Berenice Perez Pedroza y Otros.

Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
297/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Berenice Perez Pedroza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    II. La certificación precedente, evidencia que el agraviado no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. En conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 7027/2017, por el que este juzgado le remitió las constancias ahí detalladas, y comunica que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito, contra la sentencia dictada el treinta y uno de enero del año en curso; medio de impugnación que se registró con el número de revisión 75/2017. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II. Vista la certificación secretarial que antecede, de se advierte que la parte quejosa, dentro del término concedido, no desahogó la prevención que se le realizó en auto de veinticuatro de febrero de la presente anualidad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el proveído de referencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida por Berenice Pérez Pedroza, Eva María Tapia Herrera, Juana Tapia Vázquez, Flaviana Guzmán Beristain y María Guadalupe Vázquez Francisco, contra actos de la Cámara de Diputados y otras autoridades Apoya a tal determinación, a contrario a sensu, la tesis III.2º.A.22, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, visible a página 1708, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE TENERLA POR NO INTERPUESTA, POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVENCIONES FORMULADAS CON BASE EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, SI EN EL AUTO DE PREVENCIÓN NO SE HIZO EL APERCIBIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 146, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por no interpuesta la demanda de amparo cuando el promovente no subsane las omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de garantías; sin embargo, en atención al imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, a los principios de certidumbre jurídica y buena fe, y dada la trascendencia que puede tener para los intereses del promovente, el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, debe estimarse que los Jueces de Distrito, previo a la aplicación de la disposición de que se trata, en el auto de prevención deben hacer saber expresamente al promovente, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias que legalmente pueden derivar de su incumplimiento.

