Benjamín Vega García

Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
165/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Benjamín Vega García

Actuaciones

  1. Principal

    Súmese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario Auxiliar de Acuerdos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, para tal efecto remite copias certificadas de las constancias con las que acredita dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con una copia del oficio que se provee y su anexo, por el término de tres días computados a partir de la legal notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo se pronunciara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente....II

  2. Incidental

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 513/2017, los autos del juicio de amparo en que se actúa y dos tomos de pruebas. Acúsese de recibo a la superioridad. Ahora bien, por cuanto hace a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en los puntos resolutivos de la ejecutoria de mérito estableció: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Nelly Tapia Estrada, contra la sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, dentro del juicio de amparo indirecto 890/2017, conforme al considerando sexto de la sentencia recurrida." Consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, agréguense del cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio únicamente las constancias de las actuaciones posteriores a la remisión del mismo a la superioridad, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, con motivo de lo decretado en líneas precedentes, se ordena devolver al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, los dos cuadernos de pruebas consistentes en copia certificada de los tomos IV y V de la causa penal 123/2015. Sin que resulte necesario que acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hace el efecto del mismo.....IV

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 165/2018-I, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tal como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 125, en relación con el 128 de la ley de amparo, apertúrese el incidente de suspensión y tramítese por cuerda separada y duplicado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la ley reglamentaria invocada, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES En tal virtud, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe con justificación, que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, al que acompañaran las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la Materia, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que, de no hacerlo, en su oportunidad se les aplicará MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 238 y la fracción II, del artículo 260. Así también, requiérase su informe justificado a las autoridades responsables foráneas, en caso de existir, vía fax (442) 235 73 52 o mediante correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, preferentemente, sin perjuicio que deseen usar la correspondencia oficial común. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el séptimo párrafo del numeral antes invocado, NO PROCEDERÁ QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR EL INFORME PRETENDAN VARIAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NI QUE OFREZCAN PRUEBAS DISTINTAS DE LAS CONSIDERADAS AL PRONUNCIARLO, SALVO LAS RELACIONADAS CON LAS NUEVAS PRETENSIONES DEDUCIDAS POR EL QUEJOSO. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables, que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la ley de la materia referida, EN CASO DE OMITIR RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO RELATIVO, O EN SU CASO, DE LA COPIA CERTIFICADA COMPLETA Y LEGIBLE DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, se les aplicará MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 238 y la fracción II, del artículo 260 En tratándose de actos materialmente administrativos, y si en la demanda se aduce falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, requiérase el informe con justificación aludido conforme el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debiendo en tal caso la autoridad señalada como responsable complementar en esos aspectos el acto reclamado, bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo, en la sentencia que se dicte se podrá considerar que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración en términos del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo. De igual manera, hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. INFORME SOBRE SOBRESEIMIENTO Requiérase a todas las partes, para que en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, acompañando las constancias que lo acrediten; lo anterior, con apoyo en el numeral 64, de la ley reglamentaria invocada, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN al emitirse la sentencia, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 251 de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 245 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en el diverso artículo 5, fracción IV de la propia Ley de la Materia, en atención a que se garantiza mejor el conocimiento del asunto, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le compete, por medio de oficio. AUTORIDADES INEXISTENTES Apercíbase a la parte quejosa para que, en el supuesto de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda de amparo, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre ellas el señalar en forma precisa las autoridades responsables), sin ulterior acuerdo, se les tendrá como inexistentes y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa proporcione la denominación correcta de las autoridades responsables; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación del presente asunto; lo que guarda congruencia con el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, en su modalidad relativa a justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios al licenciado ENRIQUE ROCHER UGALDE; y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los demás nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1º.7 K (10ª.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10º.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido del Secretario de Acuerdos Asdrúbal Vargas Romero, quien autoriza y da fe.

