Benjamín Vázquez Corro

Expediente 1850/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1850/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Benjamín Vázquez Corro

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado por no presentada. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del catorce de octubre de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio del Delegado de las autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, a través del cual informa que el uno de octubre de dos mil diecinueve se realizó la entrega del cheque 18212, a quién indicó ser padre de la quejosa, por lo que adjunta copia certificada de la póliza del cheque indicado y de la carta poder respectiva, de lo que se toma conocimiento. En tal virtud, y vistos los autos, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por el Tesorero del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla y el Juez Calificador del Segundo Turno del referido municipio, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    ? Tercera interesada realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada ****cada vez que asiste a las terapias de integración se siente presionado por parte del personal que lo ha atendido, y se niega a seguir asistiendo debido a la insistencia en el sentido de tener que aceptar el contacto y la convivencia con el quejoso Ángel René del Valle Villanueva, y solicita se señale fecha y hora para que el menor E.V.I. comparezca a este recinto judicial a manifestar que no es su deseo convivir con su progenitor. ? Requerimiento a juez responsable. Ahora bien, es importante precisar que de autos se advierte que mediante oficio 3887 -foja 254- la juez responsable informó la determinación emitida el uno de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de origen 1310/2007 de su índice, en la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entre otras cosas, ordenó girar oficio a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de que ordenara a quien corresponda, se procediera a realizar terapias de integración familiar, para lo cual requirió presentar al infante y a su padre no custodio; esto es, para que ambos asistieran a las terapias. En ese orden, conviene precisar que uno de los puntos establecidos en la sentencia del trece de febrero de dos mil diecinueve, fue para el efecto siguiente: "(.) De manera adicional, ordenar el desahogo de terapias de integración, en las que se trabaje lo relativo a que el menor quejoso asimile la existencia de un padre, y su aceptación, aunado a que se trabaje sobre el beneficio que puede representar que se incorpore a su vida cotidiana a través de la convivencia, lo que deberá realizarse de manera previa a decretar un régimen de convivencia con el padre no custodio. En la inteligencia que, sólo cuando el profesional en psicología determine que ya puede ser oportuna la convivencia con su padre no custodio, entonces se podrá ordenar la ejecución del convenio relativo al régimen de convivencias, en la modalidad que se determine por dicho profesional. (.)" Sin que de autos se advierta que la juez responsable, cumple con lo ahí precisado. Lo anterior es así, toda vez que de las documentales remitidas por el Procurador de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y Director de Asistencia Jurídica DIF -foja 302-, se advierte que si bien se inició el proceso terapéutico 790/2019, las terapias llevadas a cabo fueron respecto del quejoso con su menor hijo, por lo que se evidencia que se le está imponiendo de manera tajante dicha convivencia al menor, que lejos de beneficiarlo, podría causarle un impacto negativo al asimilar dicha convivencia como una obligación o carga que debe cumplir aun en contra de su voluntad. De ahí que, que se estime necesario requerir nuevamente al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, a efecto de que realice lo siguiente: ? Ordene que realice un proceso terapéutico, en primer lugar, únicamente por lo que respecta al menor E.V.I. a fin de que se trabaje lo relativo a que dicho menor asimile la existencia de un padre, su aceptación, y además que se trabaje sobre el beneficio que puede representar que Ángel Rene del Valle Villanueva se incorpore en su vida cotidiana a través de la convivencia. ? Posteriormente, el profesional en psicología que lleve a cabo dichas terapias, deberá hacer del conocimiento del Juzgado responsable la determinación que emitió al respecto, lo que implica que se pronuncie respecto de si es o no viable que se lleve a cabo un proceso terapéutico respecto del menor con su padre no custodio. ? Por lo que, una vez que el Juez responsable cuente con dicha información, en el supuesto de ser viable -llevar a cabo un proceso terapéutico con el quejoso y el menor E.V.I., -, se procederá con las terapias correspondientes. ? Y sólo cuando el profesional en psicología determine que ya puede ser oportuna la convivencia con su padre no custodio, entonces se podrá ordenar la ejecución del convenio relativo al régimen de convivencias, en la modalidad que se determine por dicho profesional, por lo que es hasta ese momento en el cual, se determinará si es o no oportuna la convivencia con su padre no custodio. En la inteligencia que dichas terapias deberán ser graduales y en la modalidad que determine el profesional que lleve a cabo el proceso terapéutico; por ejemplo, que al inicio sea una vez a la semana y asistido de una persona de confianza del menor, y posteriormente incrementar el número de convivencias o su duración, pero se insiste, la modalidad deberá ser determinada con base en las recomendaciones que emita el profesionista en psicología, que haya practicado las terapias de integración. Lo que conlleva al hecho que como se dijo en líneas anteriores, la Juez responsable asuma una conducta procesal activa en el juicio de origen, a fin de tutelar el interés superior del menor, y en ese caso, ejecutar lo convenido por los padres, esto es, ordenar que se desarrollen terapias de integración con el menor, de manera previa a ordenar la convivencia con el padre no custodio. En el entiendo que deberá acreditar que formuló los requerimientos y apercibimientos necesarios a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, así como a la progenitora del menor a efecto de hacer cumplir su determinación, esto es, apercibir a las partes con las medidas de apremio que estime pertinentes para el caso de que alguno de ellos no asista a la diligencia programada sin causa justificada, y en específico a la madre del menor, para que presente tanto al menor a la valoración a la cual será consultado. Asimismo, conviene precisar que en ningún momento la decisión del Juzgado responsable estará encaminada a que forzosamente se decrete un régimen de convivencia, pues se reitera que sólo cuando la profesional en psicología determine que ya puede ser oportuna la convivencia con su padre no custodio, entonces se podrá ordenar la ejecución del convenio relativo al régimen de convivencias, en la modalidad que se determine por dicha psicóloga. Bajo ese panorama, lo procedente es requerir nuevamente al Juez responsable para que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, cumpla con lo antes indicado e informe la determinación que emitió al respecto, debiendo acreditar que giró los oficios correspondientes a fin de cumplir con lo aquí precisado. En el entendido de que queda vigente el apercibimiento decretado en proveído del ocho de marzo de dos mil diecinueve, el cual comprende la imposición de una multa, la remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y, en su caso, la separación de su cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Por otra parte, toda vez que la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, es quien en su caso determinará lo que en derecho corresponda, en relación a la procedencia de la medida precautoria -régimen de convivencia con el padre no custodio-, y de las cuestiones que ahí ocurran, indíquese a la parte tercera interesada que las manifestaciones que precisa en su ocurso de cuenta, las deberán de formuladas antes la autoridad responsable de mérito. Por lo cual, se ordena remitir a la Juez responsable copia del ocurso de cuenta, a efecto de que provea lo conducente en relación a las peticiones de la parte tercera interesada. Finalmente, resulta importante destacar que tal como se precisó en la sentencia emitida en autos, resulta de especial trascendencia que la Juez responsable asuma una conducta procesal activa en el juicio de origen, a fin de tutelar el interés superior del menor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por oficio al representante especial del menor.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno de original del incidente de suspensión, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y se negó la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Asimismo, no es necesario requerir a las partes para la devolución de documento original ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya no son necesarias las constancias que en copia certificada -tomo I- el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, acompañó a su oficio 1894 recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, consecuentemente, devuélvanse dichas constancias a la referida autoridad, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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