Benjamín Sandoval Valdés
Expediente 1624/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1624/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Benjamín Sandoval Valdés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 de dicho Acuerdo General. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por ********************, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el recurso de revocación que interpuso en contra del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, no ha sido resuelto. Que el acto que le atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social proviene de la orden original dada por la señalada Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, y que el primer descuento a sus percepciones se llevó a cabo el quince de noviembre de dos mil veintidós. En esas circunstancias, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en auto de treinta y uno de octubre de los corrientes. En esas circunstancias, vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada ********************, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar, Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México (autoridades ordenadoras), y del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta capital (autoridad ejecutora); que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTOS RECLAMADOS DEL C. JUEZ PRIMERO DE ORALIDAD FAMILIAR TURNO MATUTINO DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL EL ESTADO DE YUCATÁN: El acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que solicita a la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, cancele la pensión alimenticia decretada a su cargo, y la omisión de acordar una pensión alimenticia a cuenta de la tercero interesada ********************, como la progenitora no custodia. DE LA JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO: El acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que omite pronunciarse respecto a cancelar la pensión alimenticia que se decretó a su cargo en el expediente ********************. Y como consecuencia de ello, la omisión de girar el oficio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dejen de descontarle las cantidades que se fijaron a su cargo en concepto de pensión alimenticia, lo que ocasiona que dicho Instituto le siga descontando la pensión alimenticia que se estableció a su cargo. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso, por lo que se refiere al acto reclamado por el quejoso al JUEZ PRIMERO DE ORALIDAD FAMILIAR TURNO MATUTINO DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL EL ESTADO DE YUCATÁN, relativo al acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que solicitó a la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, la cancelación de la pensión alimenticia establecida a cargo del aquí quejoso, y la omisión de acordar un pensión alimenticia a cuenta de la tercero interesada ********************, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que SE DEBA DESECHAR DE PLANO la misma por dichos actos, de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. En este orden de ideas, es de precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que ahí se indican, el juicio de amparo es improcedente cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior contiene de modo implícito, el principio de definitividad, que no es otra cosa, que la obligación de agotar el recurso ordinario que proceda antes de promover el juicio de amparo; que acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Así, en tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del acto que reclama el quejoso, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo. Sobre el particular, el recurso de revocación está previsto en los artículos 423 al 426 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, los cuales disponen: Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: Resuelva excepciones; No admita pruebas; Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Interposición de la revocación fuera de audiencia Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Irrecurribilidad de la revocación Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. De los citados artículos, se desprende que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También disponen en lo que aquí interesa, que tratándose de autos o decretos dictados fuera de audiencia, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Señalan que interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Establecido lo anterior y de conformidad con dichos numerales, el acuerdo en el que se solicitó a la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, la cancelación de la pensión que decretó a cargo del aquí quejoso, así como la omisión de fijar una pensión a cuenta de la tercero interesada señalada, resulta impugnable mediante el recurso de revocación, el cual tiene por objeto que el propio Juez del conocimiento confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. Por lo que en congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si el mencionado ordenamiento aplicable prevé el recurso de revocación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. Ello es así, ya que de la lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que al promovente le reviste el carácter de parte en el juicio de origen y que en el juicio precisamente se dictó el auto impugnado con motivo de la solicitud que le realizó a la juez del conocimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Es importante señalar que en el caso no se actualizan las excepciones al referido principio de definitividad, por lo siguiente. En efecto, los actos impugnados no importan privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Finalmente, la parte quejosa no es tercera extraña, ya que es parte del juicio de origen. En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad; por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de manera que la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación en contra del auto de veintidós de septiembre del año en curso, dictado por la Juez Primero de Oralidad Familiar turno matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario oral familiar de pérdida de la patria potestad, guarda y custodia identificado con el número ********************, en el que solicitó a la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, la cancelación de la pensión que decretó a cargo del aquí quejoso, y omitió fijar una pensión a cuenta de la tercero interesada señalada. DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, por lo que se refiere a los actos reclamados por el quejoso a la JUEZ DÉCIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, consistente en el acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que omitió hacer pronunciamiento alguno respecto a cancelar la pensión alimenticia que cobra la tercero interesada ********************, en el expediente ********************, y como consecuencia de ello, la omisión de girar el oficio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dejen de descontarle las cantidades que por concepto de pensión alimenticia se fijaron a su cargo. