Bernabé Altamirano Paulino

Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
104/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Bernabé Altamirano Paulino

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.104/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación que antecede, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Bernabé Altamirano Paulino, pudiera interponer recurso de queja contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. En virtud que en proveído de ocho de febrero se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes, según corresponda y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.104/2021-6*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio 465/2021, signado por la juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 25/2021 y de origen 21/2021 de este Juzgado. Lo anterior, toda vez que ese oficio se agregó el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 104/2021 6-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. 1. Devuelve despacho. Agréguese el oficio 465/2021, signado por la juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho con número de orden 25/2021 y de origen 21/2021 de este Juzgado, enviado a fin de notificar el auto de ocho del mes y año en curso al quejoso ***; ello, debido a que no se localizó al quejoso ni a sus autorizados en el domicilio ubicado en **** ya que no habitan ahí. En consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 1.1 Notificación por lista. En esas condiciones, debido a que el domicilio señalado para recibir notificaciones es inexacto; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de ocho de febrero de este año, así como las subsecuentes que correspondan a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto no designe nuevo domicilio para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe. Número de expediente: 104/2021 Acuerdo: PRAL. 104/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo recibida vía electrónica el cinco del mes y año en curso, promovida por el quejoso ***, contra actos del agente del Fiscal Investigador y otras autoridades; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 104/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la Ley de Amparo prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración y que se advierte de manera clara y directa; y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene certeza y plena convicción. En ese tenor, si bien existen diversas causas que generan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, con la finalidad de no tramitar un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales; por esa razón, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que lista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. - -- - - (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el numeral transcrito en último término, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley; de ahí que la promoción de la demanda de amparo corresponde al directo quejoso, o por conducto de su representante legal o apoderado, incluso, por cualquiera de las personas contempladas en la misma ley. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo, en lo sustancial, establece que las promociones en el juicio de amparo pueden efectuarse por escrito, de manera oral o en forma electrónica mediante el uso de la firma electrónica. En el caso, la demanda amparo fue presentada electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese tenor, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general 12/2020 que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la necesidad de emitir una normatividad que resultara más apremiante en el contexto de las medidas adoptadas frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2, pues la actuación mediante herramientas tecnológicas permite que la impartición de justicia a nivel federal continúe a gran escala, mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a esta contingencia. Dicho acuerdo general dispone el funcionamiento del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y cómo las partes podrán acceder a éste y, en lo sustancial, los numerales 10, 14, 16, 17 y 45 disponen lo siguiente: "Sección Primera Del Sistema Electrónico del PJF. Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Sección Segunda Del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Sección segunda De la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." (Lo resaltado es propio). De la normatividad transcrita se advierte que para acceder a los servicios que se prestan en el citado portal será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General antes señalado y se registren en el sistema; con excepción de los casos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales no es obligatorio contar con la firma antes mencionada. En el caso concreto, el quejoso ****o reclamó a las autoridades responsables lo siguiente: ..... Sin embargo, la demanda no contiene la firma electrónica, ni autógrafa del promovente; por lo cual, únicamente se trata de un documento digitalizado, esto es, una versión electrónica de un documento impreso que se reproduce mediante un procedimiento de escaneo; circunstancia que implica la ausencia de voluntad de la parte quejosa, en cualquiera de sus formas, para ejercer la acción de amparo, pues la demanda carece de autenticidad, al no poder establecerse de manera fehaciente que quien tiene la representación legal haya signado electrónicamente dicho documento. Sin que dicha irregularidad sea susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado electrónicamente, ni de forma autógrafa por la persona interesada, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad, pues al haberse optado por los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, se debe ajustar a los parámetros establecidos para su procedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2019, Décima Época, Registro 2019715, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En efecto, la promoción del amparo vía electrónica sin la firma electrónica de la parte promovente, o de quien legalmente lo represente, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de una prevención, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, al no apreciarse la voluntad del promovente de ejercer la acción constitucional. Entonces, si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita con firma autógrafa directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso, en el caso, por ****. Lo anterior no implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a las tecnologías de la información, pues si bien los mecanismos implementados tienen la finalidad de permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información para garantizar el acceso a la justicia de forma pronta, completa e imparcial, lo cierto es que ello no conlleva desconocer ni trastocar los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, como es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. En el caso, no se reclaman actos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sería una excepción para que no se adjunte la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica. De ahí que, se insiste, la demanda de amparo no actualiza excepción alguna para su promoción electrónica sin firma; porque si acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), entonces si decide hacerlo electrónicamente es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso ****, contra actos del agente del Fiscal Investigador y otras autoridades, por evidente y notoriamente improcedente, ante la ausencia de voluntad para ejercer la acción de amparo. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 324, Tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Domicilio y personas autorizadas. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando como domicilio el que indica en la demanda de amparo, en virtud que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en el entendido que se acordará lo conducente en el siguiente apartado de este acuerdo. Además, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo establecido en el diverso artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por no haberse encontrado registro de su cédula en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. 5. Forma de notificación y requerimiento de domicilio. