Berenice Mariana García Arellano
Expediente 301/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Berenice Mariana García Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado cumplimiento. Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 708 a 713), por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo Por tanto, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que se concedió la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Efectos de la concesión de amparo. En veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección a la quejosa Berenice Mariana García Arellano (fojas 473 a 513); por lo que, inconforme con la sentencia el tercero interesado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, interpuso recurso de revisión, mismo que tocó para su conocimiento en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, registrado bajo el número 581/2017, por lo que mediante ejecutoria de veintiséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 568 a 638), la Superioridad resolvió: "Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, lo procedente es conceder la protección constitucional a la quejosa Berenice Mariana García Arellano, para el efecto de que la Sala responsable: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su dicte otra que: Tomando en cuenta los agravios hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia, considere que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia resulta incorrecta; de ahí que no deberá coincidir con lo resuelto por el A quo, Reasuma jurisdicción y analice nuevamente: Los testimonios de cargo desahogados por Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Caute, así como el parte informativo y su ratificación hecha por los elementos Juan Carlos Corona López y Leonardo Herrera Arenas, para lo cual deberá: Precisar de manera detallada y exhaustiva, si esas pruebas cumplen y porqué con cada de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222, y 223 del código procesal penal para el Estado de Tlaxcala, y posteriormente, valorar el alcance de lo relatado. Prescinda de considerar que el hecho de que los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones. El dictamen pericial, debiendo fundar y motivar las razones por las cuales tiene o no valor probatorio, en los términos precisados en esta ejecutoria. Con libertad de jurisdicción analice nuevamente si, en el caso, con el material probatorio que obra en autos, está o no probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada que se le atribuyen al inculpado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo; y, resuelva lo que en derecho proceda. La cual fue recibida en este Órgano Jurisdiccional por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 639-641), entonces en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria, y lo comunicara a este Juzgado Federal, dentro del término de tres días, lo que hizo mediante oficio TSJ-SP-19-1140, que contenía como anexo la resolución de veintinueve de agosto actual (655-702), con la cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la autoridad responsable Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna. Se tiene cumplida sentencia de amparo. Con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En principio, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Tlaxcala, mediante oficio TSJ-SP-19-1140, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 654), remitió copia certificada de la resolución de la misma data, dictada dentro del toca penal 405/2016, de su índice; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción II, 129 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, se advierte que la citada autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete (foja 657 vuelta), en la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar al aquí tercero interesado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, por los delitos de amenazas y allanamiento de morada, cometidos en agravios de la quejosa Berenice Mariana García Arellano, dictada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Asimismo, con libertad de jurisdicción con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictó una nueva resolución, en la que revocó el auto de libertad por falta de elementes para procesar, dictada por el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dentro de la causa penal 04/2016, y decretó auto de formal prisión en contra de Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, como probable responsable de los delitos de amenazas y allanamiento de morada, cometidos en agravio de la quejosa Berenice Mariana García Arellano, previstos y sancionados por los artículos 238 y 242 del Código Penal vigente en el Estado, en la época de los hechos. Dicha resolución, fue emitida cumpliendo con los efectos de la ejecutoria de mérito, al realizar lo siguiente: Por cuanto al efecto de la ejecutoria señalado como: Tomando en cuenta los agravios hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia, considere que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia resulta incorrecta; de ahí que no deberá coincidir con lo resuelto por el A quo. La autoridad responsable como se desprenda de la a foja 664 vuelta, determinó lo siguiente: ".Agravio que resulta FUNDADO aunque para ello haya que suplir su deficiencia y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, este Tribunal de alzada precisa que la