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;". El precepto transcrito alude a la circunstancia de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado que se encuentre pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo, o dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se provoca por la existencia y promoción simultánea del recurso o medio ordinario y el juicio de amparo. De lo anterior, se colige que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción de amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta de que los medios de defensa, el ordinario y el constitucional, por vías separadas, podrían culminar con resoluciones contradictorias. Precisado lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el promovente hechas bajo protesta de decir verdad, se advierte el aquí quejoso interpuso revocación en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, y que la Juez Décimo Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, lo admitió a trámite. Ahora, a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, resulta necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando al resolver el juicio de amparo; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Las consideraciones expuestas se encuentran contenidas en la jurisprudencia que se cita a continuación, la cual por identidad jurídica con el marco normativo establecido de la Ley de Amparo vigente, se estima aplicable al caso: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". El primer requisito señalado en el inciso a), consistente en que deba ser la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicita el amparo, se satisface en el caso, debido a que de autos consta que fue el quejoso quien interpuso revocación en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que aquí se controvierte, pues así lo manifestó bajo protesta de decir vedad en su escrito aclaratorio; por tanto, es evidente que el objeto del recurso de revocación es el mismo que el propio quejoso impugna en el presente juicio. Por lo que respecta al segundo requisito establecido en el inciso b), consistente en que el recurso se haya admitido y se esté tramitando al resolverse el juicio de amparo, también se satisface, ya que el quejoso con la misma protesta de decir verdad manifestó que la autoridad responsable admitió el recurso, sin que a la fecha hubiese emitido la resolución correspondiente. Por lo que hace al tercer requisito citado en el inciso c), relativo a que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, se satisface, porque el recurso que promovió la parte quejosa es el medio idóneo que procede contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. En efecto, el acto reclamado deriva de un procedimiento familiar de guarda y custodia, en el cual es aplicable el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, aplicable en el trámite del procedimiento del que deriva el acto reclamado, se establece: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Como se ve, en la legislación citada prevé el recurso de revocación como el medio de defensa que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto impugnado, y que es el medio idóneo de impugnación del auto veintinueve de mayo de dos mil veintitrés reclamado, para lograr su insubsistencia legal. En estas condiciones, como el quejoso interpuso un medio de defensa contra el acto impugnado en el presente juicio de amparo, el cual se encuentra pendiente de resolver por medio del recurso de revocación, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Lo anterior, pues el objeto de la causa de improcedencia que se actualiza es, como antes se dijo, que no se tramiten simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución, a fin evitar resoluciones contradictorias. En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en el caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2005917, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estas condiciones, se reitera, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII y XIX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el telegrama relativo al oficio DGAJ/14425/2023 del Director de lo Contencioso, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, que remite en atención al requerimiento que se efectuó en proveído de veintiocho de agosto del año en curso; lo anterior, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio, por lo que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, la autoridad de cuenta informa a este juzgado que remitió por la vía postal dicho oficio junto con los anexos necesarios para justificar el mismo, de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, y anexos, mediante el cual, informa las gestiones realizadas en acatamiento al fallo protector dictado en el presente asunto, del que se advierte que el mismo se encuentra en vías de cumplimiento. Asimismo, solicita una ampliación del plazo otorgado en auto de cinco de octubre del presente año, a fin de que dicha autoridad dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, SE ACUERDA: no habiendo impedimento legal para acceder a lo solicitado, se le concede a la responsable un término de quince días hábiles siguientes al en que quede legalmente notificada del contenido de este acuerdo, para que den cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoria de mérito dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; quedando, por tanto, subsistente el apercibimiento contenido en auto de cinco de octubre del presente año. Notifíquese y cúmplase.
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