Berenice Hernandez Arteaga

Expediente 1292/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1292/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Berenice Hernandez Arteaga
  • Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1292/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, se tiene conocimiento que las autoridades, se encuentran gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no será posible entregar los oficios respectivos, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que estas reanuden labores, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante el periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO: PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa la resolución del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente determino lo siguiente: ...Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por BERENICE HERNÁNDEZ ARTEAGA, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en su cuarto considerando. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE...

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1292/2019-III, promovido por BERENICE HERNÁNDEZ ARTEAGA; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el mismo día al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos BERENICE HERNÁNDEZ ARTEAGA y otros, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (fojas 7 a 12). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda de amparo con el número 1250/2019 y ordenó la separación de juicios, los que fueron remitidos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos para ser turnados aleatoriamente (foja 3 a 5). El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, fue turnada a este juzgado federal la demanda de amparo promovida por BERENICE HERNÁNDEZ ARTEAGA, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede (fojas 26 a 29). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde resida la autoridad a la que se le reclama el acto carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, atendiendo a la causa de pedir, se precisa que lo que reclama la quejosa del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, es: La omisión de pagar el aumento porcentual correspondiente de su pensión por cesantía de edad avanzada concedida mediante decreto número mil setecientos diecinueve publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el tres de mayo de dos mil diecisiete, que la homologue al salario mínimo general vigente que corresponde al Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, no obstante de que en su informe justificado lo haya negado. Lo anterior se considera de esta manera pues al rendir su informe justificado manifestó en esencia que el pago de la pensión mensual se ha efectuado con el aumento porcentual que sufrió el salario mínimo general del área correspondiente del Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve, es decir con el aumento del 5% (cinco por ciento), atendiendo a la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, no así del monto independiente de recuperación, en razón de que no es aplicable a la parte quejosa. Manifestaciones con las que se acredita la existencia del acto reclamado, pues se advierte que la responsable no homologó en su totalidad al salario mínimo general vigente para el Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve la pensión otorgada a la parte quejosa. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima que respecto del acto reclamado al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, consistente en la omisión de pagar el aumento porcentual correspondiente de su pensión por cesantía de edad avanzada concedida mediante decreto número mil setecientos diecinueve publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el tres de mayo de dos mil diecisiete, homologado al salario mínimo general vigente que corresponde al Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia, como se expondrá en los siguientes párrafos. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo transcrito, para que se actualice la causal de improcedencia invocada debe de concurrir lo siguiente: Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Dichos actos u omisiones deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Se prevea la suspensión de los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. En la inteligencia que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa cuando: El acto reclamado carezca de fundamentación, Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de la omisión combatida la quejosa no hizo valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. Ello es así, porque que como ya quedó precisado en el considerando segundo, lo que la quejosa reclama es la omisión de pagar el aumento porcentual correspondiente de su pensión por cesantía de edad avanzada, que la homologue al salario mínimo general vigente que corresponde al Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve, y en ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que las pensiones como la jubilación pertenecen a la materia administrativa, y puntualizó, surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre los institutos los obligados al pago de las pensiones y los trabajadores. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 3/2010, de la Novena Época, de número de registro 165492, del rubro siguiente: "PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN" Por tanto, al existir una relación administrativa entre la peticionaria del amparo en su carácter de jubilada y la autoridad responsable Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, es inconcuso que dicho ente público puede crear, modificar o extinguir situaciones motu proprio, por lo que sus actos resultan controvertibles mediante el medio de defensa denominado juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en razón de que su reúnen los requisitos para su procedencia. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el caso emana de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, el que fue creado mediante decreto doscientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco. Cuyo objeto según lo prevé el artículo 2º del decreto en cita es el de establecer, organizar y sostener planteles o extensiones necesarios, que se justifiquen para impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato, expedir certificados de estudios y otorgar constancias de capacitación para el trabajo, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Morelos. Razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito, pues el acto reclamado deriva de una autoridad diversa de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. De esta forma, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser modificado o revocado mediante el juicio aludido, en términos de los numerales 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." En ese sentido, el acto reclamado sí tiene la naturaleza de administrativo, además de provenir del Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar la omisión reclamada, a fin de que pueda ser controvertido en términos del citado artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues a través del juicio de nulidad se puede controvertir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, que la parte quejosa hace consistir en la omisión de pagar el aumento porcentual correspondiente de su pensión por cesantía de edad avanzada que la homologue al salario mínimo general vigente que corresponde al Estado de Morelos para el año dos mil diecinueve, acto que reclama al Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. En el caso la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. En efecto, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues los actos impugnados pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. Máxime que el plazo para otorgar la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo, pues de su artículo 43 se advierte que una vez turnada la demanda, el Magistrado Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar auto que la admita, aclare o deseche, y en sus artículos 109 se lee que la Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto de admisión, cuando así se hubiere solicitado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que se reciba la demanda. Así, de la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, por lo que resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos, condiciones o temporalidad que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la 2a./J. 19/2015 (10a.), Décima Época, de número de registro 2008807, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Circunstancia que implica que el quejoso está obligado a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en el artículo 1° de la referida legislación administrativa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 114 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro siguiente: Libro 17, Abril de 2015, Tomo I: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sin que obste a lo anterior que si bien el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; sin embargo, dicho requisito es aplicable para los casos de naturaleza positiva, esto es los que implican un hacer y en el caso, se reclama la omisión de las autoridades responsables a realizar el pago de su pensión jubilatoria en los términos que reclama la quejosa, de manera tal que se está ante la presencia de un acto de naturaleza omisiva y por tanto, no le es exigible que esté fundado En adición a lo anterior, debe destacarse, que de conformidad con el preinvocado artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, las omisiones de las autoridades administrativas que lesionen los intereses de los particulares, son impugnables en juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, de ahí que la parte quejosa deba agotar dicha instancia previamente a acudir al juicio de amparo; puesto que al constreñirse al quejoso a cumplir con el principio de definitividad, no se le obliga a agotar un medio ordinario de defensa improcedente al caso que propone, sino uno que con apego a la ley es aplicable al caso concreto. Respecto a la diversa hipótesis de excepción relativa a cuando el peticionario del amparo alega únicamente violaciones directas a la constitución; debe decirse que la recurrente no las alegó (violaciones directas a la constitución), pues de la demanda de amparo se desprende, además de estimar vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 17 y 123 constitucionales, controvierte la cumplimentación de su acuerdo jubilatorio expedido mediante decreto número mil setecientos diecinueve publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el tres de mayo de dos mil diecisiete, expedido de conformidad con los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; lo que evidencia que no se actualiza el supuesto de excepción. Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 94, del Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD". También al caso debe citarse, la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 177279, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, del siguiente rubro y texto: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Por lo que ve a la última hipótesis de excepción tocante a que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento, ella tampoco cobra vigencia, puesto que como se señaló con antelación el medio ordinario de defensa consistente en juicio de nulidad está previsto en una ley, específicamente en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Por tanto, al no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, la quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad previo a promover juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Similar criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver en el expediente de amparo en revisión 195/2019 de su índice. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por BERENICE HERNÁNDEZ ARTEAGA, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en su cuarto considerando. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoyveintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en que las labores de este juzgado así lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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