la Ley de la Reglamentaria en consulta, toda vez que forma parte integral del escrito inicial de demanda. Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es el promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de las autoridades responsables, por ser el afectado con esto, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como autorizada con los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Rosa María Rodríguez Durán (7293771), toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle La Mesa número ciento diez (110), Fraccionamiento Colinas del Padre, Tercera Sección de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Bernardo del Hoyo Calzada registrada con el folio 6167. La circunstancia de que la licenciada Rosa María Rodríguez Durán (7293771), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de mayo de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bernardo del Hoyo Calzada, contra actos del Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 396/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II y IV, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; Por su parte, el numeral 108, fracción IV de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se precisen los actos que de cada autoridad se reclame. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como autoridades responsables a la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas y Contraloría Interna y/o Órgano Interno de Control de la Contraloría Interna del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, del capítulo de "acto reclamado" se advierte lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La falta de cumplimiento a la obligación prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establecen diversos principios que integran la Garantía Individual relativa al acceso a la impartición de la Justicia, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos materialmente Jurisdiccionales y en cuyo precepto Constitucional está LA GARANTIA INDIVIDUAL DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA que se consagra a favor de los Gobernados; los principios DE JUSTICIA PRONTA; de JUSTICIA COMPLETA; DE JUSTICIA IMPARCIAL Y DE JUSTICIA GRATUITA, principios que están encaminados a asegurar que las Autoridades encargadas de aplicar el derecho lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de tal forma que las Autoridades como lo es la CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ylo ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ASI COMO TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS, se encuentra obligado a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, por ser una Autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente Jurisdiccionales y en la hipótesis a pesar de que en fecha 08 de mayo de 2019, tuvo verificativo el embargo de bienes muebles en perjuicio del suscrito, la Autoridad Responsable que en este caso lo es la TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS a través de los Ejecutores Fiscales adscritos a la misma, incurrieron en una serie de irregularidades al momento en que tuvo verificativo la diligencia en comento, y en ese mismo sentido en cuanto a la CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS ylo ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ha sido omisa en sujetarse a los procedimientos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas." Por otra parte, en el capítulo correspondiente a "los antecedentes", el quejoso refiere que laboraba como cronista del Ayuntamiento del municipio de Guadalupe, Zacatecas desde el treinta de septiembre de dos mil quince, hasta que el seis de diciembre de dos mil dieciocho, recibió un citatorio para presentarse a las doce horas del trece del citado mes y año, para el desahogo de una investigación administrativa en su contra, lo cual culminó con la resolución de catorce de enero del año en curso, en el que se le rescinde su relación laboral por omitido presentarse a laborar. Que posteriormente, recibió cédula de notificación y emplazamiento por parte de la Contraloría municipal de Guadalupe, Zacatecas, al que se le anexó copia certificada del expediente CM/DR/001/2019. Por otra parte, en el capítulo correspondiente a "los antecedentes", específicamente en el capítulo "CUARTO", el quejoso refiere que el ocho de mayo del presente año, aproximadamente las nueve horas con treinta y dos minutos acudieron a su domicilio particular los ejecutores fiscales de la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, quienes le comentaron que efectuarían un embargo, que ante tal manifestación solicitó se le diera tiempo de hablar con su abogado, a lo cual no aceptaron, solicitando en ese momento la llave de su vehículo particular por lo que de nueva cuenta solicitó le permitieran hablar con su abogado, no obstante a ello que los ejecutores fiscales continuaron con la diligencia, por lo que una vez que llegó a la diligencia la abogada del ahora quejoso les solicitó a los ejecutores que le mostraran los documentos o en su defecto le mostraran el auto que ordenaba el embargo precautorio, que sin embargo y bajo protesta de decir verdad en ningún momento se le hizo del conocimiento desde el inicio de la diligencia que tenía derecho a presentar testigos, y mucho menos se me mostró el documento con el que se ordenaba la embargo de bienes de su propiedad, que fue hasta que concluye la diligencia que los ejecutores fiscales comenzaron a realizar una serie de correcciones en los documentos que iban llenando; que una vez que terminaron el embargo de bienes en el que incluso los ejecutores ya habían sacado el vehículo del lugar donde se encontraba, cuando se le manifestó al promovente su derecho a ofrecer testigos, que asimismo solicitó que se estableciera al suscrito como depositario del bien embargado y que sin embargo en ningún momento se tomó en cuenta su manifestación; que otra situación que aconteció en el desarrollo de la diligencia es que el Ejecutor Fiscal de nombre Marlon Iván Gómez Gaytán, persona con quien se estaba atendiendo la diligencia, se retiró del lugar donde se estaba desarrollando la diligencia y regresó una hora más tarde, esto aconteció una vez que llegaron los Policías Municipales y le comentaron que no estaban autorizados para entrar sin una orden que así lo determinara, situación que suspendió por una hora la diligencia.| Por su parte en el capítulo de "conceptos de violación", refiere el quejoso que no se le permitió quedar como depositario del bien de su propiedad, sino que de manera unilateral se tomó la determinación y se asignó a una diversa persona de nombre Carlos Alberto Gándara Varela, quien se identificó como ejecutor fiscal. De lo anteriormente expuesto, se advierte incertidumbre respecto al acto o actos que en esta instancia constitucional el quejoso reclama de las autoridades que señaló como responsables, pues sus manifestaciones las hace descansar en un procedimiento administrativo de responsabilidad, pero no precisa con claridad el acto o actos que les atribuye a cada una de las autoridades que señala en su capítulo correspondiente. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa el acto o actos que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que exhiba su escrito aclaratorio en original y cinco copias para correr traslado a las partes, por corresponder una para cada una de las autoridades señaladas como responsables que en esta caso son dos, dos más, para apertura el incidente de suspensión y la última, para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, como lo prevé el numeral 110, de la Ley de la Reglamentaria en consulta, toda vez que forma parte integral del escrito inicial de demanda. Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es el promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de las autoridades responsables, por ser el afectado con esto, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo indicado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como autorizada con los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Rosa María Rodríguez Durán (7293771), toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle La Mesa número ciento diez (110), Fraccionamiento Colinas del Padre, Tercera Sección de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

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