Bernardo Carlos Ramiro Villagrán Hernández

Expediente 773/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
773/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Bernardo Carlos Ramiro Villagrán Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 22 a 31), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual se remite copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo indirecto 758/2018, ***, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de **, personalidad que se le reconoce al haber exhibido copia certificada de la diligencia relativa a la junta de herederos para la designación de albacea del expediente 848/2004, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado como juicio de amparo 773/2018. Ahora, en virtud de que en el citado juicio de amparo 758/2018, del índice de este Juzgado mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se determinó la separación de juicios respecto de los actos reclamados en el citado asunto, pues éstos emanan de diversos procedimientos, donde lo reclamado guarda autonomía en cada caso; por tanto, en razón de lo expuesto en el oficio de cuenta, se precisa que en el presente asunto se dará el trámite correspondiente a los actos reclamados precisados por el quejoso como: "1. El inconstitucional incumplimiento de los siguientes autos; emitidos en el expediente 781/2011. *Siete de septiembre de dos mil once. *Diez de mayo de dos mil diecisiete. * Siete de julio de dos mil diecisiete. *Seis de noviembre de dos mil diecisiete. *Diez de noviembre de dos mil diecisiete. 2. La inconstitucionalidad de los siguientes autos emitidos en el expediente 781/2011. *Doce de abril de dos mil dieciséis. *Veinte de febrero de dos mil dieciocho. 3. El inconstitucional auto declarativo de herederos de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho dictado en el expediente 781/2011, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Camilo Villagrán Hernández. Así como el inconstitucional nombramiento de albacea de Ignacio Villagrán Lagunas, en la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Villagrán Hernández." Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, como ya se dijo, el quejoso reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "1. El inconstitucional incumplimiento de los siguientes autos; emitidos en el expediente 781/2011. *Siete de septiembre de dos mil once. *Diez de mayo de dos mil diecisiete. * Siete de julio de dos mil diecisiete. *Seis de noviembre de dos mil diecisiete. *Diez de noviembre de dos mil diecisiete. 2. La inconstitucionalidad de los siguientes autos emitidos en el expediente 781/2011. *Doce de abril de dos mil dieciséis. *Veinte de febrero de dos mil dieciocho. 3. El inconstitucional auto declarativo de herederos de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho dictado en el expediente 781/2011, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Camilo Villagrán Hernández. Así como el inconstitucional nombramiento de albacea de Ignacio Villagrán Lagunas, en la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Villagrán Hernández." Hecha tal precisión, respecto de los actos reclamados por el quejoso precisados en los numerales 1 y 2, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que los citados actos reclamados, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, los actos reclamados en el presente asunto no se tratan de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de resoluciones que afectan derechos procesales de las partes del juicio, esto es, los actos reclamados son una violación de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dichos actos reclamados, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues sólo surten efectos procesales y pueden extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la sentencia que ponga fin a la sección de declarativa de herederos que se emita en el juicio de origen, resulta favorable a los intereses del quejoso; además, porque las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que éste solamente procede contra la determinación que decide el fondo de esa sección. Ciertamente, la materia de los actos reclamados se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la sección de declarativa de herederos que se emita en el juicio de origen. Lo anterior se afirma, pues el quejoso refirió bajo protesta de decir verdad que el diez de agosto de dos mil once, denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Camilo Villagrán Hernández, el cual se radicó ante la responsable como juicio sucesorio intestamentario 781/2011, de lo que se advierte que si bien no tiene el carácter de heredero en dicho asunto, lo cierto es que si tiene el carácter de denunciante, personalidad que incluso se aclaró en auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el citado juicio natural. Además, respecto a los autos de siete de septiembre de dos mil once, diez de mayo, siete de julio, seis y diez de noviembre, todos de dos mil diecisiete (materia de reclamo en esta instancia por incumplimiento), dictados en el juicio sucesorio intestamentario 781/2011, conviene destacar que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que la autoridad responsable en los dos primeros tuvo por apersonados a diversos presuntos herederos, y en la totalidad de dichos acuerdos requirió a los presuntos herederos de dicha sucesión para que acreditaran con documento fehaciente que Camilo Villagrán Hernández y/o Pedro Flavio Camilo Villagrán Hernández, era la misma persona. Asimismo, que por auto de doce de abril de dos mil dieciséis (reclamado por su emisión en el presente asunto), la responsable le comunicó a Esmeralda