Berenice González González

Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
681/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Berenice González González

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ------------, ----------, ---------------y ---------------, todos por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia que realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, ordinal 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de referencia, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral expediente laboral SAT303/2012, de su estadística. En ese sentido, este juzgado considera que en el caso no es procedente otorgar vista con el informe y constancias, toda vez que de su revisión se observa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Del precepto legal parcialmente trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción, continuación y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que la parte quejosa se duele de la omisión en la que ha incurrido la responsable al no proveer lo conducente a sus escritos presentados en el expediente laboral SAT303/2012, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el que medularmente peticionó se giraran los oficios respectivos para llevar a cabo el embargo de cuentas bancarias de la parte demandada a fin de garantizar el laudo emitido en ese asunto y el diverso de catorce de agosto de dos mil veinte, por el que solicitó se actualizarán las cantidades a que fue condenada la parte actora. En tanto que, si de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, se desprende que mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral de referencia, la Sala responsable acordó lo conducente a los escritos que presentó la aquí quejosa el veintiocho de febrero y catorce de agosto, ambos de dos mil veinte, y al efecto actualizó y autorizó requerimiento de pago y embargo por la cantidad ahí precisada, por lo que fijó fecha y hora para la diligencia respectiva, además, por lo que respecta al primero de los escritos acordó que no era dable acordar de conformidad la solicitud de la promovente en relación a que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Plataforma Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA), en razón de que la ejecución del laudo emitido en el procedimiento laboral de origen, debe llevarse conforme a lo establecido en el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y notificó dicha determinación a las partes por boletín laboral. Por lo que, al tenor de dichas constancias resulta inconcuso que en la especie cesaron los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que quedó totalmente destruida, puesto que al dar contestación a los escritos de la parte quejosa que presentó el veintiocho de febrero y catorce de agosto, ambos de dos mil veinte, se hizo desaparecer algún perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dicha omisión no hubiere invadido la esfera jurídica de la misma. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Además, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes la presente determinación. Notifíquese personalmente a las partes, en el entendido que a la parte quejosa deberá realizarse por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por ser el domicilio procesal señalado en el asunto.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, -----------, -----------, y -----------, todos por propio derecho, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; con fundamento en los artículos 103, 107, fracción VII Constitucionales; 1°, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, así como 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE en sus términos. Sin que obste para lo anterior el hecho de que, en el proemio de la demanda únicamente aparezca como promovente ---------; sin embargo, es un hecho notorio que la presente demanda la firman, además de la señalada, ------------------, -----------, y -----------, , por lo que se advierte su manifestación de voluntad para promover la demanda de amparo y se admite conforme a lo señalado en el párrafo que antecede. Precisado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 681/2020-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copia certificada, legible y completa, así como de las constancias que sirvieron de base, en su caso, para emitirlo, pues se estima serán necesarias para la resolución del asunto, con objeto de acatar el imperativo del artículo 17 de la Carta Magna, en el entendido que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, manifestando bajo protesta de decir verdad que constituyen su totalidad. Requiérase a la autoridad responsable para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberán manifestarlo a este juzgado federal. En atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se informa a la autoridad responsable que únicamente se les notificarán mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Ahora bien, dése a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde, la cual se deberá realizar de manera electrónica, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador que la representación social actualmente cuenta con su usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea. Por otro lado, respecto a la prueba presuncional legal y humana que refieren los quejosos, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional; no así, las documentales que refieren, toda vez que no adjuntaron documento alguno a su escrito de demanda. --- Asimismo, en términos del ordinal 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se pública en internet, y copia que de la misma se deje en el acceso de entrada del edificio donde se encuentra este órgano jurisdiccional.----- En ese sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. También, se tienen como autorizados de la parte quejosa, a las personas que indica, en los términos que precisa. Acorde a lo previsto en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, la utilización de medios electrónicos digitales para la consulta de este expediente. Por otra parte, en términos del numeral 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común en el presente asunto a Heidi Arlin Rojas Cano, sin perjuicio de que nombren a uno diverso durante el trámite del asunto. Además, toda vez que se proporcionó el nombre de usuario para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, a saber, obsyes777mx, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al Analista Jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice las gestiones necesarias. Adicionalmente, dado que a la fecha proporcionó una dirección de correo electrónico, se considera oportuno proveer al respecto, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo tanto, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico obsyes@gmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, sin que esto implique que tal medios se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las demás partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable, el correo electrónico institucional jesus.facio.rodriguez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, sin que haya lugar a formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Notifíquese personalmente, de manera electrónica, a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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