Bernabe Castillo Salcedo
Expediente 116/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Bernabe Castillo Salcedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de abril del año en curso, dentro del recurso de queja administrativa 35/2018, relativo al juicio de amparo indirecto 116/2018-1A, promovido por BERNABE CASTILLO SALCEDO, por conducto de su representante legal José Elías Canchola Soto, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Por lo que hace a la materia del recurso de queja administrativa, se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja". Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo que desechó de plano la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibido por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta enviado por la Actuaria Judicial Federal adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto por BERNABE CASTILLO SALCEDO, por conducto de su apoderado legal, en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo, formándose el expediente correspondiente bajo el número de recurso de queja administrativa 35/2018; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado vía electrónica por José Elías Canchola Soto, en su calidad de representante legal de la moral quejosa "BERNABE CASTILLO SALCEDO", mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; por tanto, remítase el escrito original de agravios, copia certificada del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto recurrido, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta identificado con número de folio 1560, que presenta vía electrónica José Elías Canchola Soto, en su calidad de representante legal de la moral quejosa "BERNABE CASTILLO SALCEDO", mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO Vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada vía electrónica por "BERNABE CASTILLO SALCEDO", por conducto de su representante legal José Elías Canchola Soto, contra actos de las autoridades responsables que precisa en dicho escrito inicial de demanda. Ahora, derivado de un análisis integral del escrito petitorio de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Del estudio efectuado al ocurso de cuenta, se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado destacado la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan en especificó los artículos 13, último párrafo, de forma integral con el artículo 127 y los artículos 24, fracción XXVI, y 134-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con motivo de su entrada en vigor. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, respecto de los actos atribuidos a la autoridad señalada como responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues los preceptos normativos combatidos a la presentación de la demanda, no le ocasionan a la parte quejosa un agravio personal y directo en su esfera de derechos, ello de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la citada Ley Federal de Protección al Consumidor. El precepto de referencia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En efecto, el interés jurídico o legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de sus derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular, en su caso que exista un acto de aplicación en contra de una norma de carácter general posterior a su vigencia. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional solo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Tratándose de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: 1. Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna, y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis previstas en el aludido precepto. 2. Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Precisado lo anterior, resulta importante recordar que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclama los artículos 13, último párrafo, de forma integral con el artículo 127 y los artículos 24, fracción XXVI, y 134-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales disponen: "Articulo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación. Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez. La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se considerará infracción de los proveedores de bienes, productos o servicios la consistente en obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las visitas de verificación, así como el procedimiento administrativo de ejecución que ordene la Procuraduría." "Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 QUATER, 87 BIS, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $488.74 a $1'563,957.06." "Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: [.] XXVI. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación, para el cobro de las multas que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, y." "Artículo 134 BIS. Las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas créditos fiscales y se ejecutarán por ésta en su carácter de autoridad fiscal bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. La Procuraduría deberá implementar mecanismos para el pago de multas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Cuando el infractor pague las multas impuestas dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, se aplicará una reducción de un cincuenta por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa." Dichos preceptos legales se combaten en su carácter de normas autoaplicativas, pues así lo refirió expresamente la parte quejosa en su escrito aclaratorio. En ese orden de ideas, no debe perderse de vista que dichas disposiciones normativas se refieren a las multas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor, con motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, previsto en su artículo 134, BIS. Expuesto lo anterior, este juzgado estima que los artículos en comento a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho) no le causan un agravio directo que afecte los intereses de la parte quejosa, pues no se encuentra actualizado el supuesto material y jurídico bajo el cual hace depender la reclamación de las porciones normativas en cuestión, es decir, que haya entrado en vigor la disposición normativa que faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para preparar el procedimiento administrativo de ejecución a efecto de imponer las multas que considere imponer, y para corroborar tal aserto, se tiene que el cuarto transitorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece: "Cuarto. El procedimiento administrativo de ejecución a que hace referencia el artículo 134 Bis entrará en vigor a los 180 días siguientes, contados a partir de que se encuentre vigente el presente Decreto." Lo anterior evidencia que los citados artículos impugnados como un sistema normativo complejo (disposiciones legales que guardan una íntima relación entre sí) al constituir una unidad, por lo que se refiere al procedimiento administrativo de ejecución entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de que se encuentre vigente dicho decreto; luego, si la Ley se publicó el once de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho) no han transcurrido dicho término. De lo anterior se colige, que los preceptos legales que por esta vía se reclaman, a la fecha de la presentación de la demanda aún no se actualiza el supuesto jurídico para impugnarlos, tomando en cuenta que sus efectos de que se duele la parte quejosa se producirían hasta en tanto transcurra dicho plazo, pues sería hasta ese momento que resulta obligatoria para los gobernados. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia 1a./J. 2/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico suficiente para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." Así como la jurisprudencia 2a./J. 81/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto, siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. Cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligar a los particulares a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor." También, conviene al caso la tesis de la Octava Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Atento a lo expuesto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, Constitucional; en consecuencia, con fundamento en las fracciones aludidas en el párrafo precedente, en relación con el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por "BERNABE CASTILLO SALCEDO", por conducto de su representante legal José Elías Canchola Soto. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
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