Berenice Naranjo Avalos
Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 63 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Berenice Naranjo Avalos
- BERENICE NARANJO AVALOS y Otros.
- Guibet Alberto Gonsen Maceda
- GUIBET ALBERTO GONSEN MACEDA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DICCE: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido los autos de diez de agosto y veintinueve de septiembre, ambos del año en curso, a través de los cuales se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por ambos quejosos, respectivamente; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que han causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo, a fin de recuperar los documentos que exhibió en original y copia certificada en el presente asunto, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido, serán destruidos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido los autos de diez de agosto y veintinueve de septiembre, ambos del año en curso, a través de los cuales se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por ambos quejosos, respectivamente; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que han causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo, a fin de recuperar los documentos que exhibió en original y copia certificada en el presente asunto, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido, serán destruidos. Finalmente, dado que el juez responsable, al rendir su informe con justificación, remitió copia certificada de las actuaciones relativas al proceso penal 31/2020 del índice del órgano jurisdiccional a su cargo, mismas que obran por cuerda separada en un tomo de pruebas; al respecto, toda vez que resulta innecesaria su retención, remítase dicho tomo a la autoridad antes citada, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las restantes partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese este incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, relativo al 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio 2739/2022, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de los actuales, remite en copia constatada diversas constancias deducidas del proceso penal 123/2021 de su índice. Ahora bien, de la imposición y revisión a las documentales de mérito, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo De la porción legal transcrita, se advierte que se prevé como supuesto de improcedencia el vinculado al hecho de que los actos señalados como reclamados se hubieren consentido ya sea: i) expresamente o ii) por manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento. Dicha causa se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, expresión que debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ciertamente, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista, se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo -que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad de ese acto y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos-; y, en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, por virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. En ese sentido, es menester precisar que de lo señalado por la parte quejosa en su demanda de amparo, así como de lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado, se advierte que el acto reclamado en esta vía, en lo que interesa en este punto, consiste en: De lo antes expuesto, se desprende que la peticionaria de amparo, al haber celebrado, por un lado, un acuerdo reparatorio con la víctima por el delito de robo de vehículo, y por otro, logrado la suspensión condicional del proceso penal, externó su aceptación de los hechos de la imputación, con el propósito de obtener su libertad, lo que se considera constituye una manifestación de la voluntad que implica el consentimiento del acto reclamado. Así las cosas, en el caso resulta evidente la intención la quejosa de acceder a una salida alterna, lo que revela, como se dijo, que se conformó con la decisión y consecuencias integrales que ello implica, pues implícitamente reconoció los hechos que se le reprochan, lo que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio. En tales condiciones, dado que del estado que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, únicamente por cuanto hace al quejoso Wilbert y/o Guibet Alberto Gonce Maceda, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, por la restante quejosa, Berenice Naranjos Avalos. Sin que al efecto se considere necesario la celebración de la audiencia constitucional; dado que, la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, de ahí que sea procedente sobreseer el presente juicio, pues de estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, por los motivos señalados en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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