Bennybet Fermín Hernández
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bennybet Fermín Hernández
Actuaciones
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio de veinte de septiembre de dos mil veintitrés y (iii) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que las partes no comparecieron a alegar; por lo que, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 962/2023, promovido por su propio derecho ***, en contra del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ha sido omisa en: Acordar los escritos de fecha diez de enero y seis de septiembre, ambos del año dos mil veintidós. La falta de ejecución del laudo de fecha treinta de abril de dos mil quince. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, el treinta de abril de dos mil quince la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el juicio laboral ***/*** (*), dictó laudo definitivo en el cual se le condenó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca al pago de diversas prestaciones. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete se señaló fecha y hora para que la parte actora en el juicio de origen y el actuario se constituyeran el domicilio de la parte demandada para requerir el cumplimiento del laudo antes citado. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se le hace efectivo el apercibimiento al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca, ya que no dio cumplimiento al acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete, de igual forma, requiriéndola para que diera cumplimiento al laudo y apercibiéndola en caso de ser omisa. Por proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte demanda en el juicio de origen en el término de tres días para que exhiba la cantidad de $**** (**** PESOS **/*** M.N.) a favor de la quejosa ****, de conformidad a los resolutivos del laudo definitivo. La quejosa refiere que en fechas diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós, presentó dos escritos relacionados con la solicitud que requiere de cumplimiento del laudo que existe a su favor, sin que, hasta la fecha de la presentación de la demanda (18 de septiembre del presente año), la responsable haya emitido pronunciamiento alguno; omisión que constituye el acto reclamado. Por ello, considera que se viola en su perjuicio los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Bennybet Fermín Hernández, presentó su escrito de demanda el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó la omisión de la ejecución de laudo y de acordar los escritos de diez de enero y seis de septiembre ambos del dos mil veintidós, en el juicio laboral ***/*** (*) de su índice. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, se admitió la demanda el veinte de septiembre del presente año, donde quedó registrada con el número 962/2023, se requirió a la responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, dio la intervención correspondiente al representa social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión por parte de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Bennybet Fermín Hernández, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. LEGITIMACIÓN *****, está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues es la actora que instó el juicio a la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado de donde deriva las omisiones reclamadas. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el juicio laboral ***/*** (*), ha sido omisa en: Acordar los escritos de fecha diez de enero y seis de septiembre, ambos del año dos mil veintidós. La falta de ejecución del laudo de fecha treinta de abril de dos mil quince. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Es cierto el acto reclamado que se le atribuye al la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local y de Conciliación y Arbitraje en el Estado, puesto que al rendir su informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados, agregando que acordó los escritos de diez de enero y seis de septiembre ambos del años dos mil veintidós en el acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, asimismo, requirió al aquí tercero interesado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca para haga efectivo el cumplimiento del laudo, lo que se corrobora con la constancia que anexó a su informe justificado consistente en copias certificadas deducidas del juicio laboral ***/*** (*); documental a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedida en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2 de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que la responsable resolvió el asunto planteado; por ende, válidamente puede presumirse que los actos reclamados existían en la fecha de presentación de la demanda. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante, este juzgado constitucional tiene por ciertos los actos omisivos reclamados, porque a la fecha de presentación de la demanda -dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés-, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a pesar de haber acordado el diez de octubre del presente año, los escritos de diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós, así como el requerimiento que hace a la parte perdidosa en el juicio laboral de origen en el cumplimiento del laudo definitivo, lo cierto es que lo realizó después de la presentación de la demanda de amparo. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." VIII. PROCEDENCIA El Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que en relación a los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, la peticionaria de amparo reclama como acto destacado, la omisión de la autoridad responsable de ejecutar el laudo de treinta de abril de dos mil quince, así también, de acordar los escritos de diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral **/*** (*), del índice de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese orden de ideas, de las constancias que remite la autoridad responsable como sustento a su informe justificado, se desprende, lo siguiente: Que en auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad señalada como responsable dentro del expediente laboral ***/** (*), dictó auto de requerimiento de pago y acordó los escritos de diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, si bien es cierto, la parte hoy quejosa había presentado dos escritos de diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós, solicitando la ejecución del laudo, sin que la responsable se pronunciara al respecto, también lo es que por auto de diez de octubre del presente año, la Junta decretó auto de requerimiento de pago. (data posterior a la presentación de la demanda). Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de ejecutar el laudo de mérito y de acordar los escritos de diez de enero y seis de septiembre de dos mil veintidós, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, las omisiones reclamadas quedaron superadas, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de los actos de la autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre la ejecución del laudo y de acordar los escritos, lo anterior, atendiendo a lo resuelto por la responsable el diez de octubre de esta anualidad, dentro del expediente de donde emanan los actos reclamados en el presente juicio de amparo, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (dieciocho de septiembre del presente año), la autoridad responsable había dilatado su pronunciamiento en el juicio de origen. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Cabe mencionar que no es posible analizar de manera genérica la omisión o falta de ejecución del laudo de mérito, toda vez que la obligación de estudio, lo constituye aquellos actos señalados por la parte quejosa derivado de la necesidad de impulso e intervención del ejecutante en esa etapa del procedimiento laboral. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, Materia Común, Laboral, Décima Época, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto de los actos impugnados al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. IX. DECISIÓN Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra las omisiones reclamadas, por las razones expresadas en el apartado VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec,********************, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************De la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que con motivo del paro nacional de labores realizado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se declararon como días inhábiles los comprendidos en el período que abarca del dieciocho al veintinueve de octubre de la presente anualidad; por tanto, se suspendieron los términos y los plazos procesales durante ese lapso en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en razón de lo anterior, hasta esta data se dicta la presente determinación.********************Por otro lado, agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes.********************Ahora bien, del contenido del primer ocurso que el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo presentó se advierte que señala que la responsable Presidente de********************,********************, no cumplió el requerimiento de cinco de octubre del año en curso, dado que no proporcionó los datos solicitados, por lo que pide que se haga efectivo el apercibimiento formulado y se imponga en su contra la multa señalada en esa determinación; además, solicita que se requiera nuevamente a dicha autoridad que proporcione los datos de los integrantes del Ayuntamiento del citado municipio a fin de identificarlos y requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con el apercibimiento de ley en el caso de que no acate la prevención respectiva.********************Al respecto, téngase al promovente por hechas sus manifestaciones y en cuanto a las solicitudes que realiza se provee lo siguiente:********************Del estado que guardan los autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días que se otorgó a la responsable Jeremías López Cervantes, en su calidad de Presidente de********************,********************, en el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, dado que esa resolución judicial le fue notificada el seis de octubre posterior, como consta en el acuse de recibo del oficio 19911/2023 que se encuentra glosado en el expediente en el que se actúa, para que esa autoridad informara los nombres completos, los domicilios particulares, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las fechas de nacimiento de diversos servidores públicos que actualmente integran el Ayuntamiento de********************,********************, a saber, del Síndico Municipal y de los Regidores de Hacienda, de Educación y de Seguridad, por lo que debía exhibir las constancias en donde se advirtieran los datos que sustentaran el informe requerido a fin de estar en aptitud de identificar a los integrantes de ese ente colegiado municipal, sin que haya atendido la prevención indicada.********************En consecuencia, dada la contumacia de la autoridad municipal responsable señalada para cumplir el requerimiento de cinco de octubre del año en curso, en los términos señalados, lo cual impide identificar a todos los funcionarios que actualmente integran el Ayuntamiento de********************,********************, para que en el caso de incumplimiento de la ejecutoria de amparo se sancione a las personas físicas que integran a ese órgano de gobierno municipal y, en su oportunidad, la autoridad exactora pueda hacer efectivo algún medio de apremio que se imponga; aunado a lo anterior, el desacato a la citada prevención que se ha reiterado en múltiples ocasiones por esa entidad pública constituye un obstáculo para que se continúe la fase ejecutiva del fallo protector, sin que haya justificado la existencia de alguna imposibilidad jurídica o material para acatar tal requerimiento.********************En esa línea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en la resolución judicial de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se impone a la autoridad responsable Jeremías López Cervantes, en su calidad de Presidente de********************,********************, el medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, esto es, $82,992.00? (ochenta y dos mil novecientos noventa y dos pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad.********************Por otro lado, mediante un oficio que elabore con motivo de este proveído notifíquese a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de******************** Uno, con sede en la capital de esta entidad federativa, la presente determinación y el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, para que en el ejercicio de sus facultades proceda a hacer efectiva la multa impuesta a Jeremías López Cervantes, en su calidad de Presidente de********************,********************, quien tiene el carácter de autoridad responsable en este medio extraordinario de defensa.********************También hágase del conocimiento al referido ente fiscal que para que esté en aptitud de hacer efectivo ese medio de apremio impuesto a la autoridad responsable Jeremías López Cervantes, en su carácter de Presidente de********************,********************, en el ejercicio de sus atribuciones en la materia de recuperación de adeudos que el Estado tenga derecho a percibir en términos de lo dispuesto por el artículo 4, penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación y cuente con los elementos necesarios para ello que tiene el nombre, el cargo, el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio y la fecha de nacimiento siguientes:************************************************************Nombre****************************************Cargo****************************************Registro Federal de Contribuyentes****************************************Domicilio****************************************Fecha de nacimiento************************************************************Jeremías López Cervantes.