Bernardino Aparicio Hernandez

Expediente 792/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
792/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Bernardino Aparicio Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...REQUIERASELE PARA QUE EN EL TERMINO DE NOVENTA DIAS COMPAREZCA A RECOGER DICHOS DOCUMENTOS,...

  2. Principal

    Desahogo de Prevención Visto el escrito de cuenta signado por Bernardino Aparicio Hernández, en su carácter de Presidente de "FRENTE DE TRANSPORTES BENITO JUÁREZ XALOSTOC LA MESA" Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de junio del año en curso, en los siguientes términos: "1. Respecto de la Autoridad señalada como Responsable, esto es, el Gobierno del Estado de México, quien publico el día 21 de diciembre de 2015 en su Gaceta el Decreto número 55, en la cual estableció diversas reformas a la Ley de Movilidad del Estado de México, ME DESISTO. Pues si bien es cierto, publicó dicho Decreto, también lo es, que proveyó su cumplimiento, solo que la Secretaria de Movilidad y el H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, ambos del Estado de México, no dan cumplimiento. 2. De la Secretaria de Movilidad del Estado de México, RECLAMO los Operativos que realiza a través del Personal de Servicios Públicos, dependiente de dicho Organismo, esto en Ejecución de las Reformas a la Ley de Movilidad del Estado de México, pero sin prever los mecanismos para su cumplimiento por parte del Particular. 3. En su Carácter de Omisora del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, RECLAMO el contenido del Escrito de fecha 17 de mayo de 2019 y Entregado al Peticionario el día 5 de junio de 2019, en la que me informa la Autoridad señalada como Responsable que el Gobierno Municipal no ha Puesto en Marcha un Programa para las Empresas de Transporte Publico. Luego entonces hasta cuando, toda vez que el DECRETO 55, de donde emanan las Reformas que se Reclaman mal Aplicadas, fue publicado el 21 de diciembre de 2015, esto es, tiene 3 años y 7 meses, sin que el particular como lo es mi caso personal pueda Legalizarse totalmente, por falta de voluntad por parte del Gobierno Municipal, violando flagrantemente lo dispuesto en el artículo 9, Fracción XI, Coordinarse con la Secretaría y con otros municipios de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. Esto reza el referido numeral de la Ley de Movilidad del Estado de México. Por ello específicamente lo que se Reclama al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo es el contenido del Escrito de fecha 17 de mayo de 2019 y Entregado al Peticionario el día 5 de junio de 2019." En consecuencia, se tiene por desahogada en tiempo y forma dicha prevención, por lo tanto al efecto se acuerda: Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, y por lo que hace al acto que reclama del Gobierno del Estado de México, es de señalar que el quejoso se desiste; en consecuencia, toda vez que el suscrito no duda de la autenticidad de la promoción de cuenta, es por eso que se considera que consiente los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por ello, con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA INTENTADA, únicamente respecto de la autoridad antes referida. Ahora, por lo que respecta al acto reclamado a la Secretaria de Movilidad del Estado de México, se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley,26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello es así, porque el quejoso reclama de la autoridad señalada como responsable los supuestos operativos para retener vehículos, que realiza a través del personal de servicios públicos, dependiente de dicha Secretaría, sin embargo, del contenido de los antecedentes del acto reclamado, se observa que a la fecha de la presentación de la demanda no existe una retención del vehículo propiedad del quejoso ni de quien representa, pues así se deduce de sus propias afirmaciones en las que precisa que: ".con el riesgo de que personal de que SERVICIO PÚBLICO nos detenga y remita NUESTROS VEHICULOS Y LOS REMITA LA DEPOSITO DE VEHICULOS." (sic) De lo descrito se observa, que el quejoso en ningún momento refiere que haya sido objeto por parte de algún operativo, y que con motivo del mismo existiera la amenaza real e inminente de ser despojado de su vehículo; de esta forma, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación solo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Ahora bien, por lo que hace al acto que reclama del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En principio, el aquí quejoso señala en lo que interesa, como acto reclamado el contenido del oficio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en el que le informa que el Gobierno Municipal no ha puesto en marcha un programa para las empresas de transporte público. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Como se advierte, el precepto constitucional es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: 1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. 3. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por su parte, la Ley de Amparo establece respecto al tema que nos ocupa, lo siguiente: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. III. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. IV. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. V. Actos o resoluciones respecto de los cuales se encuentre previsto un recurso o medio de defensa en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, a fin de verificar si se cumplen con los requisitos señalados con anterioridad, resulta conveniente señalar que el acto que aquí reclama la parte quejosa esencialmente consiste en el contenido del oficio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en el que le informa que el Gobierno Municipal no ha puesto en marcha un programa para las empresas de transporte público. Precisado el acto reclamado, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; se advierte que los actos reclamados provienen de la Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos; quien es autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso a estudio, el quejoso tiene a su disposición en forma optativa el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que disponen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." Del análisis de los artículos anteriormente reproducidos, se observa que la interposición del recurso administrativo de inconformidad ante las autoridades responsables a quienes atribuye el acto reclamado es optativo; sin embargo, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo procede previo a la interposición del juicio de amparo. Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; también se encuentran satisfechos. En el caso particular, el acto reclamado puede ser suspendido, de conformidad con el precepto 194 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se aprecia que ahora, para obtener la suspensión del acto combatido a través del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo, no prevé mayores requisitos a los que exige la Ley de Amparo. Al caso, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), con número de registro 2003858 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI, junio de 2013, tomo 1, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.II.A. J/3 A (10a), número de registro 2010436, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Décima Época, pagina 2936, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra los actos reclamados, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que la inconforme estuvo en aptitud de hacer valer los aludidos medios de defensa contra el acto reclamado. Por ello, si tales medios de impugnación no se intentaron por el quejoso, antes de promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio, pues en el caso particular la quejosa, no se ostenta como tercera extraña a juicio. Asimismo, como se evidenció en párrafos que anteceden, la ley que rige los actos no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución. Del mismo modo, los actos reclamados no importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República, pues como los actos son meramente de carácter administrativo, como se precisó en párrafos anteriores. También, en la especie no se impugna una ley que se estime inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación, lo que se evidencia con la descripción de los actos reclamados en el apartado correspondiente. A su vez, los actos reclamados no se trata de aquellos que importen peligro de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo que se advierte de la precisión de los acto reclamados que se hizo en párrafos que anteceden. Ahora, respecto de los actos que reclama, como quedó demostrado en párrafos que anteceden, la ley que los rige sí prevé la suspensión de la ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis II.1o.3 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, Décima Época, Registro 2007835, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Común, Administrativa, consultable en la página 2886, que a la letra dice: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad." Por tanto, como anticipadamente se mencionó, y atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracciones XII y XX, de la Ley de Amparo, por lo que hace a las autoridades Secretaria de Movilidad del Estado de México y Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías promovida por Bernardino Aparicio Hernández, en su carácter de Presidente de "FRENTE DE TRANSPORTES BENITO JUÁREZ XALOSTOC LA MESA", Sociedad Anónima de Capital Variable, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Domicilio de la parte quejosa Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo...MESA 2

  3. Principal

    SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA POR EL TERMINO DE CINCO DIAS PARA QUE DESAHOGUE LOS CITADOS REQUERIMIENTOS... APERCIBIDA...MESA: 2

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