Bernardo Castulo Bernabé
Expediente 473/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bernardo Castulo Bernabé
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Bernardo Cástulo Bernabé, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Hermenegildo Cástulo de la Cruz; personalidad que acredita con las copias certificadas del expediente 1028/2016-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la misma para los efectos legales del presente juicio; contra actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 473/2018, y fórmese expediente. Analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la misma resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que el impetrante del amparo destaca en su libelo constitucional su acto reclamado en: "IV.- SON ACTOS RECLAMADOS EN ESTE JUICIO: A).- DE LA RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO: I.- El auto de fecha 13 de septiembre del 2017 en donde fija una pensión alimenticia de $2,001.00 (Dos Mil Un Pesos 00/100 M.N.) a mi cargo, por concepto de pensión alimenticia promovido por ANGELA GOMEZ MARTINEZ, en representación de la menor ITZAYANA CASTULO GOMEZ, sin embargo, en la sucesión que represento se ha aprobado un inventario que solo consta de bienes inmuebles donde no existen alhajas, dineros, créditos o ninguna fuente de ingresos, lo que hace imposible la ministración de dicha pensión, máxime que el suscrito no tengo la calidad de deudor alimentario. B).- DE LA RESPONSABLE EJECUTORA RECLAMO: I.- La fe pública otorgada al auto de 13 de septiembre del 2017 en donde fija una pensión alimenticia de $2,001.00 (Dos Mil Un Pesos 00/100 M.N.) a mi cargo, por concepto de pensión alimenticia promovido por ANGELA GOMEZ MARTINEZ, en representación de la menor ITZAYANA CASTULO GOMEZ, sin embargo, en la sucesión que represento se ha aprobado un inventario que solo consta de bienes inmuebles donde no existen alhajas, dineros, créditos o ninguna fuente de ingresos, lo que hace imposible la ministración de dicha pensión, máxime que el suscrito no tengo la calidad de deudor alimentario. Del análisis de la demanda de amparo de trato se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el incidente de pensión alimenticia 1028/2016-2, del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se decretó por concepto de pensión alimenticia provisional a cargo del albacea Bernardo Cástulo Bernabé, y en favor de la menor Itzayana Cástulo Gómez, por la cantidad de $2001.00 (dos mil un pesos 00/100 moneda nacional). Luego, respecto de dichos actos reclamados por el quejoso, cabe acotar que tuvo a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual la determinación combatida pudo ser revocada, modificada o nulificada, por lo que debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que es el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que dicen: "Artículo 140.- Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio; sentencias interlocutorias cuando decidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del negocio. Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja. Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo. Artículo 393.- Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I. Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo, en los siguientes casos: a) Cuando la Ley de una manera expresa ordene que la apelación se admita con este efecto; b) Contra las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia familiar y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; c) Contra las sentencias interlocutorias que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación; d) Contra los autos que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación; y e) Contra el auto aprobatorio del remate. II. En los casos a que se refiere este artículo, se suspenderá la ejecución de la sentencia o auto apelado, hasta que recaiga fallo del superior, y mientras tanto quedará en suspenso la tramitación del juicio en la parte afectada por el recurso. La suspensión no afecta las medidas puramente conservativas, lo concerniente a depósito, ni las cuentas, gastos y administración y tampoco las medidas de aseguramiento provisional de que habla la fracción siguiente; III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que llegaren a ocasionarse a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución; IV. Admitida la apelación en el efecto suspensivo y dentro de los cinco días siguientes, y previo emplazamiento a las partes para que acudan a continuar el recurso, se remitirá el expediente original a la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, para la substanciación. El juzgador deberá vigilar que el expediente y el escrito de apelación sean enviados al Superior dentro del término señalado, en caso de incumplimiento se hará acreedor a las sanciones señaladas en el último párrafo de la fracción IV del artículo que antecede. A petición de parte interesada podrá dejarse copia de la sentencia definitiva para llevar a cabo las medidas provisionales de aseguramiento de que habla la fracción anterior e igualmente podrá dejarse copia de otras constancias que tengan relación con lo concerniente al depósito, a las cuentas y gastos de administración, o se dejarán los incidentes relativos, si se han llevado por cuerda separada, y V. Si se dictare resolución firme revocatoria de la sentencia apelada, quedarán sin efecto las medidas provisionales de aseguramiento en lo afectado por la revocación. Artículo 566.- Sentencia. La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los cinco días siguientes. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. En efecto, de un análisis sistemático de las normas jurídicas trascritas se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia del recurso de apelación en contra del auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, que se emitió en el incidente de pensión alimenticia 1028/2016-2. En consecuencia, los actos reclamados por el quejoso carecen de definitividad para los efectos del amparo, ya que en su contra procede el recurso de apelación, por lo que, atento a la técnica que rige el juicio de amparo, está obligado a agotarlo previamente al juicio constitucional, habida cuenta que, con tal medio de defensa, puede ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado en esta vía constitucional; de ahí que resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 24, noviembre de 2015, tomo II, materia civil, página: 1428, registro 2010515, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6º.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, consultable a página novecientos dos, que en rubro establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Luego, la procedencia de juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Pues dicha procedencia así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su naciente criterio plasmado en la jurisprudencia 44/2012 (10ª), por contradicción de tesis 277/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil doce, cuyo rubro dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". Dicho en otros términos, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, de ahí que este principio, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En tales circunstancias, y al haberse establecido que el promovente de amparo tuvo un medio de defensa ordinario a su alcance, se actualiza en la especie la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, antes transcrita, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 113 de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, y dado que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia, téngase como tal la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Silva López, en virtud que así lo expresa en su escrito de demanda. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 195064, con el siguiente texto y rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Notifíquese como esta ordenado en autos (lista de estrados).
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