Benjamín Salvador Jiménez
Expediente 635/2017 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/06/2019
Partes del expediente
- Benjamín Salvador Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los presentes autos, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; asimismo, hágase saber a la parte quejosa y tercera interesada que cuentan con un plazo de quince días, para interponer inconformidad, en contra de esta resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan el oficio de cuenta, y anexos que se acompañan, por medio del cual remite copia certificada de la interlocutoria del incidente de falsedad de documentos y de la sentencia definitiva, ambas emitidas el dos de mayo de dos mil diecinueve, con las que manifiesta la autoridad responsable dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesadas, haciendo entrega de copia íntegra de las constancias que ha remitido la autoridad responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que de no desahogar la vista, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, mediante el cual el magistrado presidente de la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicita la remisión de los autos originales del juicio de nulidad 4963/14-11-01-4, así como del diverso 8250/10-11-03-4, que se encuentran en este tribunal para la substanciación y resolución del recurso de revisión fiscal 41/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, lo anterior, para poder estar en posibilidades de acatar lo resuelto en la resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, en la que se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Atento a su contenido, devuélvanse los autos originales del juicio de nulidad 4963/14-11-01-4, así como del diverso 8250/10-11-03-4, a la sala oficiante, para que esté en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento citado, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Por último, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede, por única vez, una prórroga de diez días, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, hecho lo anterior, devuelva los autos originales de los juicios de nulidad 4963/14-11-01-4 y 8250/10-11-03-4, al recurso de revisión fiscal 41/2019 de nuestro índice, para que este tribunal colegiado esté en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de abril de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que sólo la parte quejosa ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional resolvió conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para que la responsable realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la sentencia reclamada, así como la dictada en el incidente de falsedad de documentos. Luego, siguiendo los lineamientos precisados en esa ejecutoria, dictara una nueva resolución en el incidente de falsedad de documentos, en el que valorara adecuadamente los dictámenes periciales del actor y del perito tercero en discordia desahogados en ese incidente; además, de que valorara las documentales ofrecidas en esa etapa por el actor. Hecho lo anterior, emitiera una nueva resolución en el fondo, en la que reiterara que se configuró la negativa ficta y resolviera lo que en derecho correspondiera, observando en todo momento el contenido del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En cumplimiento a dicha ejecutoria, en primer orden, mediante oficio 11-1-1-3402/19, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la responsable transcribió el acuerdo de esa fecha, en el que determinó, en lo que interesa, lo siguiente: (.) Por otra parte, esta Sala, en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, como un principio de ejecución, deja insubsistente la sentencia de fecha 02 de octubre de 2017, así como la dictada en el incidente de falsedad de documentos de 02 de mayo de 2017. (.). De lo anterior, se observa que la responsable cumplió con el primer lineamiento dado en la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio 11-1-2-5882/19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, la responsable remitió copias certificadas de las sentencias dictadas en el incidente de falsedad de documentos y en definitiva, ambas de esa misma fecha. En la resolución relativa al incidente de falsedad de documentos, en el quinto considerando, la responsable analizó los documentos siguientes: la identificación del supuesto ********************, que fue exhibida por la autoridad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el contrato de depósito bancario de dinero a la vista, celebrado por la institución financiera ******************** y un supuesto ********************; y la hoja de firmas con nombre y Registro Federal de Contribuyentes de ********************. En este sentido, la sala responsable señaló que en el agravio TERCERO, el actor afirmó que los contratos relativos a las cuentas bancarias ******************** y ********************, y la respectiva hoja de firma eran falsos al ostentar una firma diversa a la suya, y haberse expedido con una identificación falsa, para lo cual el actor ofreció la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, e invocó como hecho notorio la resolución emitida por la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo ********************. En este orden de ideas, de la foja 67 a la 93 de la resolución dictada en el incidente de falsedad de documentos, se advierte que la responsable hizo una valoración de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, así