Bernard Dante García Cid

Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
637/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Bernard Dante García Cid

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de diez de septiembre del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa el mismo catalogado como "no original"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por el promovente del amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de diecinueve de agosto del año en curso. En ese sentido, vista la demanda y escrito aclaratorio presentados por *****, por derecho propio, contra actos del Juez Sexto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México; por violación a los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, visto el contenido de la demanda de mérito, así como de su escrito aclaratorio, la misma debe desecharse, ello en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. Se arriba a la conclusión anterior, dado que de su estudio integral, se advierte que los actos reclamados por el inconforme se hacen consistir en lo siguiente: El auto de siete de julio del año en curso, emitido en el juicio oral mercantil expediente **** del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ****, en contra de ***** -aquí quejoso-. Cabe precisar que en el proveído de referencia el juez responsable ordenó al inconforme, para que en el término de cinco días diera cumplimiento voluntario al convenio celebrado por las partes, esto es, realizara el pago de la cantidad de ****, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se dictaría auto de ejecución en su contra. Bien, de los antecedentes narrados anteriormente, así como de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad, se deduce lo siguiente: La promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandado. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución de convenio. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: - IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así como la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, a página 31 que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Sentado lo procedente, en la especie el acto reclamado consistente en el auto a través del cual se requiere al quejoso a efecto de que diera cumplimiento voluntario al convenio suscrito por los contendientes en el sumario natural, esto es, realizara el pago voluntario de la cantidad de $280,068.93 (doscientos ochenta mil sesenta y ocho pesos 93/100 moneda nacional), con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se dictaría auto de ejecución en su contra, no encuadra en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no es de naturaleza autónoma, ni afecta derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, la promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en el convenio celebrado, por lo cual el acto reclamado constituye una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el amparo indirecto sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, el inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir a trámite la demanda de que se trata, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la conclusión aquí alcanzada; esto es, que el acto combatido no es el último en ejecución de convenio, lo que es notorio y manifiesto para este órgano jurisdiccional, derivado de las alegaciones realizadas bajo protesta de decir verdad -lo cual crea certeza en este juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual informa que acudió al domicilio procesal señalado por la parte quejosa -sito en ***** con el fin de notificarle el auto de diecinueve de agosto del año en curso; sin embargo, no le fue posible realizar la diligencia encomendada por los motivos que refiere; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que mediante comparecencia de tres de septiembre del año en curso, se notificó al inconforme el proveído de que se trata a través de persona autorizada para tal efecto. Al margen de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario judicial que corresponda, para que realice a la parte promovente del amparo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto la parte inconforme señale nuevo domicilio para tal efecto. No pasa desapercibido, que en la comparecencia de tres de septiembre del año en curso, el autorizado de la quejosa señaló un nuevo domicilio para tal efecto, empero dicha persona carece de facultades para ello ya que solo se le tuvo por autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, no así en amplios términos. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte inconforme.

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