Berenice Valdez Valenzuela

Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
54/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Berenice Valdez Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. En esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Notifíquese. Mesa IV.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para notificar personalmente a la quejosa, el acuerdo de veintiocho de enero del presente año; en tales circunstancias, procédase a notificarle el proveído en cita y las subsecuentes notificaciones por medio de lista. No obstante lo anterior, se requiere a la Actuaria adscrita que remita impresión de la publicación de lo ordenado. Acuerdo veintiocho de enero de dos mil veintidós: Recepción de demandad de amparo. Se recibe la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra los actos que reclama del Titular y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 54/2022-IV. Desechamiento. De acuerdo con el numeral 113 de la legislación referida, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E??????????????? INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el precepto 113 de la legislación aplicable, que impone el desechamiento de plano, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Del análisis integral efectuado a la demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado, el siguiente: Ahora bien, en atención la certificación de cuenta, trae como hecho notorio que en este órgano de control constitucional se radicó el juicio de amparo 1016/2021-I, promovido por Eduardo Mendoza Martínez contra actos del Titular y Actuario del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de??????????????? Justicia de la Ciudad de México, derivados del expediente 126/2019, consistente en: ? Todo lo actuado en el juicio ordinario civil, expediente 126/2019, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por María Magdalena Martínez Reyes en contra de Bertha de los Ángeles Martínez Valenzuela, derivado de la falta de emplazamiento. ? La orden de lanzamiento del inmueble materia de la litis, ubicado en ****. Asunto que se admitido a trámite el ocho de diciembre de dos mil veintiséis, además obra el informe justificado de juez en cita, quien remitió copia certificadas del juicio de origen en cita De las constancias del procedimiento natural se advierte lo siguiente: ? En los autos del juicio ordinario civil 126/2019, promovido por **** en contra de ****, del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el veinte de se febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió: "RESUELVE PRIMERO: Ha sido procedente la vía intentada en la que la actora acreditó su acción y la demandada no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO: Se declara que **** es propietaria y tiene pleno dominio sobre el terrero y construcción existente en el mismo, que se encuentra ubicado en ****. TERCERO. Se condena a la demandada a desocupar y entregar a la actora o a quien sus derechos represente el inmueble litigioso, identificado en el resolutivo que antecede, entrega que deberá efectuar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibida de lanzamiento en caso de incumplimiento. (.)" ? Inconforme con lo anterior la demandada ****, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, radicándola como toca 540/2019/2, y el??????????????? dos de octubre de dos mil veinte, dicto resolución en la cual confirmó la sentencia definitiva antes referida. ? Ante lo cual la parte actora solicitó la ejecución de la sentencia de mérito, a lo que el juez acordó de conformidad; sin embargo, no se ha logrado ejecutar dado la oposición de la parte demandada. ? Con anterior, se advierte que el juicio de origen se encuentra en ejecución de sentencia. Lo cual se toma como hecho notorio como se precisó anteriormente, y en apoyo, por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Partiendo de esa base, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado en sentido inverso, ambos de la Ley de Amparo, que en su literalidad disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:??????????????? [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Este último numeral establece la procedencia del juicio biinstancial, en tratándose de actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. En primer término, es conveniente determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 invocado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el más Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Por lo que, para efectos del juicio constitucional, en términos del numeral 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. En el caso en estudio, no le asiste el carácter de tercero extraño a la aquí promovente, ****, al juicio ordinario civil 126/2019, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que es causahabiente de **** -demandada en la controversia natural-. En el ámbito jurídico, causante es un término utilizado para referirse a la persona de la que proviene un bien o derecho que otra persona posee. Está directamente relacionado con el término causahabiente, que es la persona que recibe aquello que proviene de un causante. Así, el causante sería el poseedor primitivo de un bien o derecho, el cual