Benjamin Sotero Piña

Expediente 1547/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1547/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Benjamin Sotero Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés del año en curso, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. En el entendido que en el presente asunto no se exhibió garantía alguna (billete de depósito, póliza, etc.), y/o documento diverso que obre en la caja de seguridad de este Juzgado de Distrito. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). ...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 361/2023-III de su índice, derivado del exhorto 104/2023-VII (orden 120/2023-VII) deducido del presente juicio, donde se solicitó notificar al quejoso ********************, el proveído de cinco de octubre pasado (fojas 20 a 27). Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se tiene por notificado al citado quejoso del proveído de referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, a través del cual remite los autos originales del cuaderno de amparo ******************** que contiene la demanda promovida por ********************por propio derecho contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. Radicación. Con el oficio de cuenta y la demanda y los autos originales del cuaderno de amparo ********************; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 1547/2023-VII. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: El acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el expediente ********************, relativo al juicio sobre controversia del orden familiar, a través del cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el diverso auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés que admitió a trámite la demanda. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ... Desechamiento. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y de orden preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del 61 de la Ley de Amparo, que a la letra se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo. A su vez, el primer párrafo del artículo transcrito, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra relacionado con los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Además, de la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el expediente ********************, relativo al juicio sobre controversia del orden familiar, a través del cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el diverso auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés que admitió a trámite la demanda, misma que la quejosa aduce le fue notificada el siete de septiembre del año en curso. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, la quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto que reclama. Ahora, en el caso a estudio, se debe precisar que la ley que rige el acto lo es el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, el cual en su artículo 1.149 establece lo siguiente: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación. De dicho precepto legal se establece que los plazos comenzarán a computarse al día siguiente de practicada la notificación correspondiente. De ahí que en el caso el plazo para impugnar la resolución reclamada transcurrió del ocho de septiembre al dos de octubre de dos mil veintitrés, con exclusión de los sábados y domingos por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; luego, si la demanda de amparo que dio origen al presente se depositó en el Buzón Judicial correspondiente a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el tres de octubre del año que transcurre, como se advierte de la papeleta de turno, su presentación resulta extemporánea conforme a la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo se haya presentado ante la responsable el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, pues tal circunstancia no interrumpe el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación, tomando en consideración que el quejoso tenía conocimiento de la vía intentada, hecho que se deduce al haberse redactado el escrito inicial en términos del artículo 108 de la ley de la materia y haberse dirigido al Juez de Distrito de Amparo que por razón de turno corresponda en el Estado de México pues es evidente y objetivo que la intención del impetrante no fue la de promover juicio de amparo en la vía directa, por lo que tal acontecimiento corresponde a una patente equivocación en cuanto a la presentación material de la demanda. ... Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo y con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por ********************por propio derecho contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por notoriamente improcedente. ... Notifíquese por medio de exhorto al quejoso.

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