Bernarda Gonzalez Tovar

Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
26/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Bernarda Gonzalez Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. ... archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. ... se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica... Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con el acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el presente juicio, consistente en la omisión de dictar laudo en el procedimiento laboral 1250/16, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de un acto intermedio en el juicio que no es de aquellos denominados de imposible reparación, por las consideraciones que a continuación se exponen. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas, para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un sólo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto." Asentado lo anterior, se atiende al supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa misma línea argumentativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10ª.), estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Asimismo, determinó que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, es indudable para este órgano jurisdiccional que el acto que en esta vía se reclama no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: ... La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Este juzgado no advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que de las constancias que obran en autos se advierte que la Junta responsable mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, admitió las pruebas ofrecidas por las partes, en el procedimiento laboral 1250/16, mismas que no se requirió su desahogó dado a su naturaleza, por lo que en el mismo auto se otorgó a las partes el término de dos días para formular por escrito sus alegatos y del oficio remitido por la autoridad oficiante, se advierte que se encuentra pendiente por notificar de dicho acuerdo al demandado AFORE XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que, a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de enero de dos mil dieciocho) no se reunían los presupuestos procesales necesarios para que la responsable dictara laudo en el procedimiento laboral 1250/16. Por lo anterior, es dable concluir que si la parte promovente señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el procedimiento laboral 1250/16, y mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, en el procedimiento laboral 1250/16, mismas que no se requirió su desahogó dado a su naturaleza, por lo que en el mismo auto se otorgó a las partes el término de dos días para formular por escrito sus alegatos y de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que se encuentra pendiente por notificar de dicho acuerdo al demandado AFORE XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que, a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de enero de dos mil dieciocho), no se advierte una abierta dilación procesal que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. ... Consecuentemente, hay condiciones que son aplicables para determinar la razonabilidad de considerar una abierta dilación procesal o su paralización total, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico y riguroso para el cumplimiento de la obligación de las autoridades jurisdiccionales para acordar promociones o proseguir en tiempo con el juicio, que atienden a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su solicitud, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable". Esto es, la dilación o retraso por sí mismos de plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo no significa una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en la medida que estos últimos conceptos entrañan, el primero, un plazo muy prolongado o extendido de inactividad jurisdiccional y, el segundo, la suspensión general o sistemática del juicio pues, en esos casos el amparo indirecto será procedente en términos de la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes. Cabe destacar que considerar lo contrario tendría el pernicioso efecto de agravar la situación de los justiciables que presentaron sus demandas laborales antes que la parte quejosa y que no han promovido amparo, pues al cumplir el órgano jurisdiccional con la ejecutoria que concede la protección federal para observar en el procedimiento de la parte quejosa los términos y plazos establecidos en la ley, los procedimientos de aquellos quedarían aún más rezagados y ninguna concesión de amparo puede tener tal efecto. Por tanto, el juicio de amparo es notoriamente improcedente al no producir los actos reclamados una abierta dilación procesal que cause una afectación a derechos sustantivos, ya que no se impide al quejoso de ninguna forma el ejercicio de un derecho, pues se trata de cuestiones que, en su caso, únicamente producirían una lesión de carácter formal o adjetivo, es decir, no es de ejecución irreparable, por lo que no se está en el caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de dicho ordenamiento, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo. ... No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que se actualiza la causal de improcedencia de referencia; por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, ya que informa lo ahí solicitado; por tal motivo, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho oficio para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, y a efecto de mejor proveer en el presente juicio, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, cumpla lo siguiente: Informe si las partes desahogaron la vista ordenada en auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete y en caso afirmativo remita el acuerdo recaído al mismo en el juicio laboral ********************; Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento sin causa justificada en el término concedido, se le impondrá multa equivalente a CIENTO CINCUENTA unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por los ordinales 237, fracción I y 258 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para hoy, y se señalan en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO para su desahogo. Notifíquese.

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