  4. Incidental

    APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Vistos; con las dos copias simples de la demanda y como está ordenado en el cuaderno principal, de conformidad con el párrafo segundo del artículo Décimo Transitorio de la nueva Ley de Amparo, no obstante que hoy esté derogado, sin embargo es procedente su aplicación ultra-activa en caso de regir la relación jurídica respectiva, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 165/2018-I, promovido por *****, contra actos del Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1,14,16, 21 y 22Constitucionales. AUTORIDADES RESPONSABLES Pídase a las autoridades responsables sus informes previos en términos de la fracción III del artículo 138 en relación con el 140 de la referida ley, que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Informe en el cual, las autoridades se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes en caso de que así se determine. Así también, requiérase su informe previo a las autoridades responsables foráneas vía fax (442) 235 73 52 o mediante correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, preferentemente, sin perjuicio que deseen usar la correspondencia oficial común. Hágase del conocimiento de las responsables, que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 260 en relación con el 238 de la ley de la materia referida, EN CASO DE OMITIR RENDIR SU INFORME PREVIO SE HARÁN ACREEDORES A UNA MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. SUSPENSIÓN CONTRA ORDENES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD Con fundamento en el artículo 124, de la anterior Ley de Amparo, procede otorgar la suspensión provisional, para que el quejoso BENJAMIN VEGA GARCÍA, desahogue las diligencias en la averiguación previa o causa penal en ejercicio de su derecho de defensa, sin que esto signifique su detención ni de ninguna forma suspender el procedimiento de investigación y/o vigilancia que las autoridades señaladas como responsables estimen pertinentes en relación con el quejoso, ni el procedimiento de la averiguación previa correspondiente, quedando obligada la parte quejosa a presentarse ante la autoridad que lo reclame dentro del plazo de tres días, apercibida que de no cumplir con lo anterior dejará de surtir efectos la suspensión concedida y a su vez las autoridades deberán informar si hubo o no cumplimiento de esta obligación. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 109/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, Tomo I, Octubre de 2011, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto dice: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". También es aplicable al caso la jurisprudencia 86/2010, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Página 573, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". SUSPENSIÓN CONTRA LAS ÓRDENES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. (SISTEMA TRADICIONAL) Con apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 124, 124 bis, 136 párrafo cuarto y 138, de la anterior Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 16/97, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 226, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL", procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión y/o detención, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva, esto es: Si la orden reclamada fue emitida por una autoridad ministerial, para que el quejoso BENJAMÍN VEGA GARCÍA, no sea privado de su libertad personal, siempre y cuando no sea sorprendido en flagrante delito ni infringiendo reglamentos administrativos o disposiciones de policía y buen gobierno. En la inteligencia de que si la orden reclamada fue emitida en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo quinto de la Carta Magna, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea detenido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluido quedando a disposición de la autoridad ministerial responsable por lo que ve a la secuela del procedimiento respectivo. Si la orden privativa de libertad fue emitida por una autoridad judicial, para el efecto de que el quejoso BENJAMÍN VEGA GARCÍA no sea privado de su libertad personal y quede a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En la inteligencia de que si la orden de aprehensión se refiere a delitos que de acuerdo a la Constitución Federal y leyes ordinarias aplicables, prohíban o no autoricen por su gravedad, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar que sea recluida, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que ve a la secuela del procedimiento. SUSPENSIÓN CONTRA ORDENES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD (NUEVO SISTEMA) Con apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo en vigor, procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado a BENJAMÍN VEGA GARCÍA, consistente en la orden de aprehensión y/o detención, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva, esto es: Si las órdenes de aprehensión, dictadas por autoridad competente, la suspensión se concede para los siguientes efectos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en el lugar en que deba ser recluida en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Es aplicable la jurisprudencia 8/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro número 2003171, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, visible en la página 187, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos primero y segundo transitorios de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 y el 18 de junio de 2008, respectivamente, mediante los cuales se reformó, entre otros, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en lo relativo a que la prisión preventiva se ordenará oficiosamente respecto de los delitos expresamente señalados, se advierte que en el decreto de 2011 sólo se incorporó al catálogo de delitos el de trata de personas, sin derogar el referido artículo segundo, en cuanto a la vacatio legis para implementar en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio