Bernabe Galvez Carrasco
Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bernabe Galvez Carrasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 483/2023, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el día siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Gobernadora del estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo). Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo). Congreso del Estado de Guerrero. Residentes en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "A La primera responsable se reclama: LA OMISION DE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y HACER EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA DEMANDADA Y VINCULADAS SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO en términos de los artículos 125 y 138 de dicha ley de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la segunda, tercera y cuarta responsables se reclama: LA OMISION INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO, EN LOS TERMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR LA PRIMERA RESPONSABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y Ias garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 483/2023, se admitió a trámite la misma, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: A la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado reclama: La omisión de acordar la promoción de quince de diciembre de dos mil veintidós exhibida el dieciséis del mismo mes y año, ante la responsable, en el expediente laboral ********************, en la que se solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos que le fueron fijados a la autoridad vinculada. A la a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del Estado y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, les reclama: La omisión de cumplir con el laudo en los términos en que les fue requerido en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En esa tesitura, se tiene, que el acto reclamado consistente en la omisión de cumplir con el laudo en los términos en que les fue requerido en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, que le fue atribuido a la Gobernadora del Estado de Guerrero, al Congreso del Estado y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, resulta inexistente al momento de presentar la demanda de amparo, como a continuación se explicará. Resulta pertinente señalar que la certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, resultan de los elementos y datos que arrojan las constancias de autos, mismos que, en el caso que se analiza no se advierten, esto es, en el expediente en que se actúa, no existe medio de convicción del que se pueda observar la existencia del referido acto reclamado. También debe precisarse que en el caso, corresponde al peticionario del amparo la carga de la prueba, que tienda a demostrar ya sea directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y justificar que es inconstitucional, tal y como quedó sustentado en la Jurisprudencia VI.2º.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." A efecto de demostrar lo sostenido por este juzgado, es pertinente señalar el contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El numeral en comento, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, hace procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo. Una vez realizada la anterior acotación, es de indicarse que obra en autos las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en diversas copias certificadas del expediente laboral ********************, a las que se les otorga valor probatorio en términos con antelación, de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, lo siguiente: Que obra el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, (fojas 530 y 531 del tomo de prueba), en el que se vinculó al cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado de Guerrero. Se advierte también las constancias en comento que dicho acuerdo fue notificado a la Gobernadora, al Secretario de Finanzas y Administración y al Congreso, todos del Estado de Guerrero, el quince y trece de junio de dos mil veintitrés (fojas 131, 132 y 133 de autos), respectivamente; notificación con la que se les hizo saber que se les vinculó al cumplimiento del laudo emitido en el expediente laboral número ********************, y se les requiere para que acaten el mismo en los términos que les fue requerido. Lo anterior se traduce en la inexistencia del acto omisivo que se les reclama, en el sentido de que habían sido omisas en cumplir con el fallo definitivo dictado en el mencionado expediente laboral, toda vez que al momento de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de abril de dos mil veintitrés), la omisión que les reclamó la parte quejosa era inexistente, debido a que, las autoridades responsables de mérito en esa data aún no habían sido requeridas para que cumplieran con el laudo, ya que ello aconteció hasta el quince y trece de junio de dos mil veintitrés. La determinación de inexistencia del acto reclamado, encuentra sustento en el criterio de la Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible en la página 273, del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, respecto del reclamo efectuado a las autoridades responsables denominadas Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresaron el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de acordar la promoción de quince de diciembre de dos mil veintidós exhibida el dieciséis del mismo mes y año, ante la responsable, en el expediente laboral ********************, en la que se solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos que le fueron fijados a la autoridad vinculada, pues así lo admitió al rendir su informe justificado la Presidenta de dicho órgano de justicia laboral; certeza, que se corrobora con las copias fotostáticas certificada que allegó a los presentes autos, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. QUINTO. Al no haberse hecho valer ninguna causa de improcedencia del juicio respecto del acto antes referido ni advertirse de oficio por parte de quien esto juzga, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz de los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa. Como conceptos de violación, la parte impetrante de amparo expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda y de ampliación, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El peticionario de amparo se duele de la inactividad procesal en que incurre la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, al no acordar la promoción de quince de diciembre de dos mil veintidós exhibida el dieciséis del mismo mes y año, ante la responsable, en el expediente laboral ********************, en la que se solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos que le fueron fijados a la autoridad vinculada. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del examen del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa solicitó mediante escrito de quince de diciembre de dos mil veintidós exhibida el dieciséis del mismo mes y año, ante la responsable, en el expediente laboral ********************, en la que se solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos que le fueron fijados a la autoridad vinculada, sin que haya proveído al respecto, incurriendo así, en una dilación que sin lugar a dudas repercute en las demás etapas del procedimiento al existir una abierta paralización del procedimiento de ejecución del laudo, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo parágrafo del precepto 17 Constitucional, que establece: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que estos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. En efecto, el precepto en análisis pertenece a la especie de los derechos humanos de justicia pronta, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. A lo anterior le es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte el numeral 91, de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece los términos y plazos para la tramitación del procedimiento laboral burocrático estatal, el cual dispone lo siguiente: "ARTICULO 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." De la transcripción anterior se advierte que la autoridad laboral está obligada a proveer respecto de las peticiones formuladas por las partes, dentro de tres días siguientes a que reciba la promoción respectiva. Sin embargo, consta de los hechos de la demanda de amparo y de lo reconocido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado que recibió la promoción a que alude la parte quejosa, y que aún no acuerda la misma; circunstancia que, acontece hasta el momento del dictado de esta sentencia, pues no quedó de manifiesto que el citado órgano de justicia laboral ya hubiere acordado aquella. Todo lo anterior pone en evidencia que desde la fecha en que se presentó la promoción (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), a esta data, ha transcurrido más de siete meses, sin que exista constancia alguna con la que se acredite que la responsable de mérito hubiera emitido la determinación respectiva, lo que sin lugar a dudas hace patente la dilación en que ha incurrido la responsable, en el expediente de origen traducida en una abierta dilación procesal al no permitir la continuación del procedimiento de ejecución; acto omisivo que es inconstitucional, al contravenir en forma directa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inobservar la autoridad de mérito los plazos y términos que fija el mencionado numeral 91, de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Por último, se omite estudiar los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación y del tercero interesado, debido a que aquellos no forman parte de la litis del juicio de amparo, además que no propuso alguna causal de sobreseimiento respecto del acto de autoridad antes analizado, que obligara a este juzgador a realizar su estudio. Al respecto es aplicable por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Página 1534, que dice: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede otorgar la protección federal solicitada, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, para el efecto siguiente: Dentro del plazo establecido en el artículo 91, de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, emita el acuerdo respectivo a la promoción que le fue presentada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************. Notifique el acuerdo que dicte en cumplimiento al punto que antecede, a las partes. SÉPTIMO. Atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, el veintiuno del mes y año antes referido, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 63, fracción IV, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido ********************por conducto de su apoderado legal ********************, respecto del acto reclamado a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo razonado en el considerando quinto y para los efectos señalados en el sexto punto considerativo de esta resolución. TERCERO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando séptimo de esta sentencia.
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Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por Marco Antonio Alcocer Hernández, Delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero en su (carácter de vinculada al cumplimiento del laudo), con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, se le tiene desahogado el requerimiento formulado en auto de dieciséis de mayo del año en curso, y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas. Con las constancias antes referidas, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes procesales para que se de ser su intención, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES."
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Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa y la certificación que antecede, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud de que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo), para que remitiera las constancias relativas a los decretos 187, 435, 434, 432, 254, 248, 224, 222 y 184, emitidos por dicha responsable, sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero (en su carácter de vinculada al cumplimiento del laudo), por conducto de su Presidenta para que dentro del término de tres días siguientes en que reciba la notificación del presente proveído, remita las constancias aludidas en párrafo que precede. Apercibida que, de no hacerlo, se le hará efectiva la medida de apremio señalada en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para este día, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.
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Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por Dulce María Espinoza Domínguez, en su carácter de Síndica Procuradora y Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, Guerrero, personalidad que acredita con la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección del Ayuntamiento citado, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5º de la Ley de Amparo, se le tiene apersonada al presente juicio. Asimismo, se le tienen designados como delegados a las personas que refiere como autorizados, ello, en términos de lo que establecen los artículo 9 y 10 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio de Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Materia Común, Página 478, de rubro siguiente: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN." De igual manera como lo solicita, se tiene como domicilio en términos del numeral 28, fracción I, de la ley de la materia, el ubicado en cerrada de los Gobernadores número 4, colonia la virgen, en esta ciudad. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de la Materia, se tienen ofrecidas como pruebas las documentales que anexa a su escrito de cuenta, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que serán relacionadas el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional y por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, sin perjuicio de que sean analizadas al resolver el presente juicio.
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