como del rendido por el perito tercero en discordia al precisar lo siguiente: (.) Ahora bien, como lo resolvió el Tribunal de Alzada en la ejecutoria que se cumplimenta, este Órgano Colegiado estima conceder valor probatorio pleno, tanto al dictamen que rindió el perito del actor, como al perito tercero en discordia, pues de su contenido se advierten razones particulares formuladas por los expertos que generan convicción de las inconsistencias y diferencias entre los documentos dubitados y los indubitados. Se dice lo anterior, pues de la lectura integral que se efectúe a dichos dictámenes, se advierte que los especialistas tomaron en consideración las pruebas que obran en autos, así como los documentos que les fueron proporcionados por personal de la institución bancaria ********************. correspondiente a las cuentas bancarias números ******************** y ******************** abiertas en esa institución, a nombre de ********************, para concluir de manera similar lo siguiente: (.) Conforme a los lineamientos que precisó el Tribunal de Alzada, el contenido de los documentos antes referidos, permite sustentar que esos expertos llegaron a analizar el origen de las firmas que obran en los documentos, de las cueles se observó la firma que aparece en las documentales cuestionadas no provenía del actor, dado que no había coincidencia en cuanto a los rasgos gráficos y las características morfológicas que se ostentaron en las firmas dubitadas en relación con las indubitadas. Efectivamente, tanto el perito de la actora como el perito tercero, analizaron, entre otros documentos, las copias fotostáticas de las credenciales para votar con fotografía que exhibió la autoridad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la credencial para votar que exhibió el actor en el presente juicio, los contratos de depósito bancario de dinero a la vista y de préstamo en moneda nacional, así como sus hojas de firmas, correspondientes a las cuentas bancarias números ******************** y ******************** abiertas en la institución bancaria ********************., a nombre de ********************, que obran en autos, y los originales que les fueron proporcionados por funcionarios de dicha institución al acudir a sus oficinas. Además, los peritos tomaron en consideración las muestras de escritura de ********************, plasmadas en fechas 24 de febrero y 17 de noviembre de 2015, ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos, así como la información que obtuvieron de los oficios números******************** de 14 de mayo de 2012 y ******************** de 13 de junio de 2012, ambos expedidos por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, pues en ellos se precisaron los datos de registro en el padrón electoral, así como las diversas modificaciones en el citado registro y credenciales expedida por el Instituto, durante el año de 1991 a la fecha de emisión de esos oficios. Aunado a lo anterior, al adminicular las respuestas del perito designado por el actor y del perito tercero en discordia, con las documentales consistentes en los oficios números******************** de 14 de mayo de 2012 y ******************** de 13 de junio de 2012, ambos expedidos por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral -folios 366 a 368- así como en el informe rendido a través del oficio ******************** por el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral -folio 461- como lo resolvió el Tribunal de Alzada en la ejecutoria que se cumplimenta, se puede observar que los datos de la identificación objetada de falsa, frente a la identificación señalada como indubitable, son completamente distintos, según se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: (.) Así las cosas, resulta fundado el incidente de falsedad de documentos en estudio y, por lo tanto, se llega a la convicción de que la firma que calza el contrato de depósito bancario de dinero a la vista celebrado el 9 de enero de 2012 por la institución financiera ********************. y ******************** correspondiente a la cuenta ******************** con su respectiva hoja de firmas, así como la cuenta bancaria ********************, NO fueron firmados por ********************, sino por una persona que empleó una identificación falsa que contiene información alterada, como lo es, la firma, la fotografía, así como los datos registrados en el padrón electoral. Cabe mencionar que ******************** Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada y el Magistrado ******************** firmaron la resolución interlocutoria con las leyendas "Con los Resolutivos" y "A FAVOR CON LOS PUNTOS RESOLUTIVOS", respectivamente. Posteriormente, el uno de febrero de dos mil diecinueve, la sala responsable emitió una nueva resolución en cuanto al fondo del asunto, de la que se advierte en su considerando cuarto que reiteró lo determinado en cuanto a la resolución negativa ficta, luego declaró fundados los argumentos del actor en cuanto a que no había recibido el reintegro por la cantidad de $********************). De ahí, que la responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada y reconoció el derecho subjetivo del actor a la devolución de esa cantidad, en los siguientes términos: En consecuencia, procede declarar la nulidad del acto a debate, con fundamento en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto de que la autoridad emita una resolución en la que realice lo siguiente: Se abstenga de negar la devolución de pago de lo