dejaría de poseer al transmitírselo a un causahabiente por medio de subrogación o sucesión, quien pasaría a ser el nuevo??????????????? poseedor. Es decir, el causante es la persona de la que deriva el bien o derecho que ostenta el causahabiente. Bajo ese argumento, como se adelantó, la aquí promovente es causahabiente de la demandada dentro del juicio del que derivan los actos reclamados. Es así, ya que como se precisó anteriormente dentro del juicio ordinario civil, expediente 126/2019, del promovido por ****, en contra de ****, del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se dictó sentencia definitiva el veinte de febrero de dos mil veinte, en la que se ordenó la desocupación y entrega del bien inmueble materia de la litis, ubicado en ****. Y, el aquí quejoso refiere que se celebró contrato de arrendamiento el dos de octubre de dos mil veintiuno, mismo que exhibe y del que se desprende que lo suscribieron ****, como arrendadora, y ****, como arrendataria, respecto del predio ubicado en ****, fijando como renta mensual la cantidad de dos mil quinientos pesos, con una vigencia de un año De lo anterior, se advierte que dicho contrato se celebró posterior al dictado de la sentencia definitiva dictada en el juicio del que derivan los actos reclamados-, respecto del inmueble ubicado en ****, del cual indica que el juez primigenio ordenó la diligencia de requerimiento, entrega y desocupación del bien inmueble dentro del juicio ordinario civil referido, para se entregado a ****. En ese sentido, el solicitante del amparo no puede alegar desconocimiento del juicio natural al advertirse que la celebración del contrato de arrendamiento fue posterior a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio primigenio, en la cual, como se ha reiterado, se condenó a la demandada **** (con quien refirió haber celebrado el acto de voluntades). ??????????????? Es así, pues al resultar que los derechos cuestionados derivan de un acuerdo de voluntades celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, cuyo uso y goce del predio está sujeto a una controversia judicial, con lo cual queda actualizada la figura de causahabiencia, por el simple hecho de que el documento se celebró con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva del que emanan los actos reclamados. Se cita como sustento a lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1296, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 189177, del contenido literal siguiente: "CAUSAHABIENCIA. PARA QUE EXISTA NO ES NECESARIO QUE LA SUBROGACIÓN SE DÉ EN LA MISMA CLASE DE DERECHOS. Basta que se adquiera un bien que está embargado o hipotecado, o que se reciba en arrendamiento un inmueble de parte de quien ya fue vencido en un juicio, para que surja la figura de la causahabiencia. No se ocupa que la sustitución se dé en la misma clase de derechos, sino únicamente que la subrogación nazca después de que al causante ya se le demandó en relación al bien que transmite, o que esa transmisión se haya hecho con posterioridad a cuando el bien se gravó. Luego, si en el caso el inmueble hipotecado lo rentó el demandado después de que ya existía sentencia condenatoria, no hay duda de que el inquilino es causahabiente de dicho reo, por lo que no puede ser considerado tercero extraño al juicio natural seguido contra su causante". Por lo tanto, queda aclarado, que la peticionaria de la acción constitucional no es tercera extraña a la controversia de origen, en tanto que no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su causante respecto del inmueble materia de la litis y, por ende, resulta ser causahabiente de la demandada en la controversia natural-, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso del gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el?????????????? acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2002286 de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Suprema, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 27, fracción I, de la normativa de la materia y 305 del supletorio Código Procesal Civil Federal, se tiene como tal el que señala en el ocurso de cuenta. Autorizados. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que cuenten con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, conforme a lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del numeral invocado, a las restantes personas que indica. Habilitación de horas y días inhábiles. Las notificaciones que se ordenen en forma personal en??????????????? este expediente, practíquense de conformidad con el dispositivo 21, tercer párrafo, de la normativa aplicable. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid19, se exhorta al promovente que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación, se le exhorta a que proporcione alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señale un número telefónico en el que pueda recibir mensajería instantánea (verbigracia whatsapp), así como un correo electrónico. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la quejosa el presente acuerdo y el diverso de veintiocho de enero de dos mil veintidós. Mesa IV.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente. mesa IV

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