Bernarda Molina de la Cruz

Expediente 153/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
153/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • Bernarda Molina de la Cruz
  • Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, Con Residencia En Zihuatanejo, Guerero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta el oficio suscrito por el Secretario de Estudio y Cuenta Habilitado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, como Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, a través del cual, este último acusa recibo del oficio número 12315/2018, por el que se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Bernarda Molina de la Cruz, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA: Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: ".Las infundadas determinaciones emitidas en sus acuerdos TERCERO Y CUARTO, del acta de audiencia de fecha VEINTIDÓS de enero de dos mil dieciocho, desahogada dentro del expediente agrario número T.U.A. 52-0362/2015, misma que resulta ser inconstitucional toda vez que viola en perjuicio de la suscrita las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, pues la autoridad señalada como responsable primeramente niega otorgarle valor probatorio al certificado médico exhibido por mi asesor jurídico, para efectos de justificar la inasistencia de la suscrita al desahogo de la audiencia de ley que se tenía programada, ello por la simple manifestación dolosa realizada por el tercero perjudicado previamente aleccionado por su asesor legal, en segundo lugar; la responsable determina al libre arbitrio desahogar el presente procedimiento única y exclusivamente, lo relativo a la acción que hizo valer el hoy tercero perjudicado ORLANDO LONGARES AYVAR, sin habérseme otorgado el derecho a ser oída y vencida en juicio, ya que la suscrita tengo 71 años, y por mi edad avanzada, soy más propensa a sufrir fracturas, caídas, mareos y fatiga, y demás padecimiento que con la edad se hacen presentes, lo cual me imposibilita el traslado de un lugar a otro y por periodos largar (sic) de viaje." SEGUNDO. Trámite de juicio de amparo. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 153/2018, y se formuló una prevención, la cual luego de ser desahogada favorablemente, por auto de veintiséis de febrero siguiente se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y en su oportunidad se proveyó sobre la notificación de lo anterior a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una determinación adoptada dentro de un juicio agrario tramitado ante un tribunal de esa índole con residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito; que se reputa como de aquellos que son de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, como parte demandada en el juicio agrario T.U.A. 52-0362/2015, reclama de la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, la determinación contenida en los apartados identificados como tercero y cuarto del acta de audiencia de veintidós de enero del año en curso, en la que no se estimó apto el documento exhibido para justificar la inasistencia de Bernarda Molina de la Cruz a la aludida audiencia y en consecuencia se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en diversa diligencia de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que no se le tuvo por formulada la reconvención hecha valer contra el actor Orlando Longares Ayvar, continuándose con la secuela del procedimiento única y exclusivamente por cuanto hace a la acción principal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su informe justificado por conducto del Secretario de Acuerdos adscrito a dicho tribunal, reconoció la existencia del acto reclamado; lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º; lo que se robustece con las copias certificadas del juicio agrario T.U.A. 52-0362/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo en cita. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, se advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de garantías no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa del acto reclamado. En efecto dicha porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Conforme a la aludida fracción XIV, del indicado numeral 61 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos, y por ende, el juicio de garantías que se inste con posterioridad se reputa como improcedente. En este punto es importante señalar que la parte quejosa refirió bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, cuando por vía telefónica le informó sobre el particular su abogado, y que corresponde a la data en que se emitieron las determinaciones contenidas en el acta de audiencia de esa misma fecha. Asimismo, destaca que en el registro de asistencia de la audiencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se hizo constar la inasistencia de la quejosa, pero la comparecencia de Moisés Alejandro Giles López, profesionista adscrito a la Procuraduría Agraria del Estado, quien fue designado como su representante legal en el juicio agrario T.U.A. 52-0362/2015, en el escrito de contestación de demanda, cuya personalidad se le reconoció en diligencias anteriores. De ese modo, es inconcuso que la notificación de las determinaciones adoptadas en los apartados tercero y cuarto del acta de la diligencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho efectuadas a la parte quejosa por conducto de quien compareció en su representación, surtió plenamente sus efectos en ese momento, conforme a lo dispuesto por los artículos 173, último párrafo; y 185, fracción V, de la Ley Agraria, que establecen: "Artículo 173.- Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el lugar donde se encuentre. (.) Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios, en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo, o las oficinas de la autoridad municipal del lugar en que vivan, para que en ese lugar se practiquen las notificaciones que deban ser personales, las que, en caso de que no esté presente el interesado o su representante, se harán por instructivo. En este caso, las notificaciones personales así practicadas surtirán efectos legales plenos." "Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: (.) VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla." Entonces, si conforme a la citada legislación la notificación del acto reclamado surtió sus efectos plenamente en el momento en que se emitieron en la propia audiencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho por conducto de quien compareció en representación de la quejosa, de ello se sigue que el cómputo del plazo de quince días con que disponía la parte quejosa debe comenzar a contarse a partir del día siguiente, como lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía la parte quejosa transcurrió del veintitrés de enero al trece de febrero de dos mil dieciocho, descontándose los días veintisiete y veintiocho de enero, así como los días tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero anterior, por ser inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en exceso en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de garantías fue presentada el catorce de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que cabe concluir que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado; de ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XIV del numeral 61, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido que el invocado artículo 17, en su fracción III, señala una hipótesis de excepción en la que el plazo para promover la demanda de amparo será de siete años en tratándose de "actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados"; sin embargo, en el caso, la determinación contra la que se instó la acción constitucional no tiene el alcance precisado en la porción normativa en cita por ser una cuestión meramente procedimental. Así, las circunstancias reseñadas con antelación hacen indudable la conclusión de que, como se señaló en líneas procedentes, el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en perjuicio de la parte quejosa al haber transcurrido el término genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover su demanda de garantías contra un acto emanado dentro del procedimiento agrario incoado en su contra, aunado a que el reconocimiento del derecho humano a un recurso sencillo y efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica desconocer los requisitos de procedencia que impone el orden jurídico interno para hacer uso de tales medios de defensa, ya que dicho precepto sólo contiene un principio general, cuyas posibilidades habrán de articularse en el sistema constitucional legal, en el que se garantizará su decisión a cargo de la autoridad competente y, por tanto, se tendrá que remitir al sistema jurídico en el cual se pretende hacer valer el derecho a la revisión para valorar si en el caso concreto procede dicho recurso. Son aplicables por las razones que las informan, las tesis asiladas números: 1a. CCLXXV/2012 (10a.), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1; la número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1753, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, y la número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2066, del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3; todas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra señalan: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." y "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 153/2018, promovido por Bernarda Molina de la Cruz, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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