desestimación realizada por el Juez a Quo en la resolución apelada de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial en piscología, resulta incorrecta por lo que este órgano colegiado no coincide con el criterio adoptado por dicho Juzgador y en consecuencia, se hará alusión de manera detallada y exhaustiva, en cuanto a si se cumplen y porqué cada una de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, en relación a los elementos de prueba referidos y la valoración de los mismos, para lo cual se procederá en los siguientes términos." Con lo cual, se encuentra cubierto el efecto señalado con el inciso a), pues tomó en cuenta los agravios hechos valer por la quejosa y suplidos en su deficiencia, consideró que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia, resultó incorrecta, asimismo, determinó que dicho órgano colegiado, no coincidió con lo resuelto por el A quo (foja 666). Así, respecto del efecto señalado como: Reasuma jurisdicción y analice nuevamente: Los testimonios de cargo desahogados por Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Caute, así como el parte informativo y su ratificación hecha por los elementos Juan Carlos Corona López y Leonardo Herrera Arenas, para lo cual deberá: Precisar de manera detallada y exhaustiva, si esas pruebas cumplen y porqué con cada de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222, y 223 del código procesal penal para el Estado de Tlaxcala, y posteriormente, valorar el alcance de lo relatado. Prescinda de considerar que el hecho de que los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones. Acatando los lineamientos establecidos en el inciso antes transcrito, la autoridad responsable por cuanto hace a la declaración de los testigos Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Romero Caute, determinó lo siguiente (fojas 666 y 667): ".Declaraciones que hacen PRUEBA PLENA y merecen fe, ya que reúnen los requisitos que los dotan de eficacia conforme a lo dispuesto por los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues los testigos convinieron no solo en la substancia, sino en los accidentes del hecho que refirieron, el que vieron materialmente; además sus declaraciones merecen fe, pues por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar del acto, por su probidad independencia de su posición y antecedentes personales, tiene completa imparcialidad; aunado a que el hecho de que se trata es susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, del que conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otra persona; sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; sin que existan datos de que hayan sido obligados a deponer por fuerza o miedo ni impulsados por engaño, error o soborno, atestes que en esencia coincidieron en manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos." Con lo anterior, se pone de manifiesto que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria, pues precisó de manera fundada y motivada que la prueba testimonial reúne los requisitos que los dotan de eficacia conforme a los dispuestos por los numerales 219 y 221 del código de la materia, a los cuales les otorgó valor probatorio pleno. Así, por cuanto hace al parte informativo 128/12-2014 y su ratificación de doce diciembre de dos mil catorce, realizado por los elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huamantla, Tlaxcala, Leonardo Herrera Arenas y Juan Carlos Corona López, la autoridad responsable, en la resolución de mérito, dijo: ".Parte informativo que fue debidamente ratificado por sus signantes, ante la autoridad correspondiente en la misma fecha de su elaboración; al que se le otorga valor probatorio de un indicio de acuerdo a lo previsto por el artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y con el que se corrobora el dicho de la ofendida y los testigos de cargo en el sentido de que el día doce de diciembre de dos mil catorce aproximadamente entre las dieciséis horas con veinte minutos y las diecisiete horas con treinta minutos en el inmueble ubicado en calle Allende Norte número trescientos quince, colonia Centro en el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, propiedad de la víctima, se encontraba en su interior GUSTAVO ALBERTO HERNÁNDEZ MARMOLEJO, quien fue señalado por la víctima a los policías aprehensores como persona ajena a su domicilio y quien tenía en su poder diversas fotografías, por lo que les solicitó proceder legalmente en su contra y en consecuencia fue puesto a disposición en la fecha referida." Aunado a lo anterior, la responsable en la resolución con la que otorga cumplimiento a la ejecutoria, al momento de valorar el parte informativo 128/12-2014 y su ratificación la prescindió de considerar que el hecho de los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones, tal como lo establece la ejecutoria que atiende. En tales condiciones, se observa que respecto al inciso b), ha sido cubierto en sus términos, pues le otorgó valor probatorio de indicio de acuerdo a lo señalado por el numeral 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, explicando los motivos que lo llevaron a esa conclusión. Por otro lado, en relación al efecto de la ejecutoria señalado como: El dictamen pericial, debiendo fundar y motivar las razones por las cuales tiene o no valor probatorio, en los términos precisados en esta ejecutoria. La autoridad responsable, determinó lo siguiente: "... Dictamen pericial