Berenice Rebeca González Hernández
Expediente 909/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2021
Partes del expediente
- Berenice Rebeca González Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la secretaria Rubí Martínez Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veintiocho de julio año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta firmado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Se toma conocimiento del contenido del escrito de cuenta; sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada la prevención formulada, toda vez que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, carece de atribuciones para subsanarla al haberse requerido cuestiones que versan sobre la precisión del acto que pretende reclamar en esta instancia constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que los autorizados carecen de facultades para realizar actos que deben provenir directamente de la voluntad de la parte quejosa y que influyen sobre la fijación de la materia del juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Entonces, como se dijo, la prevención formulada por este Juzgado en el acuerdo de dieciséis de julio del presente año; sólo puede ser desahogado directamente por la parte quejosa. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación de cuenta que el autorizado en términos amplios pretendió desahogar la prevención formulada mediante auto de dieciséis de julio del presente año, el último día del plazo otorgado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por **********, por su propio derecho. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por el que el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informa respecto al cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en autos, al efecto remite copia de la constancia relativa; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada al Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, comunicada en el oficio CCJ/ST/2517/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Miguel Olvera Arreola, secretario que autoriza y da fe."
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ************; contra actos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 909/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Deberán abundar en la narración de los hechos que le consten y que constituyan la totalidad de los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, la narración de los antecedentes del acto reclamado constituyen un requisito indispensable que debe expresarse en el escrito de la demanda de amparo, cuyo cumplimiento omitió la promovente. Ello, pues si bien, refiere que se encuentra embarazada con amenaza de aborto y que las autoridades responsables han inobservado la prescripción médica de estar bajo resguardo domiciliario, no indica cuál es el cargo que desempeña en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ni el lugar al que se encuentra adscrita. Sin que pase inadvertido que a su demanda de amparo anexó la credencial con número de empleado 97212 expedida por dicha secretaría; sin embargo, de su contenido no se desprende con precisión el cargo que ostenta, pues únicamente se advierte "OPERATIVO". Asimismo, deberá mencionar si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de la licencia de siete días que le otorgó el veintiocho de junio de dos mil veintiuno le ha otorgado una diversa y, en su caso, especifique la fecha en que fue expedida, así como su vigencia. 2. Exhibición de copias. Deberá exhibir el original y, copia legible y suficiente del escrito en que dé cumplimiento a la presente prevención, esto es, para las autoridades que señala como responsables; así como para el Fiscal Ejecutivo de la adscripción. Lo anterior, siempre y cuando el desahogo de la presente prevención no se realice de manera electrónica. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente determinación, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras. Para lo anterior, se le hace saber a la parte promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Suspensión de plano La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: "(...) cualquier orden que me restituya de mi puesto de trabajo, y por consecuencia pierda mis fuentes de ingresos (...)" De la interpretación de las manifestaciones antes transcritas, se advierte que el justiciable pretende, mediante la obtención de la medida suspensional, que las autoridades responsables le permitan ausentarse de su trabajo con goce de sueldo, en virtud de que fue diagnosticada con amenaza de aborto, además de que se encuentra dentro del grupo vulnerable con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo se estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a menores de cinco años y a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como padecimientos pulmonares y diabetes mellitus, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes:--- a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)" Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad De México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID- 19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el uno de abril de dos mil veinte, estableció en el artículo primero, fracción VII, el resguardo domiciliario corresponsable de toda persona, entre otras, aquellas en estado de embarazo, independientemente si su actividad laboral se considera esencial, tal como se advierte de la siguiente reproducción: "PRIMERO. Se establecen como acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, de la Ciudad de México deberán implementar las siguientes medidas:--- (.)--- VII. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente si su actividad laboral se considera esencial; salvo en el caso del personal sector público adscrito al sector salud y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quienes se atendrán a lo establecido en el inciso c) del numeral PRIMERO del Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2020. Por lo que deberán ponerse de acuerdo con sus jefes inmediatos, con el objeto de evitar la disminución de la atención a la población en esta Emergencia Sanitaria;(.)" Posteriormente, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sexagésimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de junio actual, determinó que a partir del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, los servidores públicos de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, que recibieron las dosis correspondientes de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, o bien, que conforme al calendario de vacunación hayan tenido derecho a recibirla, regresarán a laborar de manera presencial a sus oficinas, como se advierte de la siguiente transcripción: "SEGUNDO. A partir del lunes 28 de junio de 2021 las personas servidoras públicas de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, que recibieron las dosis correspondientes de la vacuna contra el virus Sars- Cov-2 (COVID-19), o bien, que conforme al calendario de vacunación hayan tenido derecho a recibirla, regresarán a laborar de manera presencial a sus oficinas; lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho a la buena administración pública que tiene toda persona en la Ciudad, salvaguardando la eficacia y eficiencia en los servicios públicos, de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y calidad.--- Asimismo, para poder garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras, cada dependencias, entidad y órgano de la Administración Pública, así como las Alcaldías, determinarán las medidas específicas que de acuerdo con su infraestructura deberán observarse, atendiendo los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la administración pública de la Ciudad de México, en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad, disponibles para su consulta en el enlace electrónico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx.". Tomando en consideración lo anterior, debe precisarse que la quejosa bajo protesta de decir verdad afirmó que presenta embarazo de alto riesgo, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su demanda. En ese sentido, los actos reclamados podrían implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de su salud física de la promovente del amparo, quien por sus condiciones médicas es especialmente vulnerable ante la situación actual de pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida de la parte quejosa, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables autoricen a la quejosa ************, ausentarse de su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indique que se encuentra fuera de riesgo con motivo de su embarazo y, una vez que esto acontezca, deberán ordenar que labore en un entorno que represente un mínimo riesgo de contagio de COVID-19, con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio para ella. Así, las autoridades responsables podrán implementar como medidas para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes acciones: encomendar a la parte quejosa únicamente en asignaciones que no pongan en riesgo su salud, o bien, que realice dichas labores desde su hogar; asignarla en algún área de su centro de trabajo donde no tenga contacto con personas, o bien, el contacto sea mínimo; otorgarle las medidas e instrumentos de protección necesarios conforme a los protocolos adecuados en materia sanitaria y observar los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la administración pública de la Ciudad de México, en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad, disponibles para su consulta en el enlace electrónico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx. Ello implica que la autoridad responsable debe instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:--- (.)--- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona para dichos efectos, así como a ***********, hasta en tanto registre su cédula profesional en el sistema descrito en el párrafo anterior. Por lo que hace al número telefónico y correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.
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