Bernardino Jesús Altamirano Casas
Expediente 1385/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bernardino Jesús Altamirano Casas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos el oficio 7257 signado por la Secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que remite copia certificada de la comparecencia espontánea de dieciséis de octubre de este año, que efectuó en ese Juzgado el aquí quejoso Bernardino Jesús Altamirano Casas para la continuación del proceso penal 169/2010 y exhibió las garantías que le fueron fijadas para el beneficio de su libertad provisional bajo caución en el auto de formal prisión dictado el dieciséis de enero de dos mil once; en consecuencia, dejó sin efecto la orden de reaprehensión librada en dicha causa penal el veintisiete de junio de dos mil catorce. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso Bernardino Jesús Altamirano Casas reclama del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la orden de reaprehensión librada en su contra. Por otra parte, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que al comparecer el aquí quejoso ante el Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro para la secuela del procedimiento y al exhibir las cantidades que le fueron fijadas para el beneficio de su libertad provisional bajo caución en el auto de formal prisión dictado el dieciséis de enero de dos mil once, la autoridad judicial determinó dejar sin efecto la orden de reaprehensión librada en su contra el veintisiete de junio de dos mil catorce, sin hacer efectiva ninguna garantía. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado; por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable al dejar sin efecto la orden de reaprehensión librada el veintisiete de junio de dos mil catorce contra el aquí quejoso sin hacer efectiva ninguna garantía, destruyó en forma definitiva la situación jurídica que dio motivo al amparo, reponiéndose así al impetrante en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 41, vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos el oficio sin número signado por la Secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del centro, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de catorce de octubre de este año (foja 36), remite copia certificada legible y completa de la causa penal 169/2010 y del cuaderno anexo donde se libró la orden de reaprehensión al aquí quejoso, de su índice. En consecuencia, con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la autoridad responsable, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora, a efecto de facilitar el manejo de la documental ofrecida, se ordena formar el tomo I del cuaderno de pruebas respectivo, respetando folio, rúbrica y entresello. Finalmente, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil quince (foja 14); en consecuencia, con el objeto de que las partes tengan conocimiento de dichas constancias con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se deja sin efecto dicha hora y fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B Vista la certificación de cuenta y estado procesal que guardan los autos, se advierte que el tercero interesado Eduardo Zárate Díaz, no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en el plazo de tres días, como se le indicó en proveído de veintidós de septiembre del año en curso (fojas 14 y 15); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno al tercero referido; por lo que, practíquense sus notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA VI B Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Procurador General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General, con los que se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tiene como delegados del Director de Asuntos Jurídicos en representación del Procurador General de Justicia del Estado, a las personas que menciona.
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