BERNARDO ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 1181/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Lucía Rodríguez Pérez
  • BERNARDO ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ y Otros.
  • Bernardo Alfonso Cruz Hernández
  • LUCÍA RODRÍGUEZ PÉREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Queda firme cumplimiento. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de quince días hábiles que concede el artículo 202, en relación con el diverso 201 fracción I de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de inconformidad contra del auto de veinticinco de mayo de esta anualidad, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Oposición de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental y destino: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación y envío de oficios. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad correspondiente."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio número 560, suscrito por la Presidenta Ejecutora de la Junta Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que anexa, copia con firmas autógrafas del auto de nueve de mayo de esta anualidad, dictado en el expediente 2138/2016, de su índice; ello, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el aludido oficio y anexos, dése vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a sus derechos convenga, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, cuyos texto y rubro son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el cuatro de marzo de esta anualidad, que, por una parte sobreseyó el juicio y por otra, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes contados a partir del momento en que reciba la notificación correspondiente, proceda a dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en los términos ahí planteados; cómo fue que: ".de inmediato provea lo conducente en relación a la petición contenida en el ocurso presentado por la parte actora, aquí quejosa, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 2138/2016. .." Con apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258, de la Ley de Amparo al momento de realizarse la conducta sancionada. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  4. Principal

    "...En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo ***/2021, el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos; además CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo. En tanto que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, en apoyo a su informe justificado exhibió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente ***/2016, de su índice. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, la secretaria CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ***/2021, que promovieron ***, por propio derecho y *** en su carácter de apoderado legal de ***, ***, *** y ***; y, PRIMERO. Datos de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recibido en este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, ***, por propio derecho y *** en su carácter de apoderado legal de ***, ***, *** y ***, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO: ".la falta de contestación a mi escrito, presentado con 13 de mayo de 2021, en la oficialía de partes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.". Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención que se formuló, se admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el registro ***/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. TERCERO. Señala nueva autoridad responsable. Por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la vista ordenada, se tuvo a la parte quejosa, señalando como nueva autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por ello se le solicitó el informe de ley; y previo trámite del juicio, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar el escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto atribuido. Sin que la parte quejosa hubiere aportado alguna prueba en contrario que desvirtuara dicha negativa; por consiguiente, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y conforme al sexto transitorio de dicha ley, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, página 305, con registro 1002350, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se le reclama. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Certeza que se corrobora además con la documental que al efecto allegó a su informe de ley, consistente copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 2138/2016, de su índice. Tal documental, al ser un documento público se le confiere eficacia probatoria plena, en mérito de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme lo establece el artículo 2. En ese tenor, al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con éste y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia que conduzca al sobreseimiento en el presente juicio de garantías; y tampoco las invocaron las partes, por lo que se procede al estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda en contra del acto reclamado. SEXTO. Estudio. Se tiene por reproducido el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, sin que sea necesaria su transcripción, lo cual no vulnera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Resulta fundado el concepto de violación planteado por la parte quejosa, aunque suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser parte trabajadora en el sumario natural. En la especie, la parte inconforme reclama en esta vía constitucional la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de acordar el escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 2138/2016. A efecto de analizar el motivo de disenso de mérito, es menester tomar en cuenta la base constitucional sobre la que descansa la prerrogativa que se estima vulnerada; que en el caso se encuentra en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el cual prevé el llamado derecho a que se imparta justicia por tribunales que resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de título: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de acceso a la impartición de justicia consagra los principios siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, en los plazos que establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho; y 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese sentido, la demora en la duración de una controversia, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio, lo que se debe evitar a fin de salvaguardar el derecho fundamental de impartición de justicia que