Berenice Verdin Nazer
Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Berenice Verdin Nazer
- Juzgado Cuarto de Distrito En Laguna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la encargada de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. Acuerdo. Atento a su manifestación, dígase que se deja sin efectos el apercibimiento que se le realizó en proveído de uno de julio de este año, ya que resulta innecesario continuar con el mismo, debido a que se recibieron los acuses correspondientes a los oficios 17780/2021 y 17782/2021, dirigidos a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director General Del Periódico Oficial del Estado de Durango, Durango. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Juan Antonio Villegas Domínguez, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación Adscrito, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Berenice Verdín Názer, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, son los contenidos en el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, y por acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, se returno la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, por los motivos que en el auto se expusieron, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, fue admitida a trámite, al no admitir el Juez Homólogo el returno, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes, y se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, tiene ejecución material en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: El procedimiento administrativo para la emisión, firma, aprobación, refrendo, promulgación y publicación, ejecución y aplicación del Decreto administrativo que crea la Universidad 18 de Marzo de La Laguna, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y, Secretario de Educación, todos del Estado de Durango, con sede en Victoria de Durango, al rendir sus informes justificados, reconocieron la existencia de los actos que les atribuye la parte quejosa, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora bien, con relación a la existencia del decreto tildado de inconstitucional, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, la autoridad responsable denominada Director General del Periódico Oficial, del Estado de Durango, fue omisa en rendir informe justificado respecto de los actos atribuidos, pese a ser legalmente emplazada al procedimiento, como se advierte de la constancia de notificación existente en autos; por lo que, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierto el acto atribuido. Es aplicable la tesis sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2044, tomo XVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO OMISO". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del decreto atacado por la quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, el Titular de la Consejería General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango, con residencia en Victoria de Durango, en representación del Gobernador del Estado, al momento de rendir su informe justificado hizo valer que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues refiere que la emisión del decreto impugnado no causa perjuicio a la parte quejosa (falta de interés jurídico). En ese sentido, se estima fundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. Para demostrar lo anterior, resulta necesario citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la citada ley, al que nos remite el numeral arriba transcrito, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conforme a los artículos citados, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: a) El referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho [interés jurídico]; y, otra que, b) Se refiera a un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o Tratados Internacionales que el Estado es parte, con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directo (interés jurídico) o, a virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En esta parte, conviene señalar que de la fracción I, del artículo 107, de la constitución federal, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control de los actos de autoridad que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que, como se anotó, reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio, de instancia de parte agraviada, no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, debido a que, para que la instancia resulte procedente, éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera jurídica de la persona, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional, sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De lo antes señalado se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico, a saber: 1. La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. 2. El agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Al respecto, los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que la persona se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al particular los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a la sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula con lo dispuesto en los preceptos impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa acude al juicio constitucional a reclamar el Decreto administrativo que crea la Universidad 18 de Marzo de La Laguna, publicado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. A efecto de acreditar el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, se tiene en consideración que la quejosa ofreció como pruebas documentales las siguientes: Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la parte quejosa y la División de Estudios Superiores del Instituto "18 de marzo". Un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Durango, publicado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, que contiene el Decreto reclamado por la quejosa. Probanzas anteriores, que cuentan con valor probatorio indiciario y pleno, respectivamente, de conformidad con los artículos 197, 202, 203 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, con las cuales se acredita, por una parte, que la quejosa era catedrática a la fecha de la presentación de la demanda, puesto que la "división" contrató sus servicios profesionales en términos del mencionado contrato; y por otra parte, que el Decreto reclamado se publicó el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, no obstante lo anterior, con la emisión del decreto impugnado se desprende que no le genera afectación alguna que dé pauta a instar la presente instancia constitucional, ya que si bien con él se creó la Universidad 18 de Marzo de La Laguna, se abrogó el decreto por el que se creó la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo y se dispuso que el Titular del Ejecutivo del Estado de Durango propondría al Congreso del Estado la abrogación de la Ley Orgánica del Instituto 18 de Marzo, en un término no mayor a treinta días, no menos cierto, también, es que en el artículo Séptimo Transitorio del decreto en cuestión se estableció el pleno respeto de los derechos adquiridos de los trabajadores. El numeral en comento, es del tenor siguiente: "SÉPTIMO. Los derechos adquiridos por los trabajadores de las escuelas secundaria y preparatoria y de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, serán respetados siempre y cuando no contravengan la legislación aplicable, así mismo lo contenido en el convenio y reglamento." Respecto a lo anterior, si bien es cierto la referida porción normativa de tránsito refiere que los derechos serán respetados siempre y cuando no contravengan la legislación aplicable, también es verdad que ello se encuentra supeditado a la expedición del reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad, la cual, el rector que en su caso sea designado deberá presentar los proyectos respectivos, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de su designación conforme al artículo décimo transitorio, que establece: "DÉCIMO. A partir de su designación, el rector de la Universidad deberá presentar al Consejo Universitario, en un plazo no mayor de 180 días, los proyectos de reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad para su aprobación, expedición y aplicación." Incluso, se encuentra supeditado a la aprobación y establecimiento en su caso, del Reglamento respectivo por parte del Consejo Universitario, los lineamientos de Ingreso, Promoción y permanencia del personal Académico y Administrativo y los términos para celebración de los contratos colectivos de sus trabajadores que en su caso lleguen a expedirse. De lo anterior se concluye que, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, el decreto impugnado no le depara perjuicio a la peticionaria de amparo, pues sus derechos se encuentran protegidos por el referido artículo séptimo transitorio, y, no será hasta en tanto se emita el reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad, en que se podrá determinar si existe una afectación en su esfera jurídica con la emisión de dicho decreto. Por tanto, al tratarse de un juicio de amparo indirecto contra leyes, la quejosa está obligada a demostrar fehacientemente que resintió una afectación a su interés jurídico, lo cual como se dijo no se acreditó en el caso a estudio, sin que baste que exista el acto de autoridad, pues es necesario justificar que dicho acto afecte la esfera de derechos subjetivos. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia número I. 1o. A. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 923, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de 30 procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". Se invoca también, la jurisprudencia número 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, en el caso en estudio, se actualiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no acreditó el interés jurídico para reclamar el decreto de referencia, motivo por el cual es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Berenice Verdín Názer, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de septiembre de dos mil veintiuno. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable; y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Pruebas. No ofreció. Medios de contacto. Por otro lado, ténganse a la compareciente por señalando el correo electrónico ********************, así como el número de teléfono ********************; lo anterior, para que se tengan como medios de contacto durante la emergencia sanitaria, de conformidad con el artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
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