Benjamin Vieyra Salazar

Expediente 473/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
473/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Benjamin Vieyra Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. RADICACIÓN Por recibida la demanda de amparo promovida por *************** por propio derecho; contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 473/2021-VII. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que los actos reclamados son: La posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele esencialmente de la posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.". De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, como se indicó, el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye la posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del aquí quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues de la lectura de la demanda, no se advierte dato alguno en el sentido que el promovente sea objeto de algún acto de molestia o mucho menos, que vaya a ser objeto de una orden de aprehensión librada en su contra dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable, y su ejecución. Por ende, como se mencionó en líneas que anteceden, de la demanda de amparo no se desprende que el quejoso sea objeto de algún acto de molestia con el que se pretende privarle de su libertado mucho menos, que exista una carpeta de investigación instruida en su contra, sino que promueve su demanda de amparo como una prevención -lo que no es permisible- dado que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. En ese contexto, el quejoso hace derivar la orden de captura, únicamente con el temor de ser objeto de la misma, sin que del resto del contenido del libelo constitucional se advierta que actualmente se haya emitido un acto de autoridad en concreto dirigido al peticionario de amparo, consistente en una orden de aprehensión librada en contra del quejoso en la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable, y su ejecución. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, toda vez el quejoso en el capítulo de antecedentes manifiesta bajo protesta de decir verdad que fue citado para que el cuatro de junio del año en curso, para la continuación de la audiencia de formulación de imputación, en la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable; en la que teme se libre orden de aprehensión en su contra, por lo que dicho temor no es fundado y a consideración del suscrito, no es inminente que se libre el mandato de captura, ni es cierta su realización al momento en que se promueve la demanda de amparo. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías.". Resaltando el hecho de que la posible orden de aprehensión librada en su contra, no constituyen hechos reales, sino únicamente es probable que acontezcan, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el posible mandamiento de captura, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la orden de captura e invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto legal 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Benjamín Vieyra Salazar, por propio derecho; contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Lo anterior, sin tenor como domicilio procesal el correo electrónico señalado para tales efectos, pues no es un medio contemplado por la Ley de Amparo. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios a del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mireya Robles Arenas; asimismo, de manera restringida a los diversos señalados, únicamente para los efectos precisados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VII QUEJSO AVISO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE DOS DE JUNIO DE ESTE AÑO Por recibida la demanda de amparo promovida por *************** por propio derecho; contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 473/2021-VII. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que los actos reclamados son: La posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele esencialmente de la posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.". De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, como se indicó, el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye la posible orden de aprehensión que se llegue a dictar en su contra, dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del juzgado responsable, y su ejecución. Luego, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del aquí quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues de la lectura de la demanda, no se advierte dato alguno en el sentido que el promovente sea objeto de algún acto de molestia o mucho menos, que vaya a ser objeto de una orden de aprehensión librada en su contra dentro de la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable, y su ejecución. Por ende, como se mencionó en líneas que anteceden, de la demanda de amparo no se desprende que el quejoso sea objeto de algún acto de molestia con el que se pretende privarle de su libertado mucho menos, que exista una carpeta de investigación instruida en su contra, sino que promueve su demanda de amparo como una prevención -lo que no es permisible- dado que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. En ese contexto, el quejoso hace derivar la orden de captura, únicamente con el temor de ser objeto de la misma, sin que del resto del contenido del libelo constitucional se advierta que actualmente se haya emitido un acto de autoridad en concreto dirigido al peticionario de amparo, consistente en una orden de aprehensión librada en contra del quejoso en la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable, y su ejecución. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, toda vez el quejoso en el capítulo de antecedentes manifiesta bajo protesta de decir verdad que fue citado para que el cuatro de junio del año en curso, para la continuación de la audiencia de formulación de imputación, en la carpeta administrativa 676/2019 del índice del Juez responsable; en la que teme se libre orden de aprehensión en su contra, por lo que dicho temor no es fundado y a consideración del suscrito, no es inminente que se libre el mandato de captura, ni es cierta su realización al momento en que se promueve la demanda de amparo. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías.". Resaltando el hecho de que la posible orden de aprehensión librada en su contra, no constituyen hechos reales, sino únicamente es probable que acontezcan, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el posible mandamiento de captura, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la orden de captura e invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto legal 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Benjamín Vieyra Salazar, por propio derecho; contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Lo anterior, sin tenor como domicilio procesal el correo electrónico señalado para tales efectos, pues no es un medio contemplado por la Ley de Amparo. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios a del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mireya Robles Arenas; asimismo, de manera restringida a los diversos señalados, únicamente para los efectos precisados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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