indebido en cantidad de $********************), por concepto de impuesto sobre la renta presentada por ******************** el once de febrero de dos mil catorce, por los motivos precisado en este fallo; y, Tomando en consideración el Formato Electrónico de Devoluciones con número de folio DC201406254 y sus anexos, devuelva dicho importe con sus respectivas actualizaciones e intereses, en términos de lo dispuesto por los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada deberá dar cumplimiento al presente fallo en un término de cuatro meses contados a partir de que éste quede firme. Con relación a la resolución que antecede, cabe destacar que, ******************** firmó "Con los resolutivos" y el Magistrado ******************** firmó "A FAVOR CON LOS PUNTOS RESOLUTIVOS". Con la resolución a que se ha hecho precedente referencia, mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve se dio vista a la parte quejosa y terceras interesadas, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera, razón por la cual, procede oficiosamente verificar si la autoridad responsable acató el fallo protector, y además, si existe exceso o defecto en su cumplimiento, acorde con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos en los puntos 2) y 3), de los efectos de la ejecutoria que concedió el amparo, pues dictó una nueva resolución en el incidente de falsedad de documentos, en la que valoró los dictámenes periciales del actor y del perito tercero en discordia desahogados en ese incidente, así como las documentales ofrecidas en esa etapa por el actor; y posteriormente, emitió una nueva sentencia en cuanto al fondo del asunto, en la que reiteró que se configuró la negativa ficta, y reconoció el derecho subjetivo a la devolución reclamada por el actor. Sin embargo, pese a lo anterior, que fue lo que hizo la responsable, se estima que los lineamientos de la ejecutoria no fueron cumplidos en su totalidad. Es así, porque como se vio, tanto en la resolución interlocutoria, como en la parte correspondiente a las firmas del magistrado ******************** instructor de la Tercera Ponencia, y la secretaria en funciones de magistrada instructora, de la Segunda Ponencia, ******************** estamparon su firma con la leyenda [A FAVOR CON LOS PUNTOS RESOLUTIVOS y Con los Resolutivos] respectivamente, con lo cual se interpreta que no existe fallo, porque sólo estuvieron de acuerdo con los resolutivos, más no con la parte considerativa, que es la que rige el fallo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número P./J. 133/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 36, cuyo rubro y texto son los siguientes: SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele. Además, de conformidad con lo que establece el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una sentencia se debe dictar por mayoría o por unanimidad y, en el caso, no existe un pronunciamiento en ese sentido que dé certeza jurídica al quejoso en cuanto a que los magistrados están de acuerdo en la parte considerativa del fallo. Por las razones expuestas, se declara que la ejecutoria de amparo no está cumplida. No pasan inadvertidas las manifestaciones que expuso el quejoso en el escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el que refiere no estar de acuerdo con la sentencia dictada en cumplimiento al fallo protector, las cuales se estiman atendidas con lo determinado en párrafos precedentes en cuanto a que no está acatada la sentencia de amparo. Se requiere cumplimiento Dado que la responsable incumplió la ejecutoria de amparo, procede requerirla nuevamente para que cumpla el fallo constitucional en todos sus términos, apercibida que, en caso de persistir en el incumplimiento, se seguirá el trámite correspondiente, que es el establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Es decir, se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito de que se decida por el Tribunal Pleno, sobre la aplicación de la sanción a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que consiste en que se resuelva sobre la inmediata separación del cargo de los magistrados integrantes de la Sala responsable. Infórmese a las partes, quejosa y tercero interesados, que conforme a los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, mismo que se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete al Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del tribunal Colegiado; por lo que, una vez que transcurra el término mencionado, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral 214 de la ley en cita. Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso, y mediante oficio a los terceros interesados. Con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 197 y 214 de la Ley de Amparo aplicables a los procedimientos de ejecución de sentencias de amparo, procédase en consecuencia e indíquese al Actuario Judicial de este Tribunal Colegiado que, una vez practicada la notificación correspondiente, lo haga saber de inmediato a la Presidencia de este Tribunal para los efectos de los trámites conducentes. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la Sala responsable, por medio de oficio para los efectos legales procedentes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La ejecutoria de amparo no está cumplida. Segundo. Requiérase el cumplimiento a la responsable, en los términos y bajo el apercibimiento constitucional, que quedaron precisados en esta resolución.
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