Berenie Morales Ortíz
Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Berenie Morales Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que el quejoso Ramiro Cedeño Mejía, no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ramiro Cedeño Mejía. 2) Sin embargo, la parte tercera interesada inconforme con la sentencia, interpuso recurso de revisión el cual fue admitido por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que mediante ejecutoria de trece de octubre de dos mil veintidós, dentro de la revisión civil 145/2022, resolvió: "... PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ramiro Cedeño Mejía, en contra del acto reclamado y autoridad que precisa quedó en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo e concede para el efecto precisado en el considerando octavo la sentencia recurrida". Por tanto, y toda vez que el Tribunal de Alzada, confirmó la sentencia definitiva de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso Ramiro Cedeño Mejía, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la audiencia de remate en tercera almoneda y adjudicación del inmueble ubicado en la calle Gabino Fraga, número ciento noventa, colonia doctor Miguel Silva, de esta ciudad; y, b) Llame como acreedor al quejoso y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, proceda como en derecho corresponda". 3) Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados. 4) Así, la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: Mediante oficio 2960/2022, fechado en la oficialía de partes de este juzgado federal el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, informó que mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la audiencia de remate y adjudicación, celebrada en su tercer almoneda en ocho de junio de dos mil veintiuno, respecto del inmueble ubicado en la calle Gabino Fraga, número ciento noventa, colonia doctor Miguel Silva, de esta ciudad, materia del juicio sumario civil 998/2018, asimismo, ordenó llamar a juicio como acreedor diverso a Ramiro Cedeño Mejía, para lo cual, mediante notificación personal requirió a la parte actora señalara domicilio del mismo. Por oficio 1064/2023, fechado en la oficialía de partes de este juzgado federal el dieciocho de abril de dos mil veintitrés remitió en copia certificada la notificación realizada al quejoso en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, respecto del auto de once de noviembre del mismo año. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el insubsistente la audiencia de remate y adjudicación, celebrada en su tercer almoneda en ocho de junio de dos mil veintiuno, respecto del inmueble ubicado en la calle Gabino Fraga, número ciento noventa, colonia doctor Miguel Silva, de esta ciudad, materia del juicio sumario civil 998/2018, ordenando llamar a juicio al acreedor, mediante notificación personal, la cual se materializó mediante constancia de notificación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, razones por las cuales se considera que en la especie la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida en su totalidad. En ese orden de ideas, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese con el oficio sin número signado por el Procurador de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, remite las constancias que le fueron solicitadas, con las cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, las documentales que acompaña al oficio de cuenta, consistente en copia certificada del expediente *************, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese con el oficio sin número signado por el Procurador de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de doce de los actuales, remite las constancias que le fueron solicitadas, con las cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, las documentales que acompaña al oficio de cuenta, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Por otra parte, de las constancias remitidas por el Procurador de Protección de Niñas Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana, con sede en esta ciudad, se advierte que se encuentra integrado un expediente ********************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada de la totalidad de las constancia del expediente ********************, o bien manifieste el impedimento con que cuente para hacerlo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K(10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Notifíquese.
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