Berenice Aviles Maguin

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Berenice Aviles Maguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales procedentes el oficio signado por el Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, y dos anexos que acompaña, uno de éstos consistente en un disco versátil digital. Atento a su contenido, se advierte que la autoridad da cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de diecinueve de mayo de este año; sin embargo, mediante acuerdo de veintiocho de junio pasado, se sobreseyó por auto este asunto, y causó estado el uno del presente mes; por tanto, devuélvase al juzgado el disco versátil digital, en virtud de que éste es innecesario en actuaciones. Notifíquese....

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto dictado el veintiocho de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó un acuerdo que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable de depuración el uno de agosto de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes lo de cuenta. En atención al oficio y anexo remitido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad del mismo nombre, téngasele enviando el diverso comunicado signado por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia, Actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, a través del cual da cumplimiento a lo instado por este órgano jurisdiccional mediante oficio 583 de catorce de marzo del año en curso, para lo cual remite cuatro discos versátiles (DVD), que contienen diversas diligencias y copia de la carpeta administrativa 74/2021 de su índice. Medios de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Respalda lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las constancias que integran la carpeta de investigación mencionada, se advierte que la autoridad responsable en diligencia de veinticuatro de septiembre del año en curso, decretó la suspensión del proceso por un término de treinta días y declaró la derivación del asunto a justicia alternativa, con el fin de que las partes se allegaran a una solución alterna, asimismo, la responsable ordenó la inmediata libertad de la imputada, aquí quejosa, quedando las partes notificadas por su sola conexión a dicha diligencia; de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Así, dentro del juicio de amparo que nos ocupa Jessica González Colorado, compareció en diligencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, ante este órgano jurisdiccional promoviendo en favor de Berenice Avilés Maguín, manifestando la citada inicialmente lo siguiente: En ese sentido, considerando que de las constancias que integran la carpeta administrativa 74/2021 del índice de la autoridad responsable en diligencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó la inmediata libertad de la imputada; ante tales consideraciones, ha existido un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al llevar a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Berenice Avilés Maguín, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en que se halla el proceso penal. Por tanto, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V, de Ley de Amparo, ya que a nada práctico llevaría continuar con el trámite de este juicio y esperar hasta la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, además, ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía constitucional de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterio obligatorio para quien esto suscribe en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y de acuerdo con su artículo Sexto transitorio siguen cobrando vigencia, pues si bien se integraron conforme con la Ley de Amparo anterior, su contenido no se opone al comprendido en la actual en el aspecto abordado. El sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que se estime procedente lo previsto en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, se dará vista al quejoso para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, dado que la finalidad de esa vista, es para que el impetrante de garantías aporte medios de convicción o exponga argumentos con los que se desvirtúe la causal, lo que no acontecerá en el caso, ya que el auto de libertad decretado que actualiza la causa de improcedencia invocada, no le produce perjuicio alguno, ya que aun cuando se tramite el asunto hasta el dictado de la sentencia, no podría decidirse sobre lo reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en el proceso. Apoya lo anterior, por la idea que contiene la jurisprudencia I.8o.P. J/2 (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2011905 de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA." Finalmente, en atención al telegrama remitido por el Juez de Control Penal Oral de Primera Instancia, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, téngasele informando que en diligencia de dos de mayo del año en curso, la responsable abrió audiencia e hizo constar la asistencia de todas las partes intervinientes dentro de dicha carpeta administrativa, validando sin oposición de las partes dicho acuerdo reparatorio, determinando que se extinguió la acción penal a favor de la imputada (aquí quejosa) y se decretó el sobreseimiento en la carpeta administrativa 74/2021 de su estadística; de lo que el suscrito toma conocimiento y no emite mayor pronunciamiento, toda vez que en esta data se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, acusando recibo del oficio 583-2 de catorce de marzo del año en curso, a través del cual se le requirió para que remitiera las constancias que integran la carpeta administrativa 74/2021; asimismo, informó que a solicitud de la representación social, fue fijada audiencia para solicitud de prórroga de cierre de investigación, para el día veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual previo a debate entre las partes, se decretó la suspensión del proceso por un término de cuarenta y cinco días, derivando el asunto a justicia alternativa, con el fin de que las partes se allegaran a una solución alterna; asimismo, la responsable ordenó la inmediata libertad de la imputada; de igual manera refiere que las partes lograron la firma del acuerdo reparatorio entre María Berenice Guadalupe Ramiro y Berenice Avilés Maguín, procediendo a fijar fecha de audiencia de validación de acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, la cual fue diferida para el dos de mayo del año en curso, debido a la excesiva carga de trabajo con la que cuentan esos juzgados; de lo que suscrito se dio por enterado, sin que hasta esta dada la autoridad responsable haya remitido las constancias relativas a dicho proceso. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones innecesarias, y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la citada responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este Juzgado de Distrito copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de la totalidad de la carpeta administrativa 74/2021, en virtud de que resultan indispensables para el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ocho, Tomo V -Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Con apercibimiento que, de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, lo que equivale a $9,622.00 pesos (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cien, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, el expediente no se encuentra debidamente integrado, por lo que, la audiencia que debería de tener verificativo el día de hoy, se difiere y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado hasta el uno de mayo de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Notifíquese por lista....

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