Berenice de los Ángeles Pacheco Olea
Expediente 311/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/04/2017
Partes del expediente
- Berenice de los Ángeles Pacheco Olea
- Consejo de la Judicatura del Poder Judical del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifico a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: "... Ensenada, Baja California, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que en la actual etapa de ejecución de la sentencia de amparo, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 4241, del Delegado de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento al fallo protector. Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó por lista a las partes, sin que efectuaran manifestación al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es ilustrativa, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, intitulada: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la empresa quejosa, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, de manera literal, para el siguiente efecto: "[.]Consecuentemente, advirtiendo a la luz del concepto de violación examinado, que los actos reclamados violan en perjuicio de la impetrante de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y a efecto de que no se sigan conculcando tales prerrogativas, se impone CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a BERENICE DE LOS ÁNGELES PACHECO OLEA, para que la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, deje sin efectos la resolución que dictó con fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dentro de la queja administrativa 44/2015, seguida en contra de la aquí quejosa, específicamente, en lo atinente a la sanción que se le impuso mediante apercibimiento por escrito, consistente en la prevención que en caso de que incurriera en una nueva falta se le aplicaría una o más de las sanciones establecidas en la ley de la materia. [.]". De igual manera, de autos se aprecia que la resolución constitucional en comento fue recurrida mediante recurso de revisión y, por proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio y anexos del secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, de los que se desprendía que, al resolver el amparo en revisión administrativo 12/2017, en estricto acatamiento a los considerandos base de la ejecutoria de dieciséis de febrero de este año, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la empresa quejosa, procediéndose a requerir a la autoridad responsable a fin de que cumplimentara el fallo protector. De la ejecutoria que dictó el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se establece que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable efectuara lo que a continuación se transcribe para efectos aclarativos: "[.] conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la determinación recurrida, y en su lugar emita una nueva en la que considere como base para el análisis de la conducta administrativa de la quejosa, que la actuación que desplegó se ve regida por lo dispuesto por el Código de Comercio, y por aplicación supletoria y en dicho orden resultan aplicables el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California (en caso de que los primeros dos ordenamientos no cubran el supuesto en estudio), a fin de que se analice correctamente el actuar a observar por el actuario para llevar a cabo una notificación personal, como en el caso se planteó en la queja administrativa en cuestión, pues no es posible analizar si la conducta administrativa de la quejosa fue correcta o si incurrió en alguna falta, apreciándola bajo una normativa que no regía su actuar al momento en que practicó la diligencia. [.]." De lo anterior se obtiene que los efectos de la concesión de amparo otorgada a la parte quejosa, consisten en que la autoridad responsable realice lo siguiente: Deje sin efectos la determinación recurrida, a saber, la que dictó en diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la queja administrativa 44/2015. En su lugar emita una nueva en la que considere como base para el análisis de la conducta administrativa de la parte quejosa, con base a la normativa que regía su actuar al momento en que practicó la diligencia objeto del procedimiento que se instauró contra la impetrante. Ahora, a fin de corroborar que los nuevos actos de la autoridad responsable sean congruentes con los efectos del fallo protector, se realiza un examen de las constancias enviadas por el Delegado de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante el oficio registrado con el número 4241, con valor probatorio pleno a la luz de lo dispuesto por los numerales 197 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la que se desprende en lo que aquí interesa lo siguiente: Dejó sin efecto la determinación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, que dictó en la queja administrativa 44/2015, de su índice. Y dictó una nueva determinación en la queja antes aludida el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en la que resolvió la situación base del procedimiento administrativo en vinculación a la parte quejosa. Con lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la Junta responsable cumplió cabalmente con la concesión de amparo, porque de conformidad con los lineamientos del fallo protector, específicamente el indicado en el punto uno (1), dejó insubsistente la determinación de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, que dictó en la queja administrativa 44/2015, ello con base al punto de acuerdo número 4.01 del acta de sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, en acatamiento al fallo protector, específicamente al punto dos (2), la autoridad responsable dictó la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en la que, con plenitud de jurisdicción consideró procedente la queja administrativa 44/2015, relacionada con la impetrante, y en consecuencia, observó