el Estado Mexicano se encuentra obligado a proporcionar. Así, se puede afirmar que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios a fin de que una controversia que se someta a su consideración se tramite y resuelva en un plazo razonable, es decir, en un tiempo prudente y justificado, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos reconocidos en la propia Constitución General de la República. Aspecto que se corrobora con el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales, relacionadas con el plazo razonable que debe observar el Estado para cumplir con su obligación de sustanciar y resolver las controversias judiciales que determinen derechos y obligaciones de las personas en un cierto límite temporal, es decir, prudente o justificado; precepto que debe ser acatado por el Estado Mexicano al haber signado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la propia Convención, de modo que se encuentra obligado a cumplir y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Sustenta dicha afirmación la tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.". Sentadas las bases constitucional y convencional de referencia, cabe señalar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, retoma la prerrogativa de acceso a la impartición de justicia a que se ha hecho alusión, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato" y se precisa que las autoridades se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.". De esta manera, se tiene que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad y que en el caso particular no se ha respetado. En ese mismo tenor, de los artículos 838 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene que es obligación de la autoridad proveer dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación los escritos que reciba, salvo disposición en contrario, máxime que encontrándose en la etapa de ejecución, los laudos deben ser cumplidos de inmediato, dictando las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Bajo ese contexto legal, se tiene que el trece de mayo de dos mil veintiuno, la actora en el juicio de origen presentó un escrito ante la Junta responsable; sin embargo, hasta este momento no se tiene conocimiento de que dicho ocurso haya sido atendido por la responsable en sentido alguno. Al respecto, la presentación del ocurso se corrobora con el acuse del citado escrito, mismo que ya fue valorado; aunado a que en su informe justificado, la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, manifestó: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que a la fecha no ha sido posible emitir acuerdo respecto al escrito de la quejosa presentado en esta Junta el día trece de mayo del dos mil veintiuno, esto debido primeramente a que esta Junta cuenta con una gran carga de trabajo, y en segundo lugar a que derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se encuentra laborando de manera normal al no contar con todo su personal, únicamente con personal de confianza, además de que no se ha laborado de manera continua, ya que ha habido diversas suspensiones a fin de mitigar la propagación y dispersión del virus antes citado, generándose un retraso en el trámite de los procedimientos laborales no imputable a esta Autoridad, no obstante lo anterior, esta Autoridad emitirá a la brevedad el acuerdo correspondiente, al escrito de la quejosa. Lo cual debe considerarse como una confesión expresa por parte de la autoridad responsable, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 199 y 200 del código procesal en mención. Es por lo anterior, que al no haberse pronunciado en cuanto a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de mérito, pese a que ha transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y ocho horas con que cuenta para acordar las promociones ante ella presentadas, es indudable que la autoridad responsable no respetó el término previsto en el artículo 838 de la aludida ley laboral. De ahí que, a la fecha no se ha pronunciado respecto a la petición de la parte quejosa; lo que implica la violación al principio prontitud con el que se garantiza el derecho humano acceso a la justicia que consagra el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal orden de ideas, la omisión reclamada a la autoridad responsable ocasiona a la parte quejosa un estado de inseguridad jurídica, en virtud de que el carácter expedito de la impartición de justicia se fundamenta, en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre y se respeten los términos y plazos que fija la ley expresamente para las actuaciones judiciales; por ende, al no cumplir la autoridad responsable con ese principio constitucional, viola flagrantemente las garantías tuteladas por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. No pasa inadvertido para quien resuelve que la responsable haya argumentado en su informe con justificación que dicha omisión obedece la excesiva carga de trabajo con que cuenta el órgano colegiado; sin embargo, esa circunstancia no la releva de la responsabilidad que le asiste de tramitar el proceso laboral dentro de los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo; además, a la fecha no existe dato alguno que demuestre que se haya acordado dicho ocurso en el expediente de origen, por lo que de ninguna manera se justifica la infracción al derecho fundamental invocado. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de la Novena Época, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." . También es ilustrativa la tesis de jurisprudencia número III.3o.C. J/12, integrada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.". En mérito de lo anterior, se estima procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de inmediato provea lo conducente en relación a la petición contenida en el ocurso presentado por la parte actora, aquí quejosa, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 2138/2016. SÉPTIMO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Firma de oficios. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por propio derecho y *** en su carácter de apoderado legal de ***, *** y ***, respecto a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por propio derecho y *** en su carácter de apoderado legal de ***, ***, *** y ***; por las razones y para los efectos precisados en el considerando sexto, de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando séptimo de este fallo, en los términos ahí destacados. Notifíquese por lista electrónica y por oficios a las autoridades responsables.

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