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Avenida del Norte número 125A, Colonia Loma Linda, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, por única ocasión, con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho, por la vía más expedita, al juez Mixto de Primera Instancia, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, a fin de que: Notifique personalmente este auto, haciéndole entrega de la copia autorizada que, para tal efecto, se acompaña. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la requiera a fin de que en el acto de la notificación o bien, dentro del plazo de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez o en zona conurbada; apercibiéndole que de no hacerlo, sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 104/2021 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo recibida vía electrónica el cinco del mes y año en curso, promovida por el quejoso ***, contra actos del agente del Fiscal Investigador y otras autoridades; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 104/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la Ley de Amparo prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración y que se advierte de manera clara y directa; y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene certeza y plena convicción. En ese tenor, si bien existen diversas causas que generan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, con la finalidad de no tramitar un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales; por esa razón, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que lista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional; es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. - -- - - (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el numeral transcrito en último término, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley; de ahí que la promoción de la demanda de amparo corresponde al directo quejoso, o por conducto de su representante legal o apoderado, incluso, por cualquiera de las personas contempladas en la misma ley. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo, en lo sustancial, establece que las promociones en el juicio de amparo pueden efectuarse por escrito, de manera oral o en forma electrónica mediante el uso de la firma electrónica. En el caso, la demanda amparo fue presentada electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, que es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese tenor, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el acuerdo general 12/2020 que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la necesidad de emitir una normatividad que resultara más apremiante en el contexto de las medidas adoptadas frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2, pues la actuación mediante herramientas tecnológicas permite que la impartición de justicia a nivel federal continúe a gran escala, mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a esta contingencia. Dicho acuerdo general dispone el funcionamiento del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y cómo las partes podrán acceder a éste y, en lo sustancial, los numerales 10, 14, 16, 17 y 45 disponen lo siguiente: "Sección Primera Del Sistema Electrónico del PJF. Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Sección Segunda Del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Sección segunda De la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." (Lo resaltado es propio). De la normatividad transcrita se advierte que para acceder a los servicios que se prestan en el citado portal será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General antes señalado y se registren en el sistema; con excepción de los casos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales no es obligatorio contar con la firma antes mencionada. En el caso concreto, el quejoso ****o reclamó a las autoridades responsables lo siguiente: ..... Sin embargo, la demanda no contiene la firma electrónica, ni autógrafa del promovente; por lo cual, únicamente se trata de un documento digitalizado, esto es, una versión electrónica de un documento impreso que se reproduce mediante un procedimiento de escaneo; circunstancia que implica la ausencia de voluntad de la parte quejosa, en cualquiera de sus formas, para ejercer la acción de amparo, pues la demanda carece de autenticidad, al no poder establecerse de manera fehaciente que quien tiene la representación legal haya signado electrónicamente dicho documento. Sin que dicha irregularidad sea susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado electrónicamente, ni de forma autógrafa por la persona interesada, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad, pues al haberse optado por los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, se debe ajustar a los parámetros establecidos para su procedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Libro 65, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2019, Décima Época, Registro 2019715, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En efecto, la promoción del amparo vía electrónica sin la firma electrónica de la parte promovente, o de quien legalmente lo represente, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de una prevención, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, al no apreciarse la voluntad del promovente de ejercer la acción constitucional. Entonces, si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita con firma autógrafa directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso, en el caso, por ****. Lo anterior no implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a las tecnologías de la información, pues si bien los mecanismos implementados tienen la finalidad de permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información para garantizar el acceso a la justicia de forma pronta, completa e imparcial, lo cierto es que ello no conlleva desconocer ni trastocar los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, como es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente -salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. En el caso, no se reclaman actos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sería una excepción para que no se adjunte la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica. De ahí que, se insiste, la demanda de amparo no actualiza excepción alguna para su promoción electrónica sin firma; porque si acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), entonces si decide hacerlo electrónicamente es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso ****, contra actos del agente del Fiscal Investigador y otras autoridades, por evidente y notoriamente improcedente, ante la ausencia de voluntad para ejercer la acción de amparo. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 324, Tomo XXXI, enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Domicilio y personas autorizadas. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando como domicilio el que indica en la demanda de amparo, en virtud que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en el entendido que se acordará lo conducente en el siguiente apartado de este acuerdo. Además, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo establecido en el diverso artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por no haberse encontrado registro de su cédula en el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. 5. Forma de notificación y requerimiento de domicilio. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Avenida del Norte número 125A, Colonia Loma Linda, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, por única ocasión, con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho, por la vía más expedita, al juez Mixto de Primera Instancia, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, a fin de que: Notifique personalmente este auto, haciéndole entrega de la copia autorizada que, para tal efecto, se acompaña. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la requiera a fin de que en el acto de la notificación o bien, dentro del plazo de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca de Juárez o en zona conurbada; apercibiéndole que de no hacerlo, sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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