Bernabé Sotelo Salinas
Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bernabé Sotelo Salinas
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, toda vez que en proveído del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, devolviendo diligenciado el exhorto 553/2023, orden 792/2023 y se acordó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, devolviendo diligenciado el exhorto 553/2023, orden 792/2023. Háganse las anotaciones correspondientes; sin que sea necesario emitir acuse de recibo, toda vez que lo generó el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al momento de su envío. Atento a lo anterior, se tiene por notificado al quejoso ***, del proveído el veinticinco de mayo pasado. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, acusando recibo del oficio 5485/2023 de nuestro índice, mediante el cual se le remitieron los originales del juicio de amparo citado al rubro, asimismo, informa que acepta la competencia declinada por este órgano de control constitucional; por tanto, archívese como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los seis meses a que alude el ordinal 20 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula la tarjeta informativa respectiva. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio y la boleta de turno que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al que se encuentra anexo el escrito de demanda promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila" y otras autoridades, regístrese bajo el número 167/2023-II y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, de la demanda se advierte que el quejoso señala como actos reclamados omisiones por parte de las autoridades responsables de dar contestación a diversas solicitudes administrativas de atención médica, así como de canalizarlo al área especializada de psiquiatría. En la especie, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. En efecto, competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano jurisdiccional para que conozca determinados asuntos dentro de los límites que la propia legislación determina y es un presupuesto procesal básico para poder ejercer jurisdicción y estar en aptitud de realizar cualquier otro acto procesal; por tanto, para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que al hallarse éste dentro de la órbita de su jurisdicción, el establecimiento le reserve su conocimiento, con preferencia respecto de los demás jueces o tribunales. Orienta sobre el particular, el criterio emitido en la tesis I.1o.A.44, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 189167, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO". En ese sentido, se precisa que el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé los supuestos de competencia de los jueces de distrito, y del análisis de dicho precepto se observan tres reglas básicas para determinarla. En el caso, se actualiza el primer supuesto contenido en la referida porción normativa, que establece que la competencia recae en el juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, y en lo particular, los actos que se combaten consisten en omisiones por parte de las autoridades responsables de dar contestación a diversas solicitudes administrativas de atención médica del quejoso, así como de canalizarlo al área especializada de psiquiatría. Ahora, del análisis de la demanda se visualiza que el promovente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila" y atribuye los actos indicados en el párrafo que precede a autoridades que tienen su domicilio en dicho centro de reclusión, esto es, fuera la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que de llevarse a cabo la materialización de dichos actos, ésta se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este juzgado, pues es evidente, tal como lo plantea el impetrante, que la ejecución atribuida a las responsables, cobrará vigencia en el territorio en el que las autoridades tienen su asiento, pues es ahí donde se encuentra recluido el quejoso, no así en el que este órgano tiene competencia. Por lo que, si el quejoso se encuentra recluido en el citado centro penitenciario, es inconcuso que aun cuando haya señalado como actos reclamados diversas omisiones, los mismos tienen efectos positivos ya que derivan de la falta de proporcionarle atención médica, pues lo que pretende el impetrante al promover el amparo es tener ese derecho, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su estado de salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentra interno. En esas condiciones, al tratarse de actos que generan una ejecución peculiar, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. Al respecto, resulta aplicable la tesis II.2o.P.16 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2093, Tomo III, Julio de 2016, Libro 32, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2012019, de epígrafe: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO". En ese sentido, si el promovente señala como responsables a autoridades que tienen su domicilio en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila"; lugar en el que se encuentra interno el quejoso, luego, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio, el juez de distrito en cuya jurisdicción estén ubicadas las autoridades responsables, y se encuentra el propio impetrante; entonces, al no encontrarse facultadas las autoridades ejecutoras para ejercer su imperio dentro de la circunscripción de este juzgado federal, se estima que resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el municipio de Ramos Arizpe, lugar donde se encuentra recluido el quejoso. En consecuencia, es evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; por tanto, en términos del Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda en cuestión y se ordena la remisión de los autos al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en esa residencia, a fin de que decida si acepta o no la competencia planteada. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el promovente haya señalado como autoridad responsable al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, toda vez que, conforme a lo acordado en líneas que anteceden, se advierte que los actos se ejecutarán en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido. Fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila", con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro carcelario y notifique este proveído al quejoso ***, entregándole copia de éste, tal como lo solicitó. Se le faculta para que habilite horas y días inhábiles para la realización de la diligencia encomendada y haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación correspondiente. Hecho lo anterior, tenga a bien devolver las constancias que acrediten su diligenciación. Notifíquese por lista electrónica y vía exhorto al promovente.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Marisol Reyes Gómez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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