  4. Principal

    IV. V I S T O S, para resolver los autos del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el incidente 1200/2016-IV, promovido por Aníbal Uriel Mercado Martínez, contra el Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Concesión de la medida cautelar. En interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (folio 35 a 41), este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva respecto de las consecuencias jurídicas del acto reclamado identificado como el oficio 202LG0000/DGAJ/07039/2016, de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual el Director General y Secretario General de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, decretó como medida precautoria la suspensión temporal de los servicios y demás actividades que realizara el ahora quejoso, en su calidad de elemento de seguridad de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Es decir, la medida cautelar decretada fue para el único efecto de que se continuara con procedimiento del cual emergía el acto reclamado, pero no se dictara la resolución definitiva, no se reinstalara al elemento policial, pero se le continuara pagando los emolumentos correspondientes. SEGUNDO. Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. A través del ocurso de diecisiete de octubre del año en curso, el quejoso Aníbal Uriel Mercado Martínez, denunció el incumplimiento de las autoridades responsables para acatar la suspensión definitiva decretada en el presente asunto (foja 75). TERCERO. Admisión del incidente propuesto. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (foja 98), se admitió a trámite el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en favor del quejoso, además, se requirió a las autoridades responsables rindieran informe al respecto, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley, en cumplimiento al artículo 208 de la Ley de Amparo. CUARTO. Celebración de la audiencia relativa. Notificadas las partes de lo anterior, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la interlocutoria de mérito en la cual se estimó infundado el incidente planteado por el quejoso. QUINTO. Medio de impugnación. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, medio de impugnación del cual correspondió su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de expediente 1/2017, quien mediante testimonio de resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente: ÚNICO. Es parcialmente fundado el recurso de queja." SEXTO. Cumplimiento a la ejecutoria de colegiado. En proveído de dieciséis de febrero pasado, se dejó insubsistente la interlocutoria de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se repuso el procedimiento a efecto de requerir a las responsables y a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que exhibieran la constancia de notificación de la resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente CESC/CHJ/PR/080/2016. Asimismo, por auto de veintitrés de febrero del año en curso, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de mérito en términos del acta precedente y forma parte de esta resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para resolver este incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, 207 y 208, de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de la medida cautelar decretada. En interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 35 a 41), se concedió la suspensión definitiva para el efecto siguiente: . CUARTO. Ahora, respecto de las consecuencias jurídicas del acto reclamado relacionado en el inciso b), al Director General y Secretario General de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que continúe con ese procedimiento, pero no se dicte la resolución definitiva mientras se decide el juicio de amparo en el fondo y para que sin reinstalar al elemento policial, se continúen pagando los emolumentos que le correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia PC.I.A. J/52 A (10a.), visible en la página 3115, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Registro: 2010106, instancia Plenos de Circuito, del contenido literal siguiente: . TERCERO. Argumentos propuestos. El incidentista Aníbal Uriel Mercado Martínez manifiesta esencialmente que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, le notificaron la resolución mediante la cual se decretó su remoción como Policía de Fuerza Especial en la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con lo cual se está incumpliendo con la suspensión definitiva, por ello afirma, se debe dejar sin efecto tal determinación. CUARTO. Estudio sobre el incumplimiento a la medida decretada. En relación con la inobservancia a la suspensión decretada en el juicio de amparo, es necesario invocar el contenido de los artículos 206, 207, 208, 209 y 213, de la Ley de Amparo, que establecen: Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión. Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. (.) Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." Los artículos transcritos regulan los aspectos procedimentales del incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en el sentido que si como resultado del incidente promovido, la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o con notoria mala fe o negligencia inexcusable, el órgano jurisdiccional la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o en su caso, subsane las deficiencias relativas a la concesión de la suspensión. Por consiguiente, debe indicarse que cuando se tramita el incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ésta deberá tramitarse en la vía incidental conforme a los artículos 206, 207 y 208, de la Ley de Amparo, recibiendo las pruebas que al efecto señala la propia ley; incidente en el que las partes podrán ser oídas en sus alegaciones de manera previa a la resolución que se dicte sobre la infracción alegada. De la misma forma, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente. Además, es indispensable señalar que la obligación de las autoridades de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, surge a partir de que se decreta por el tribunal de amparo y, consecuentemente, es a partir de este momento que debe realizar las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2014 (10a.), consultable en la página 431, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, sustentada por emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2006797, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. El artículo 139 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, es claro en establecer que el momento en que surte efectos la suspensión es "desde luego", lo que significa inmediatamente. Considerar algo distinto haría nugatoria la dimensión de eficacia de la suspensión, convirtiendo dicha protección constitucional en un mecanismo ilusorio y quitaría a la resolución de fondo su efecto útil. Los efectos de la suspensión no están supeditados a su notificación, ya que, lo contrario, redundaría en el absurdo de condicionar la eficacia de la medida a una figura cuya finalidad es detener inmediatamente en el tiempo una circunstancia para que la litis no se vea afectada en el fondo. El correcto acatamiento de una suspensión es la vía necesaria para acceder a una protección judicial efectiva." Para el análisis del incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva decretada en favor del quejoso, resulta necesario examinar los alcances de la medida concedida, para decidir si existe o no algún agravio contra el promovente; realizando una confrontación o comparación entre los efectos de la suspensión y el actuar de las responsable que se estima ilegal. Desde esa óptica, los presupuestos necesarios para la procedencia del incidente por incumplimiento a la suspensión son: a) La existencia de un auto suspensional. b) Haber notificado de forma legal esa medida a la autoridad responsable. c) Que la responsable haya incumplido con la suspensión decreta. Sobre el particular, es aplicable la tesis publicada en la página 680, del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Tomo XIII, Materia Común, Octava Época, número de registro 212419, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Razón por la cual, es válido destacar que desde el momento mismo de la concesión de la suspensión, existe la obligación para las autoridades responsables de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Empero, si bien la obligación de la autoridad surge inmediatamente con la suspensión, sólo puede considerarse que la autoridad está en desacato hasta que es notificada de su concesión. El primero de los requisitos mencionados se estima satisfecho, pues mediante interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva, para el efecto de que se continuara con procedimiento del cual emergía el acto reclamado, sin dictarse resolución definitiva, no se le reinstalara como elemento policial, pero se le continuaran pagando los emolumentos correspondientes. De igual forma, el segundo de los requisitos indicados debe considerarse actualizado, ya que mediante los oficios 37928/2016, 37929/2016 y 37930/2016, que obran en las fojas cincuenta y siete y cincuenta y ocho de autos, consta la notificación llevada a cabo a las autoridades responsables, respecto de la medida cautelar decretada. Asimismo, por lo que hace al tercero de los requisitos indicados también se cumple, pues de las actuaciones que conforman el presente incidente de suspensión, se evidencia que las responsables inobservaron la suspensión decreta. En efecto, mediante el presente incidente el quejoso aduce esencialmente que las autoridades responsables incumplieron con la suspensión decretada en estos autos, pues el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, le notificaron la resolución mediante la cual se decretó su remoción como Policía de Fuerza Especial en la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sin observar que uno de los efectos de la medida cautelar decretada fue que se continuara con procedimiento del cual emergía el acto reclamado, pero no se dictara la resolución definitiva. Desde esa perspectiva, el impetrante constitucional ofreció como medio probatorio copia simple de la resolución emitida en el procedimiento administrativo de remoción CESC/CHJ/PR/80/2016. Asimismo, obran las copias certificadas relativas a la notificación practicada al ahora quejoso respecto de la resolución referida, remitidas por las responsables en cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, actuaciones a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia 226 publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sobre la base expuesta, asiste razón al quejoso, pues queda demostrado que si bien mediante determinación de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de remoción CESC/CHJ/PR/80/2016, la cual al parecer fue pronunciada de forma previa a la concesión de la suspensión definitiva (cinco de septiembre de dos mil dieciséis); sin embargo, con posterioridad a la concesión de la suspensión definitiva, se notificó al quejoso Aníbal Uriel Mercado Martínez la resolución referida. Ello, porque es válido afirmar que desde el cinco de septiembre pasado existía la obligación para las autoridades responsables de mantener el estado procesal en que se encontraba el procedimiento de separación citado. Establecido lo anterior, al quedar evidenciado el desacato denunciado, se declara fundado el incidente planteado por la parte quejosa. QUINTO. Requerimiento de cumplimiento a la medida suspensional. Este juzgado estima que no procede requerir el cumplimiento a la responsable en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, ya que el juicio principal causó estado. En efecto, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese orden, al tener a la vista el cuaderno principal del juicio de amparo 1200/2016-IV se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciséis (folio 149 a 153), se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Aníbal Uriel Mercado Martínez contra actos del Comisario General de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y otras autoridades, la cual el veintiséis posterior adquirió firmeza procesal (folio 169). Luego, al haber quedado firme el sobreseimiento decretado en el cuaderno principal de donde derivan los presentes cuadernos incidentales, la medida suspensional definitiva concedida en interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dejó de surtir efectos. De lo anterior, es que se estime que no procede requerir el cumplimiento a la autoridad en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Finalmente, no existe obligación por parte de este juzgado de agregar copias certificadas de las constancias a que se hizo alusión, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, visible en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, del Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, con el rubro y texto siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es FUNDADO el incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva promovido por el quejoso Aníbal Uriel Mercado Martínez, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. No procede requerir el cumplimiento en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Marco Antonio Maya García, quien da fe. Doy fe.

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