Benjamín Valenzo Cantor
Expediente 1621/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1621/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Benjamín Valenzo Cantor
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el cual fue notificado el nueve del mismo mes y año, por medio de lista, razón por la cual a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, dado que las autoridades respectivas se encuentran gozando de su segundo período vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanuden sus labores haga entrega de los oficios que deriven del presente asunto.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117, de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo su informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9, de la ley de la materia se tiene como su delegado a la persona que menciona. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******, a través de su apoderado legal Fausto Tavira Solís, personalidad que acredita en términos de las documentales que para tal efecto exhibe, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1621/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: "(.) A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS responsables les reclamo: LA OMISIÓN DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA ORDEN GIRADA POR LA PRIMERA RESPONSABLE DE RETENER Y DEPOSITAR LA CANTIDAD EMBARGADA A LA DEMANDADA, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo antes trascrito, se aprecia que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En esa virtud, conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que las normas generales u omisiones que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Atendiendo a lo expuesto, si en el caso concreto, de la demanda de amparo se desprende que el impetrante de amparo reclama la omisión de dar cumplimiento a la orden girada por el Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de retener y depositar la cantidad embargada a la demandada; tenemos que en la especie, que Banco Santander, Sociedad Anónima, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, BBVA México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima de Capital Variable y la Comisión Bancaria de Valores, no pueden tener el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque las relaciones contractuales entre el quejoso y las instituciones bancarias mencionadas son llevadas a cabo en su carácter de sujetos de derecho privado, como particular, por ende no actúan con imperio, por lo que en el particular, no están investidas con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una cuestión particular; esto es, se ubica en un plano mercantil respecto al ahora quejoso, pues se tiene una relación bancaria. Ante ello, resulta evidente que a través de la promoción del juicio de garantías se intenta combatir un conflicto que surge dentro de la relación mercantil existente entre las autoridades señaladas como responsables y el peticionario de amparo, por lo que esta instancia resulta a todas luces improcedente, en virtud de que los actos reclamados no provienen de autoridad para efectos del juicio de garantías. Resulta exactamente aplicable al caso concreto, la Tesis Aislada identificada con el número I. 1º.A. 13 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Marzo de 2014, página 1887 (registro 2005986), de tema y texto: PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule." Asimismo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 223, del Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO DERIVA DE UNA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTIAS. Es improcedente el amparo si el acto reclamado consiste en la negativa del Procurador General de Justicia del Estado a reinstalar en el cargo a un agente de la policía judicial, pues tales actos no son de autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino que derivan de la relación laboral, en la cual el Estado, despojado de imperium, actúa como patrón cuyas diferencias deben dirimirse ante el Tribunal de Arbitraje de la entidad. En ese orden de ideas, al haber quedado de manifiesto que Banco Santander, Sociedad Anónima, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, BBVA México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC México Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima de Capital Variable y la Comisión Bancaria de Valores, en el caso concreto, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del amparo, es evidente que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto, se DESECHA PARCIALMENTE la demanda de amparo promovida por Benjamín Valenzo Cantor, a través de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, únicamente por cuanto hace a dichas autoridades y por el acto que se les atribuye. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda por cuanto hace a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y por el acto que en esta vía se reclama. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Se tiene como tercero interesado al Colegio de ***** residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las personas que para tal efecto menciona. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta al escrito de demanda, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26, de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis.
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