Villagrán Lagunas, cuáles eran los herederos que no se habían apersonado, y que se procedería a proveer lo conducente respecto al plazo vencido de los diversos herederos en el auto declarativo correspondiente. Finalmente, el quejoso señaló que el veinte de febrero de dos mil dieciocho, Rosa Lagunas López, Ignacio, Jaime, Carina y Esmeralda, todos de apellidos Villagrán Lagunas, se presentaron ante la responsable para manifestar el nombre correcto de Camilo Villagrán Lagunas, motivo por el cual por auto de esa fecha (materia de reclamo en esta instancia), el Juez natural tuvo por aclarado el nombre del citado y de Ignacio Villagrán Lagunas. Lo anterior evidencia que los actos reclamados por el quejoso y que se analizan en este apartado no se tratan de aquellos que tengan una ejecución irreparable, lo cual debe entenderse por aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que los actos reclamados no reúnen esa calidad, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y como consecuencia de ello, se traduce únicamente en una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la sección de declarativa de herederos que se emita en el juicio de origen. En este orden de ideas, se concluye que en el caso respecto de los actos reclamados que se analizan en el presente apartado, descritos en los numerales 1 y 2, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otro orden, respecto al diverso acto reclamado precisado por el quejoso como: "3. El inconstitucional auto declarativo de herederos de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho dictado en el expediente 781/2011, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Camilo Villagrán Hernández. Así como el inconstitucional nombramiento de albacea de Ignacio Villagrán Lagunas, en la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Villagrán Hernández." Este Órgano de Control Constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que dicho acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que la peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que la parte quejosa se hubiese ostentado sabedora de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar lo siguiente: "3. El inconstitucional auto declarativo de herederos de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho dictado en el expediente 781/2011, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Camilo Villagrán Hernández. Así como el inconstitucional nombramiento de albacea de Ignacio Villagrán Lagunas, en la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Villagrán Hernández." Luego, del contenido de los antecedentes de los actos reclamados expresados en la demanda bajo protesta de decir verdad, así como de los anexos que acompañó al escrito inicial se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que se analiza en el presente apartado al menos desde el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, pues refirió que en el juicio sucesorio intestamentario 848/2004, interpuso recurso de revocación contra el auto de trece de abril del año en curso, en el cual la autoridad responsable tuvo por apersonado a Ignacio Villagrán Lagunas, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Villagrán Hernández, al haber acreditado dicha personalidad con el nombramiento que le fue conferido en el juicio 781/2011, en la resolución de veintidós de febrero del año en curso (que constituye el acto reclamado que se analiza en el presente apartado). En otras palabras, si en el expediente 848/2004, el Juez natural reconoció la personalidad de Ignacio Villagrán Lagunas, en su carácter de albacea de Camilo Villagrán Hernández, con base a la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, resulta evidente que desde que impugnó dicho reconocimiento en el citado juicio sucesorio intestamentario de Amalia Hernández Siles, a saber, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, conoció de la resolución que ahora reclama en esta instancia. Manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio. Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado precisado con anterioridad transcurrió en exceso, esto es, del dieciocho de abril al ocho de mayo de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de la materia, a saber, los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, así como el uno, cinco y seis de mayo, todos de la presente anualidad, lo anterior, dado que la parte quejosa como quedó precisado en párrafos precedentes tuvo conocimiento del acto reclamado que aquí se estudia al menos desde el diecisiete de abril del año en curso. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada hasta el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXIII y XIV, la primera en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, y la segunda con los diversos preceptos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Bernardo Carlos Ramiro Villagrán Hernández, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Amalia Hernández Siles, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México, por notoriamente improcedente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, toda vez que en la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estrados no están contemplados como domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Consuelo Villagrán Pozas, pues está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas señaladas en el proemio de la demanda, pues así lo solicito expresamente la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia, lo cierto es que en esta fecha se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.

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