Benjamine Claudia Ben Gurion Saint Hillien

Expediente 1247/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1247/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Benjamine Claudia Ben Gurion Saint Hillien
  • Bernadine Charles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. REQUIERE CONSTANCIAS Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para que rindiera el informe justificado solicitado en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte del acuse de recibo del oficio con el que se solicitó el mismo que obra a foja treinta. Por lo tanto, para que este órgano de control Constitucional, se encuentre en aptitud de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a dicha potestad para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se notifiquen del presente proveído, informen acerca de los actos que reclaman los quejosos Benjamine Claudia Ben Gurion Saint Hillien, Bernadine Charles por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales I.P.B.G.S.H. y remita copias certificadas, debidamente foliadas y selladas de las constancias 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA que soporten la constitucionalidad de los actos que se le reclaman. Apercibida que de no cumplir en el término indicado, o de no informar el impedimento legal que tuvieren para ello, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con los artículos 237, fracción l1 y 2592 de la Ley de Amparo [específicamente a la persona física que ostente el cargo público correspondiente]. Notifíquese.

  2. Incidental

    Glósese a los autos el oficio suscrito por la delegada de la Presidenta Constitucional de esta ciudad y anexos que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, se deja sin efectos los apercibimientos ahí decretados. En ese sentido, con fundamento en el artículo 66 y 67 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la oficiante, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a sus intereses legales convenga.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** promovido por********************, ******************** por proprio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con sede en Tapachula, Chiapas; sin la comparecencia personal o virtual de las partes. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes y da cuenta con la relación de constancias, entre las que destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 01-16 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 20-29 3 EMPLAZAMIENTO A AUTORIDADES RESPONSBALES 31 La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes previos: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tapachula, Chiapas. NO RINDIÓ INFORME. Asimismo, CERTIFICA: Que la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tapachula, Chiapas omitió rendir su informe previo aun cuando fue legalmente emplazada a juicio como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos [foja 31]. La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y certificación que anteceden para los efectos a que haya lugar. Por otro lado, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que la parte quejosa aportó los siguientes medios de convicción. NO PARTE PRUEBAS FOJAS 1 QUEJOSA DOCUMENTALES. 17-18 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por admitida y desahogada las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara cerrada dicha fase. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: Y se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se les tiene por precluido tal derecho. Ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************.******************** RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo los incidentistas señalan como actos reclamados los siguientes: La omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada por los quejosos; La expedición del documento de quince de septiembre de dos mil veintitrés, recaído a su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada de forma oral; La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor de los quejosos; La omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos; La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite; Así, solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a los impetrantes y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracciones X y XI de la Constitución General de la República, y el diverso numeral 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano de control constitucional conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la ley de la materia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, registrada con el número 242 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 198, que determina: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." SEGUNDO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Así, tenemos que el Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas (COMAR), con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe previo aun cuando fue legalmente emplazado como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 31), por lo que, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que de esta se reclama para el solo efecto de dictar la suspensión definitiva que nos ocupa. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de la autoridad responsable, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión provisional, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhibe copia del citatorio emitido por la autoridad responsable. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión provisional para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión provisional. DECISIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables expidan a la parte quejosa de forma provisional la constancia de trámite de reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique a la responsable que ha quedado firme la sentencia que se dicte en el juicio de origen. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la potestad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se le comunica a la referida potestad que la emisión de la constancia de trámite de reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto se RESUELVE: Único.- Se concede a********************, ******************** por proprio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, la suspensión definitiva solicitada contra los actos señalados en el resultando único, en los términos especificados en el considerando segundo del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. En virtud de que en el presente asunto se alude a menores de edad, únicamente se insertarán las iniciales de su nombre al momento de hacerse referencia a estos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III, denominado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 relativo a la "Privacidad", y 7 relativo a "Medidas para Proteger la Intimidad y Bienestar de Niñas y Niños y Adolescentes", primer párrafo, incisos a), c) y d), todos del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil catorce. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Benjamine Claudia Ben Gurion Saint Hillien, Bernadine Charles por proprio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA I.P.B.G.S.H., por propio derecho contra los actos que reclama del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con sede en Tapachula, Chiapas. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1247/2023-V-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Previo a la admisión de la demanda, es necesario puntualizar que del análisis integral de ese libelo, se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, lo siguiente: ? La omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada por los quejosos; ? La expedición del documento de quince de septiembre de dos mil veintitrés, recaído a su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada de forma oral; ? La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor de los quejosos; ? La omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos; ? La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite; Ahora, si bien es cierto la parte quejosa refiere temer que, como consecuencia de que no cuenta con visa y mucho menos con las constancias de trámite de la condición de refugiado, podrían alojarlos en alguna 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA estación migratoria para ser deportados, retornada o devuelta a su país de origen, también es cierto que la misma en el apartado de actos reclamados, manifiesta expresamente y haciendo hincapié que no es su deseo señalar como acto reclamado la deportación, por lo que no se decreta la suspensión de plano, respecto a tal acto. ADMISIÓN DE DEMANDA En ese contexto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora bien, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa por cuerda separada, en un cuaderno único. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a la autoridad responsable que 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se hace del conocimiento de la aludida potestad que: _En caso de que omita rendir su informe se presumirá cierto el acto reclamado que se le imputa. _En el informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, a los que deberá acompañar además, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se le sancionará con una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Al efecto, se informa a la autoridad responsable que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado con la finalidad de hacer llegar el informe y documentos que así estime conducente 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx; así como el fax: 962 62 61 84 1, en un horario comprendido de las nueve horas a las catorce horas con treinta minutos. Asimismo, se le comunica que si opta por usar alguna de las dos vías, deberá confirmar su recepción al número 962-62-6-18-41 en un horario de nueve horas a las catorce horas con treinta minutos. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA Finalmente, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el numeral 117, último párrafo de la ley de la materia; pues de no hacerlo, la consecuencia será la que dispone la parte final del diverso precepto 124 de la propia legislación. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión, y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN LEGAL AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 29 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se cita a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. PRUEBAS Atento de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se le hace saber a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su intención, la documental que anexa y refiere en su escrito de demanda, la cual desde este momento se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salua Teresa Paz Ortiz y David Silverio Ovalle Gómez, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas mediante los usuarios "SaluaJ" y "nimrodortiz", en el entendido que dicha autorización solo es para el presente asunto. Por lo anterior, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], el nombre de los usuarios antes referidos. Se tiene como medio de contacto no procesal el correo electrónico y número de teléfono celular que señalan en su escrito de cuenta. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. SE EXHORTA A JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese.

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