ni superar la condicionante impuesta a las legislaturas locales, del Distrito Federal y de la Federación, de emitir la declaratoria correspondiente. Por tanto, para resolver sobre la concesión de la suspensión provisional en los juicios de amparo promovidos en contra de órdenes de aprehensión, tratándose de delitos no previstos en el citado artículo 19 constitucional, los Jueces de Distrito deben sujetarse a las normas de la Ley de Amparo atinentes a la procedencia, efectos y medidas que han de adoptarse si se está en presencia de delitos graves así considerados en la legislación secundaria o de aquéllos no ubicados en esa hipótesis." II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, con las siguientes medidas de aseguramiento: Queda obligada la parte quejosa a presentarse ante la autoridad que los reclame dentro del plazo de tres días, en términos del artículo 138, último párrafo de la Ley en cita, a efecto de que rinda su declaración correspondiente, apercibido que de no cumplir con lo anterior, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, y a su vez las autoridades responsables deberán comunicar si hubo o no cumplimiento a tal obligación impuesta a la parte quejosa, sin que esta suspensión constituya obstáculo en su caso, para que las autoridades que se señalan como responsables, continúen con la investigación y la vigilancia que estimen pertinentes en relación con la quejosa. En la inteligencia que si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida en prisión preventiva por orden de autoridad competente y a solicitud del Ministerio Público, en razón de que se considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la imputada esté siendo procesado o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I; esto es, para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en el lugar en que actualmente se encuentra recluida en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. GARANTÍA Sin embargo, para que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos de manera provisional y discrecionalmente, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierten elementos de prueba que permitan tomar como base los mismos, se fija como garantía la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que deberá exhibir la parte quejosa ante este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, dentro de los CINCO DÍAS siguientes al de su notificación, atento a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo y 139 de la anterior Ley de Amparo, apercibida que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión, además de que se hará efectiva la garantía en favor del Erario Federal, en caso de que sea exhibida. La presente medida cautelar no surtirá efectos si se sorprende a la parte quejosa en flagrante delito o en caso urgente o bien se trate de una orden privativa de libertad dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y se otorga sin perjuicio de que con mayores elementos que las partes aportan pueda modificarse en todo o en parte conforme lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que para el otorgamiento de esta suspensión sólo se tomó en cuenta el peligro en la demora, los perjuicios que pudiera sufrir el particular con la ejecución de los actos y la clase y cantidad de actos y autoridades que la parte quejosa señaló; de ahí que las responsables al rendir su informe previo deben manifestar en forma expresa la naturaleza, modalidades y característica del delito por el que se emitió la orden privativa de libertad, los artículos que lo prevén y sancionan, el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias a imponer y si se trata o no de un delito grave, por lo que la obligación impuesta al quejoso de comparecer en el plazo de tres días ante la autoridad ministerial que lo reclame, será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió o pretende ejecutar. Tiene aplicación la jurisprudencial 107/2013, (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra y rubro dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIEMTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 124, 124 Bis, 130, 131, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, y en atención a la naturaleza, el objeto, los requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión de los actos reclamados y el principio de celeridad que rige en la suspensión, deriva que si el juez de distrito tiene la facultad de adoptar medidas de aseguramiento que estime pertinentes sobre el quejoso para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia con motivo de la suspensión, que llegue a concedérsele, es a dicho juzgador a quien corresponda, atendiendo a las circunstancias del caso, fijar el plazo para que aquél exhiba la garantía necesaria para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional concedida a su favor contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta su libertad personal, sin que dicho plazo pueda exceder el término de las setenta y dos horas siguientes al dictado del auto inicial que le otorga el referido artículo 131, para fijar la fecha para celebrar la audiencia incidental. AUTORIDADES INEXISTENTES Apercíbase a la parte quejosa para que, en el supuesto de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda de amparo, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre ellas el señalar en forma precisa las autoridades responsables), sin ulterior acuerdo, se les tendrá como inexistentes y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa proporcione la denominación correcta de las autoridades responsables; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación del presente asunto; lo que guarda congruencia con el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, en su modalidad relativa a justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios al licenciado ENRIQUE ROCHER UGALDE; y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los demás nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal....I

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