al que se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 200, 218 y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, del que se desprende que para el perito en psicología concluyera que la C. Berenice Mariana García Arellano, presenta una afectación emocional por los hechos narrados, que se tiene agobiada a causa de la presión a que la someten los obstáculos y exigencias abusivos, se siente en una posición desagradable, la confianza, el aprecio y la comprensión le son negados y es tratado con una falta de consideración humillante, e incluso sugerir que requiere apoyo psicoterapéutico de corto a mediano plazo, para arribar a tal resultado." (foja 272). Con lo anterior se desprende que la autoridad responsable, otorgó cumplimiento al punto número 2 de los efectos de la ejecutoria, debido a que, fundó y motivo las razones por las cuales le otorgó valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 200, 218 y 231 del código de la materia. Por último, respecto al inciso c), la Superioridad en la ejecutoria de mérito, determinó: Con libertad de jurisdicción analice nuevamente si, en el caso, con el material probatorio que obra en autos, está o no probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada que se le atribuyen al inculpado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo; y, resuelva lo que en derecho proceda. Al respecto, la responsable con libertad de jurisdicción dijo en relación al delito de amenazas, que se atribuye a Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, lo siguiente: ".Por las razones expuesta se encuentra acreditado el cuerpo del delito de AMENAZAS, resultando ahora necesario entrar al estudio de la probable responsabilidad que le pudiera resultar a GUSTAVO HERNÁNDEZ MARMOLEJO, en la comisión del delito que se le imputa." De igual forma, por cuanto hace al delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, la responsable dijo lo que a continuación se transcribe: ".Por lo que se concluye que con dichos medios antes transcritos y valorados tanto en lo individual como en su conjunto, resultan aptos para tener por acreditados los elementos materiales del ilícito de ALLANAMIENTO DE MORADA." En esa tesitura, es viable determinar que la Sala responsable, otorgó cumplimiento al efecto de la concesión de amparo, analizando con libertad de jurisdicción si en el caso se encuentra probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada, previstos y sancionados por los artículos 238 y 242 del Código Penal vigente en la época de os hechos. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Efectos de la concesión de amparo. En veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección a la quejosa Berenice Mariana García Arellano (fojas 473 a 513); por lo que, inconforme con la sentencia el tercero interesado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, interpuso recurso de revisión, mismo que tocó para su conocimiento en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, registrado bajo el número 581/2017, por lo que mediante ejecutoria de veintiséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 568 a 638), la Superioridad resolvió: "Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, lo procedente es conceder la protección constitucional a la quejosa Berenice Mariana García Arellano, para el efecto de que la Sala responsable: I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su dicte otra que: Tomando en cuenta los agravios hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia, considere que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia resulta incorrecta; de ahí que no deberá coincidir con lo resuelto por el A quo, Reasuma jurisdicción y analice nuevamente: Los testimonios de cargo desahogados por Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Caute, así como el parte informativo y su ratificación hecha por los elementos Juan Carlos Corona López y Leonardo Herrera Arenas, para lo cual deberá: Precisar de manera detallada y exhaustiva, si esas pruebas cumplen y porqué con cada de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222, y 223 del código procesal penal para el Estado de Tlaxcala, y posteriormente, valorar el alcance de lo relatado. Prescinda de considerar que el hecho de que los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones. El dictamen pericial, debiendo fundar y motivar las razones por las cuales tiene o no valor probatorio, en los términos precisados en esta ejecutoria. Con libertad de jurisdicción analice nuevamente si, en el caso, con el material probatorio que obra en autos, está o no probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada que se le atribuyen al inculpado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo; y, resuelva lo que en derecho proceda. La cual fue recibida en este Órgano Jurisdiccional por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 639-641), entonces en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable, a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria, y lo comunicara a este Juzgado Federal, dentro del término de tres días, lo que hizo mediante oficio TSJ-SP-19-1140, que contenía como anexo la resolución de veintinueve de agosto actual (655-702), con la cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la autoridad responsable Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, para que de esta forma estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna. Se