la conducta que desplegó susceptible a valorar respecto al procedimiento administrativo que se instauró en su contra, y en esa medida, la sancionó conforme a lo que establece la fracción I del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, ello en atención específica a la normativa vigente aplicable al caso en particular, tanto en el ejercicio valorativo antes mencionado, como para resolver en la forma en que lo hizo. En efecto, la autoridad responsable concretizó en lo que aquí interesa, que el acta circunstanciada que efectúo la parte quejosa como actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Paz del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, base del procedimiento administrativo que se instauró en su perjuicio, incumplió con lo dispuesto por los artículos 1068, y 1068 bis párrafo tercero, del Código de Comercio concatenados con los diversos 309, 310, y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del código inicialmente expuesto, por la omisión de la fedataria judicial de cerciorarse de que la persona a quien va dirigida la notificación no estaba presente en el domicilio señalado para tal efecto. Asimismo, la autoridad responsable resaltó que el incumplimiento a los dispositivos expuestos en el párrafo anterior, colmó las hipótesis previstas en los numerales 116, fracción II, 129 fracciones II y VI, 131 fracciones I y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California; y por ende concluyó: En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes este órgano jurisdiccional estima que se colman los lineamientos contenidos en el artículo 14 Constitucional, por el que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, al haber emitido la autoridad responsable nuevos actos que evidencian una restitución de los derechos fundamentales de la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Consecuentemente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Finalmente, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se otorgó la protección de la Justicia Federal a la peticionaria de amparo, de conformidad con lo que expuso la Superioridad en los términos relatados en precedentes, de lo que destaca que al resolver el recurso de revisión respectivo, el órgano colegiado realizó una salvedad en la precisión de los efectos de la concesión de amparo; aunado a que no obran documentos originales; que no se tramitó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así también, que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y la determinación del órgano colegiado a que se hizo referencia en este proveído. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Jesús Eduardo Medina Martínez, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jaime Romero Gámez, secretario que autoriza y da fe....
- Principal
Ensenada, Baja California, siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Delegado de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; atento a su contenido, téngasele remitiendo en cumplimiento al fallo protector, copia certificada del punto de acuerdo número 4.01 del Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, y copia certificada de la resolución de treinta y uno de marzo del año en curso, recaída para resolver los autos de la queja administrativa número 44/2015. Con lo anterior, DÉSE VISTA a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, este juzgado de distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el entendido que de estar conforme con el cumplimento, deberán manifestarlo así personalmente ante este órgano jurisdiccional, presentando una identificación oficial. NOTIFÍQUESE.
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Ensenada, Baja California, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio y anexo de cuenta, que presenta el delegado de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa la diligencias ordenadas tendientes al cumplimiento del fallo protector y manifiesta que el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, mediante oficio que se anexa a la misiva que se atiende, hizo de su conocimiento que el Pleno de dicho órgano colegiado, señaló sesión de veintidós de marzo del año que transcurre para tratar la ejecutoria de amparo concedida por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos para constancia. Ahora, en atención que la misiva que se atiende, fue recibida vía ordinaria, y a la fecha del presente proveído ha transcurrido la fecha de la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, lo procedente es requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su notificación, informe a esta autoridad de amparo, el cumplimiento al fallo protector constitucional de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, cuyos alcances de la concesión se precisaron en el amparo en revisión 12/2017, del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, y envíe las constancias que así lo acrediten, a saber, para los efectos que a se transcriben a continuación: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la determinación recurrida, y en su lugar emita una nueva en la que considere como base para el análisis de la conducta administrativa de la quejosa, que la actuación que desplegó se ve regida por lo dispuesto por el Código de Comercio, y por aplicación supletoria y en dicho orden resultan aplicables el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California (en caso de que los primeros dos ordenamientos no cubran el supuesto en estudio), a fin de que se analice correctamente el actuar a observar por el actuario para llevar a cabo una notificación personal, como en el caso se planteó en la queja administrativa en cuestión, pues no es posible analizar si la conducta administrativa de la quejosa fue correcta o si incurrió en alguna falta, apreciándola bajo una normativa que no regía su actuar al momento en que practicó la diligencia. [.]" En apoyo se cita la tesis de la Sexta Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXX, cuarta parte, materia común, página cincuenta y ocho, cuyo rubro y texto señala: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Dictada una sentencia que concede el amparo, las autoridades responsables están obligadas a emplear todos los medios que la ley ponga a su alcance para restituir las cosas en el goce de las garantías violadas, y para esto debe restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, sin que puedan invocarse derechos de tercero, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, tratándose de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe pueden entorpecer la ejecución del fallo a pretexto de que se violen sus derechos." Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del término otorgado; o bien, comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193 párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Igualmente, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 192 de la ley de la materia, se precisa que no es procedente emitir un requerimiento adicional dirigido al superior jerárquico de la autoridad responsable, dado que en la especie, la responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece de superior jerárquico, por desempeñar una función de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, pues se encarga de la autonomía de los Órganos que conforman dicha Institución, y por la independencia e imparcialidad de los miembros de ésta última, en términos del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, por lo que cuenta con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, además de facultades y atribuciones propias para cumplir con sus fines. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta, del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al cual anexa los autos originales en que se actúa y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 12/2017, derivado del expediente de amparo indirecto 311/2016, promovido por Berenice de los Ángeles Pacheco Olea, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia de amparo sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a BERENICE DE LOS ÁNGELES PACHECO OLEA, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en la presente ejecutoria." Acúsese recibo al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguese a sus autos el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en razón de que la superioridad, resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa BERENICE DE LOS ÁNGELES OLEA, como se indicó en los párrafos que anteceden, lo procedente es REQUERIR a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de su notificación, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector constitucional de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, cuyos alcances de la concesión se precisaron en el amparo en revisión 12/2017, del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, y envíe las constancias que así lo acrediten, a saber, para los efectos que a se transcriben a continuación: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la determinación recurrida, y en su lugar emita una nueva en la que considere como base para el análisis de la conducta administrativa de la quejosa, que la actuación que desplegó se ve regida por lo dispuesto por el Código de Comercio, y por aplicación supletoria y en dicho orden resultan aplicables el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California (en caso de que los primeros dos ordenamientos no cubran el supuesto en estudio), a fin de que se analice correctamente el actuar a observar por el actuario para llevar a cabo una notificación personal, como en el caso se planteó en la queja administrativa en cuestión, pues no es posible analizar si la conducta administrativa de la quejosa fue correcta o si incurrió en alguna falta, apreciándola bajo una normativa que no regía su actuar al momento en que practicó la diligencia. [.]" En apoyo se cita la tesis de la Sexta Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXX, cuarta parte, materia común, página cincuenta y ocho, cuyo rubro y texto señala: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Dictada una sentencia que concede el amparo, las autoridades responsables están obligadas a emplear todos los medios que la ley ponga a su alcance para restituir las cosas en el goce de las garantías violadas, y para esto debe restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, sin que puedan invocarse derechos de tercero, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, tratándose de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe pueden entorpecer la ejecución del fallo a pretexto de que se violen sus derechos." Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del término otorgado; o bien, comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193 párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una MULTA de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Igualmente, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 192 de la ley de la materia, se precisa que no es procedente emitir un requerimiento adicional dirigido al superior jerárquico de la autoridad responsable, dado que en la especie, la responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece de superior jerárquico, por desempeñar una función de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, pues se encarga de la autonomía de los Órganos que conforman dicha Institución, y por la independencia e imparcialidad de los miembros de ésta última, en términos del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, por lo que cuenta con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, además de facultades y atribuciones propias para cumplir con sus fines. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.
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