Bernardo Barraza Villarreal

Expediente 402/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
402/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Bernardo Barraza Villarreal

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.Así lo acordó y firmó Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs-A

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Azv

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Bernardo Barraza Villarreal, por propio derecho, sin firma original del quejoso, contra actos del Juez de Control con sede en esta ciudad de Tijuana; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 402/2022-VIII. hora, en la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, quien suscribe debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en atención a las siguientes consideraciones: Para la conclusión a la que se arribará, es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 6º. "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" El artículo 107 constitucional, en su fracción I, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En ese contexto, del escrito en comento se desprende una omisión en la formalidad que resulta indispensable, para la tramitación del juicio que intenta entablar el quejoso Bernardo Barraza Villarreal, contra la autoridad que señala como responsable, este requisito básico lo constituye el escrito de demanda presentado sin firma original por parte de quien presuntivamente presenta la demanda de amparo, pues ésta, denota la voluntad de quién ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este edio de defensa, que se rige por el principio de parte agraviada; y, al no contar con firma original del directamente agraviado se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Tomo X, octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Así también, tiene aplicación al caso concreto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 315, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si su escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quién ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada". Máxime, que en la demanda de amparo no se reclaman actos proscritos por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales opera la excepción al principio de parte agraviada; pues en dicho caso, pudiera promover cualquier persona en representación del quejoso. Sin que resulte procedente presumir que el escrito de referencia se exhibió en original y con la signatura referida, toda vez que de la papeleta de turno 20221346034200285 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que en "Observaciones", se asentó que la demanda no cuenta con firma en original. Sirve de apoyo a lo anterior, interpretada a contrario sensu, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000130, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Página: 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Claudia María Aguirre Gutiérrez y Rosalio Humberto Alejo Medina y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Eguia Alonso ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Por otra parte, se le tiene proporcionando el número telefónico que señala en su ocurso, el que deberá ser tomado en consideración para, en su caso, establecer comunicación con la parte quejosa durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y facilitar el proceso de notificación; lo anterior, en conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por la emergencia sanitaria aludida, se EXHORTA a la parte quejosa para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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