Berenice Ortiz Medina
Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Berenice Ortiz Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa; por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda; visto su contenido, dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en el último párrafo del auto que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, no se cuenta con el acuse del oficio correspondiente para notificar dicha sentencia a la autoridad responsable, a su vez no obra la constancia de notificación realizada a la parte quejosa de dicha determinación; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar la notificación a las partes procesales antes citadas de la resolución dictada. Por lo anterior, gírese oficio a la autoridad responsable adjuntándole copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice la notificación correspondiente a la parte quejosa de dicha determinación. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y A LA AUTORIDAD VÍA OFICIO. RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: "... R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rafael Reyes Reyes, Cira Hortencia Vega Velázquez, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Ramiro Escobar Terrones, Gonzalo Epifanio Durán Vargas, Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Juan Carlos Beltrán Toto Christian De Gante Fuentes, Gloria Marlén Ramírez Velázquez, Abrahán Jair Domínguez Espina, Edith Flores Diego y Salvador Alvarado Mendoza solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado. "El auto de fecha 18 de febrero del año 2020 en el cual se nos apercibe con una medida de apremio consistente en un arresto administrativo por TRES HORAS" SEGUNDO. El siete de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 500/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman el auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el cual se les apercibe con una medida de apremio consistente en arresto por tres horas, dentro del juicio TJA/1 S/219/2016. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la Sala responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. La quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2/J 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como único motivo de disenso, los quejosos aducen que el acuerdo reclamado vulnera lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, por no encontrarse debidamente motivado, ya que si bien es cierto, se sustenta en el artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa, no se motiva el por qué se opta por apercibirlos con arresto por tres horas. Además, refieren que no se señalan cuáles fueron las causas determinantes de dicho apercibimiento y qué circunstancias tomó en consideración en aplicar dicha medida y no otra, y tampoco razona sobre la temporalidad impuesta. El concepto de violación previamente sintetizado deviene infundado. De los autos relativos al expediente TJA/1 S/219/16, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se observa que la Sala responsable ha emitido diversos proveídos requiriendo a los quejosos el cumplimiento del convenio celebrado en el juicio de origen el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y dado que éstos han sido omisos en acatar lo ordenado, se le han impuesto múltiples medidas de apremio para vencer su contumacia, sin embargo, éstas no han sido suficientes para lograr el cumplimiento de lo ordenado, por lo que el dieciocho de febrero de dos mil veinte, apercibió al quejoso con una medida de arresto de tres, en caso de continuar siendo omiso en cumplir con lo ordenado. Es decir, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, las partes celebraron un convenio de pago, el cual fue ratificado ante la autoridad responsable, y cuyo cumplimiento ha sido omisa la parte demandada, pese a los constantes requerimientos y medidas de apremio impuestas en el sumario de origen. En el acto reclamado, se hizo constar el incumplimiento de la parte demandada, por lo que se impuso una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y requirió nuevamente el cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría un arresto por tres horas. Como se puede observar de lo anterior, fue ante la omisión de los aquí quejosos, en acatar los requerimientos que se le han formulado (más de ocho requerimientos), que en el auto reclamado se le apercibió con un arresto por tres horas a fin de lograr que cumplan con el convenio celebrado en el juicio de origen, por lo que el mismo se encuentra justificado, además, el proceder de la responsable, se ha sustentado en lo consignado en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: I. Amonestación; II. Multa hasta de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se reiterará cuantas veces sea necesario; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. El auxilio de la fuerza pública; V. La destitución del servidor público que haya sido nombrado por designación, y para el caso de los servidores vía elección popular, se procederá por acuerdo de pleno conforme a la normativa aplicable, y VI. Inhabilitación en los términos de esta ley. Para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas en términos de este artículo, el Tribunal y las Salas podrán solicitar el descuento vía nomina a la fuente de trabajo de la parte que incumpla una orden o determinación." "Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley" Así como, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que establece: "Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: . III. Proceder a la ejecución de la sentencia; [.] X. Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas; ." De lo transcrito, se desprende que la ley faculta a los Magistrados y a las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa para que, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, empleen diversas medidas de apremio, entre ellas el arresto hasta por treinta y seis horas; dejando a discreción del órgano jurisdiccional establecer según sea el caso el número determinado de horas de arresto, siempre y cuando no se exceda de las treinta y seis horas establecidas en la ley. Y en ese entendido, la Sala responsable, para justificar la imposición del apercibimiento de la medida de apremio consistente en un arresto, se apoyó en los diversos requerimientos y apercibimientos realizados en autos del juicio de origen, en los que se ha brindado la oportunidad los quejosos de acatar el convenio, sin haber obtenido respuesta alguna anteponiendo el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones se cumplan a la brevedad posible sobre el interés individual del amparista, con el propósito de que sea efectivo el derecho fundamental de ejecución de las sentencias; además, con la anterior determinación la responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es así, porque el acuerdo reclamado se fundamentó conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en los artículos artículo 11, fracción III y dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 90 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el objeto de respetar el derecho humano de justicia completa conforme a lo señalado en el primero de los artículos invocados y conforme a las atribuciones conferidas a la responsable precisadas en los diversos numerales en comento. Por tanto, contrario a lo sustentado por los quejosos, el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el cual se le apercibe con arresto por tres horas, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues precisó las razones con base en las que se dictó el apercibimiento, las cuales tiene relación con los preceptos en que fundó dicha determinación aplicables a fin de decretar un arresto. Además, el apercibimiento de arresto reclamado, le fue notificado de forma personal, toda vez que al aquí quejoso se les hizo del conocimiento del acuerdo que ahora recurre el cinco de marzo de dos mil veinte, en el que se le requirió para que en el término de veinticuatro horas diera cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen y lo apercibió que en caso de no hacerlo se haría acreedor a una medida de apremio consistente en un arresto por tres horas. Y se corrobora la adecuada comunicación, porque al enterarse de dicha determinación, los quejosos acudieron a esta instancia constitucional para impugnar el mencionado acuerdo, lo cual hizo en tiempo, por lo que el amparista estuvo en aptitud de cumplir con lo ordenado para evitar que se le hiciera efectivo tal apercibimiento. En consecuencia, al no demostrarse que el acto combatido viola en perjuicio del quejoso, derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Reyes Reyes, Cira Hortencia Vega Velázquez, Luis Enrique Paganoni Sánchez, Ramiro Escobar Terrones, Gonzalo Epifanio Durán Vargas, Eduardo Navarro Salgado, Patricia Mireya Martínez Vázquez, Juan Carlos Beltrán Toto Christian De Gante Fuentes, Gloria Marlén Ramírez Velázquez, Abrahán Jair Domínguez Espina, Edith Flores Diego y Salvador Alvarado Mendoza, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando tercero, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido en exceso según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. VJRH
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