tiene cumplida sentencia de amparo. Con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. En principio, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de Tlaxcala, mediante oficio TSJ-SP-19-1140, de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 654), remitió copia certificada de la resolución de la misma data, dictada dentro del toca penal 405/2016, de su índice; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción II, 129 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto, se advierte que la citada autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la sentencia reclamada, dictada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete (foja 657 vuelta), en la cual se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar al aquí tercero interesado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, por los delitos de amenazas y allanamiento de morada, cometidos en agravios de la quejosa Berenice Mariana García Arellano, dictada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Asimismo, con libertad de jurisdicción con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictó una nueva resolución, en la que revocó el auto de libertad por falta de elementes para procesar, dictada por el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dentro de la causa penal 04/2016, y decretó auto de formal prisión en contra de Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, como probable responsable de los delitos de amenazas y allanamiento de morada, cometidos en agravio de la quejosa Berenice Mariana García Arellano, previstos y sancionados por los artículos 238 y 242 del Código Penal vigente en el Estado, en la época de los hechos. Dicha resolución, fue emitida cumpliendo con los efectos de la ejecutoria de mérito, al realizar lo siguiente: Por cuanto al efecto de la ejecutoria señalado como: Tomando en cuenta los agravios hechos valer por la recurrente, suplidos en su deficiencia, considere que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia resulta incorrecta; de ahí que no deberá coincidir con lo resuelto por el A quo. La autoridad responsable como se desprenda de la a foja 664 vuelta, determinó lo siguiente: ".Agravio que resulta FUNDADO aunque para ello haya que suplir su deficiencia y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, este Tribunal de alzada precisa que la desestimación realizada por el Juez a Quo en la resolución apelada de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial en piscología, resulta incorrecta por lo que este órgano colegiado no coincide con el criterio adoptado por dicho Juzgador y en consecuencia, se hará alusión de manera detallada y exhaustiva, en cuanto a si se cumplen y porqué cada una de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, en relación a los elementos de prueba referidos y la valoración de los mismos, para lo cual se procederá en los siguientes términos." Con lo cual, se encuentra cubierto el efecto señalado con el inciso a), pues tomó en cuenta los agravios hechos valer por la quejosa y suplidos en su deficiencia, consideró que la desestimación de las pruebas testimonial, parte informativo y su ratificación, así como la prueba pericial, hecha por el juez de primera instancia, resultó incorrecta, asimismo, determinó que dicho órgano colegiado, no coincidió con lo resuelto por el A quo (foja 666). Así, respecto del efecto señalado como: Reasuma jurisdicción y analice nuevamente: Los testimonios de cargo desahogados por Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Caute, así como el parte informativo y su ratificación hecha por los elementos Juan Carlos Corona López y Leonardo Herrera Arenas, para lo cual deberá: Precisar de manera detallada y exhaustiva, si esas pruebas cumplen y porqué con cada de las exigencias establecidas en los artículos 219, 220, 221, 222, y 223 del código procesal penal para el Estado de Tlaxcala, y posteriormente, valorar el alcance de lo relatado. Prescinda de considerar que el hecho de que los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones. Acatando los lineamientos establecidos en el inciso antes transcrito, la autoridad responsable por cuanto hace a la declaración de los testigos Eloy Vázquez Martínez y Eloy Filemón Romero Caute, determinó lo siguiente (fojas 666 y 667): ".Declaraciones que hacen PRUEBA PLENA y merecen fe, ya que reúnen los requisitos que los dotan de eficacia conforme a lo dispuesto por los artículos 219 y 221 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues los testigos convinieron no solo en la substancia, sino en los accidentes del hecho que refirieron, el que vieron materialmente; además sus declaraciones merecen fe, pues por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar del acto, por su probidad independencia de su posición y antecedentes personales, tiene completa imparcialidad; aunado a que el hecho de que se trata es susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, del que conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otra persona; sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; sin que existan datos de que hayan sido obligados a deponer por fuerza o miedo ni impulsados por engaño, error o soborno, atestes que en esencia coincidieron en manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos." Con lo anterior, se pone de manifiesto que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria, pues precisó