Bernardo Abraham Castillo Aguirre

Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Bernardo Abraham Castillo Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que algunas de las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por cuanto al cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso C), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que algunas de las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por cuanto al cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso C), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 120/2023-III, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 520/2022, del índice de este juzgado, promovido por*** En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa*** EN FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SINTESIS DICE*** XALAPA, VERACRUZ, A VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS*** para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 520/2022 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por*** contra actos de un elemento adscrito a la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Río Blanco, Veracruz, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Delegado de Tránsito y Seguridad Vial en Río Blanco, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa se haya inconformado al respecto ni aportado pruebas para desvirtuar dicha negativa. Así, de la interpretación de los artículos 62, 63, fracción IV, y 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que las pruebas que obren en el juicio se deben apreciar al dictar la sentencia relativa, para tener por acreditada o no, la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de sobreseimiento o de improcedencia, o bien los aspectos de fondo de la controversia. Por lo anterior, en esta instancia constitucional la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos humanos que alega, ya que el que presenta una demanda de amparo está obligado a establecer directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el que el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario del amparo, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Delegado de Tránsito y Seguridad Vial en Río Blanco, Veracruz*** CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable*** elemento adscrito a la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Río Blanco, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la boleta de infracción*** que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, misma que merece valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Oportunidad de la demanda. El juicio de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado le fue notificado el veinticinco de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, si la demanda de amparo fue presentada el veintiocho de junio siguiente, esto es, tres días naturales posteriores a la fecha en que tuvo conocimiento del acto, su presentación resultó oportuna al haberse realizado dentro del plazo establecido. SEXTO. Las causas de improcedencia que pudieren presentarse en un juicio de garantías revisten carácter de orden público y ameritan su estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, debido a que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, éste último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no expresó conceptos de violación tendientes a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado*** Por su parte, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone como requisito de la demanda de amparo, el que la parte quejosa exprese conceptos de violación a fin de evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado. El referido requisito es esencial y debe contenerse en toda demanda de amparo, pues, en su ausencia, impide que el juzgador de amparo pueda realizar el estudio de la controversia constitucional sometida a su consideración y, además, ello conlleva a dejar en estado de indefensión de las autoridades responsables, en la medida en que se veda a éstas el derecho de conocer los motivos por el que el gobernado estima inconstitucionales sus actos, es por ello que, la falta de conceptos de violación en contra de alguno de los actos reclamados en la instancia constitucional, produce la improcedencia del juicio de amparo. De lo anterior, podemos advertir que el quejoso, en su demanda, únicamente narró lo que considera sucedió, esto es, los hechos que percibió; sin embargo, omitió expresar razonamiento alguno que tuviera como objetivo evidenciar el porqué, la boleta de infracción*** de veinticinco de junio de dos mil veintidós trasgrede sus derechos humanos. Ello pues de análisis de la demanda de amparo se pone de manifiesto la ausencia o falta total de los conceptos de violación, ya que únicamente afirma genéricamente que es incorrecto, pero sin razonar por qué se considera así, pues tales manifestaciones generales e imprecisas no constituyen propiamente la expresión de conceptos de violación que exige el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sin los cuales es imposible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ni se evidencia de la demanda la causa de pedir. Consecuentemente, toda vez que el quejoso omitió exponer algún concepto de violación contra de la referida boleta de infracción, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de dicho acto en términos del 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, pues si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. SÉPTIMO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. OCTAVO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 520/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se ordenó en el auto de seis de marzo de dos mil veintidós, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número*** de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se*** PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 520/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por*** contra el acto y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 120/2023-III de este juzgado. CÚMPLASE.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista el acta circunstanciada de cuenta, se advierte que el presente juicio de amparo fue turnado para su resolución al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado para que lleve a cabo la vinculación de este expediente con el mencionado Juzgado Auxiliar. Con apego a la fracción V, del artículo ÚNICO, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril del mismo año, se ordena notificar a las partes por lista el presente proveído a efecto de que tengan conocimiento de lo anterior. Notifíquese.

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