****************************************Presidente de********************,********************.************************************************************.****************************************Calle ********************, de la colonia ********************, en********************,********************, con código postal********************.************************************************************.************************************************************En otro punto, se requiere a la autoridad exactora para que en su oportunidad informe a este Juzgado Federal el cumplimiento dado al citado mandamiento, por lo que deberá remitir físicamente copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todas las actuaciones que realice en la instrumentación del procedimiento administrativo de ejecución respectivo para hacer efectivo el medio de apremio impuesto a la responsable Jeremías López Cervantes, en su calidad de Presidente de********************,********************, bajo el apercibimiento que de no atender esta prevención se impondrá en su contra una multa por cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad conforme a lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.********************Se precisa que la misiva indicada deberá contener la inserción del presente acuerdo y del diverso de cinco de octubre de dos mil veintitrés; además, a esa comunicación deberán adjuntarse copias certificadas de los escritos y de los documentos que la Secretaría General de Gobierno de******************** exhibió el veintidós de junio y el tres de julio, ambas fechas de dos mil veintitrés, recepcionados en las determinaciones de veintiséis de junio y de cuatro de julio, ambas datas del año en curso, respectivamente, a fin de que la autoridad exactora puede ejercer sus facultades.********************Por otro lado, con fundamento en lo estatuido por el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Jeremías López Cervantes, en su calidad de Presidente de********************,********************, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente en el que surta efectos la notificación del comunicado que se elabore con motivo de este proveído informe los nombres completos, los domicilios particulares, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las fechas de nacimiento de diversos servidores públicos que actualmente integran el Ayuntamiento de********************,********************, a saber, del Síndico Municipal y de los Regidores de Hacienda, de Educación y de Seguridad, por lo que deberá exhibir las constancias en las que se adviertan los datos que sustenten el informe requerido a fin de estar en aptitud de identificar a los integrantes de ese ente colegiado municipal en los términos que establece la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN", la cual es obligatoria para este Tribunal de amparo conforme a lo estatuido por el numeral 217 de la Ley de Amparo, para que en el caso de incumplimiento de la ejecutoria de amparo se sancione a las personas físicas que lo integran y, en su oportunidad, la autoridad exactora pueda hacer efectivo algún medio de apremio que se imponga; además, la prevención indicada se formula para estar en aptitud de continuar la secuencia ejecutiva del fallo protector.********************Se apercibe al referido edil que de no atender el requerimiento indicado se impondrá en su contra una multa por el equivalente a ochocientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $88,179.00? (ochenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad en términos de lo prescrito por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.********************En diverso aspecto, en la segunda promoción señalada en la cuenta el autorizado de la justiciable asevera que la Administración Desconcentrada de Recaudación de******************** Uno no ha informado si hizo efectivas las multas a la autoridad responsable, por lo que pide que se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos y se requiera nuevamente a dicha autoridad fiscal que informe si ya hizo efectivos los medios de apremio impuestos al Presidente de********************, en esta entidad federativa, con el apercibimiento de ley.********************Al respecto, dígase al promovente que no es factible acceder a su pretensión de imponer a la Administración Desconcentrada de Recaudación de******************** Uno algún medio de apremio, porque no identifica el requerimiento o los requerimientos que en su consideración esa autoridad ha desatendido, sino que su manifestación es genérica, lo que impide constatar la situación que expone.********************Además, se tiene en cuenta que en este asunto se han impuesto distintas multas al ente responsable Presidente de********************,********************, y se han comunicado esas circunstancias a la autoridad exactora para que haga efectivos tales medios de apremio, pero no se soslaya que también se ha informado a esta última que la entidad pública municipal señalada ha interpuesto diversos recursos de queja en contra de las resoluciones en donde se impusieron en su contra distintas multas, con la precisión que una vez que se tenga noticia de las resoluciones judiciales que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, pronuncie en cuanto a esos medios de impugnación se comunicará tales circunstancias para que esté en aptitud de ejercer sus facultades económico coactivas respecto de los medios de apremio impuestos a la citada responsable; de ahí que era necesario que el autorizado de la disidente precisara a qué prevención o prevenciones se refiere para verificar si fueron atendidas o no por la entidad pública fiscal y la ausencia de esos datos impide jurídicamente emitir un pronunciamiento que atienda su pretensión.********************Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad judicial responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 962/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por ***, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de la autoridad, mismas que deberán ser corroboradas por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso que no rindan su informe justificado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. Por otra parte, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (DIF); por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se le gire, con copia simple de la demanda de amparo córrase traslado y emplácese a juicio constitucional al tercero; asimismo, se haga de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba por parte de la quejosa las documentales que acompaña a su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jaime Eliel Mayoral Gómez (cédula profesional 529382). Por otra parte, téngase como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a Julita Marina Cruz Martínez, Alma Delia Ángeles Ramírez, Giselle Mejía Solano y Alfonzo Cruz Martínez, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitó expresamente la quejosa. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.
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