de manera fundada y motivada que la prueba testimonial reúne los requisitos que los dotan de eficacia conforme a los dispuestos por los numerales 219 y 221 del código de la materia, a los cuales les otorgó valor probatorio pleno. Así, por cuanto hace al parte informativo 128/12-2014 y su ratificación de doce diciembre de dos mil catorce, realizado por los elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huamantla, Tlaxcala, Leonardo Herrera Arenas y Juan Carlos Corona López, la autoridad responsable, en la resolución de mérito, dijo: ".Parte informativo que fue debidamente ratificado por sus signantes, ante la autoridad correspondiente en la misma fecha de su elaboración; al que se le otorga valor probatorio de un indicio de acuerdo a lo previsto por el artículo 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y con el que se corrobora el dicho de la ofendida y los testigos de cargo en el sentido de que el día doce de diciembre de dos mil catorce aproximadamente entre las dieciséis horas con veinte minutos y las diecisiete horas con treinta minutos en el inmueble ubicado en calle Allende Norte número trescientos quince, colonia Centro en el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, propiedad de la víctima, se encontraba en su interior GUSTAVO ALBERTO HERNÁNDEZ MARMOLEJO, quien fue señalado por la víctima a los policías aprehensores como persona ajena a su domicilio y quien tenía en su poder diversas fotografías, por lo que les solicitó proceder legalmente en su contra y en consecuencia fue puesto a disposición en la fecha referida." Aunado a lo anterior, la responsable en la resolución con la que otorga cumplimiento a la ejecutoria, al momento de valorar el parte informativo 128/12-2014 y su ratificación la prescindió de considerar que el hecho de los testigos no hayan referido recíprocamente que hubieran estado en el lugar de los hechos, es razón para restar valor probatorio a sus deposiciones, tal como lo establece la ejecutoria que atiende. En tales condiciones, se observa que respecto al inciso b), ha sido cubierto en sus términos, pues le otorgó valor probatorio de indicio de acuerdo a lo señalado por el numeral 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, explicando los motivos que lo llevaron a esa conclusión. Por otro lado, en relación al efecto de la ejecutoria señalado como: El dictamen pericial, debiendo fundar y motivar las razones por las cuales tiene o no valor probatorio, en los términos precisados en esta ejecutoria. La autoridad responsable, determinó lo siguiente: "... Dictamen pericial al que se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 200, 218 y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado, del que se desprende que para el perito en psicología concluyera que la C. Berenice Mariana García Arellano, presenta una afectación emocional por los hechos narrados, que se tiene agobiada a causa de la presión a que la someten los obstáculos y exigencias abusivos, se siente en una posición desagradable, la confianza, el aprecio y la comprensión le son negados y es tratado con una falta de consideración humillante, e incluso sugerir que requiere apoyo psicoterapéutico de corto a mediano plazo, para arribar a tal resultado." (foja 272). Con lo anterior se desprende que la autoridad responsable, otorgó cumplimiento al punto número 2 de los efectos de la ejecutoria, debido a que, fundó y motivo las razones por las cuales le otorgó valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 200, 218 y 231 del código de la materia. Por último, respecto al inciso c), la Superioridad en la ejecutoria de mérito, determinó: Con libertad de jurisdicción analice nuevamente si, en el caso, con el material probatorio que obra en autos, está o no probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada que se le atribuyen al inculpado Gustavo Alberto Hernández Marmolejo; y, resuelva lo que en derecho proceda. Al respecto, la responsable con libertad de jurisdicción dijo en relación al delito de amenazas, que se atribuye a Gustavo Alberto Hernández Marmolejo, lo siguiente: ".Por las razones expuesta se encuentra acreditado el cuerpo del delito de AMENAZAS, resultando ahora necesario entrar al estudio de la probable responsabilidad que le pudiera resultar a GUSTAVO HERNÁNDEZ MARMOLEJO, en la comisión del delito que se le imputa." De igual forma, por cuanto hace al delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, la responsable dijo lo que a continuación se transcribe: ".Por lo que se concluye que con dichos medios antes transcritos y valorados tanto en lo individual como en su conjunto, resultan aptos para tener por acreditados los elementos materiales del ilícito de ALLANAMIENTO DE MORADA." En esa tesitura, es viable determinar que la Sala responsable, otorgó cumplimiento al efecto de la concesión de amparo, analizando con libertad de jurisdicción si en el caso se encuentra probado el cuerpo de los delitos de amenazas y allanamiento de morada, previstos y sancionados por los artículos 238 y 242 del Código Penal vigente en la época de os hechos. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.
- Principal
Agréguense el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Se da vista con cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa debiendo correrle traslado con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.
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