Benjamín Romero Mora
Expediente 836/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 13/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Benjamín Romero Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza de Distrito, con el oficio signado por la Juez Mixto de Paz del Municipio de Atlixtac, Guerrero, a través del cual devuelve diligenciado el despacho **********; en consecuencia, dése de baja en el Libro de Comunicaciones Oficiales de este juzgado federal y acúsese el recibo de estilo correspondiente, en razón de que por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciséis, se archivó el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, también debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible, porque se concedió la medida cautelar; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis, dejando sin efectos la medida cautelar decretada. Luego, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa para desahogar el requerimiento de uno de abril de dos mil dieciséis (fojas 640 a 641), a la fecha le ha transcurrido, tal y como se advierte de la certificación secretarial señalada al rubro. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de uno de abril de dos mil dieciséis, y por ende, se procede a dictar las consecuencias derivadas ante la falta de cumplimiento a lo prevenido. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que después de haberse ordenado el emplazamiento del tercero interesado ***********, en los domicilios que se advirtieron de las constancias que obran en autos hasta este momento, se aprecia que dicho emplazamiento no ha podido tener verificativo. Pues, por autos de ocho de septiembre y cinco de noviembre ambos de dos mil quince (fojas 203 a 204 y 220 a 221), se requirió al quejoso el domicilio cierto donde pudiera ser emplazado el tercero interesado ***********, empero, no fueron desahogadas dichas exigencias, y en ese tenor quedó sujeto a la prevención realizada en dichos proveídos. Luego, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 226 a 228) se decretaron las medidas de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al efecto se ordenó girar oficios a las dependencias correspondientes, para que en auxilio de la labores de este Juzgado Federal informaran si dentro de sus respectivos registros obraba algún antecedente a nombre del tercero interesado referido. De los informes de las autoridades requeridas no se encontró domicilio alguno donde pudiera emplazar legalmente al tercero interesado ***********. En ese sentido, como no se pudo localizar el domicilio de dicha parte procesal, este juzgado federal por auto de uno de abril de dos mil dieciséis (fojas 640 a 641), con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley en cita, por así disponerlo su artículo 2°, decretó el emplazamiento del consabido tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales deberían contener una relación suscinta de la demanda y se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la república mexicana. Edictos que se dejaron a disposición del quejoso en la secretaria de este juzgado, sin que hasta la fecha haya comparecido ante este juzgado federal a recibir los edictos relativos al emplazamiento del tercero interesado señalado en líneas anteriores, no obstante de encontrase legalmente notificado para ello, tal y como se aprecia de la constancia de autos (foja 646); y en ese tenor, los dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b) y 5º, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) III. Cuando no conste en auto domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado, Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso." El extremo que se contiene en la causa de improcedencia que sobreviene, se actualiza en el presente caso, virtud a que en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, hipótesis ésta que evidentemente no se actualiza en el sumario; también precisa el numeral invocado al principio de este párrafo, que el emplazamiento a juicio del tercero interesado, podrá realizarse mediante edicto a costa de la parte quejosa, si la investigación para conocer el domicilio no fructificara, supuesto este que se evidencia en las constancias, pues aún y cuando se realizó la investigación relativa, no se logró conocer el domicilio para que la tercera pudiera ser llamado a deducir sus derechos en el presente asunto, circunstancia por la cual mediante proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, se ordenó emplazarla a través de edictos, sin que tampoco se lograra el cometido, porque la parte quejosa no compareció ante este órgano de control constitucional, a recoger los edictos de trato, mismos que se le dejaron a su disposición en la secretaría de este juzgado por el plazo de veinte días hábiles (fojas 640 a 641). Luego, si se ordenó realizar la relación sucinta de la demanda y se estableció además su publicación de tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un Periódico de mayor circulación en la República Mexicana, habiéndose dejado a su disposición para que realizara su publicación, sin que hasta el momento jurídico procesal en que se actúa así lo hubiera acreditado; por ende, si del análisis sistemático del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º. Fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se infiere, que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, éste no los recibe para su publicación, ni exhibe la misma, cuando se realizara su entrega, lo que procede decretar en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de garantías en que se actúa, toda vez que incumple con el presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento (artículo 14 Constitucional) y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Por ende, sobreviene la causa de improcedencia de narras, pues con la no publicación de los edictos ordenados, quedaría paralizado el presente juicio de garantías, al arbitrio del impetrante de garantías, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto, ya que ello no es atribuible al Órgano de Control Constitucional, sino al propio quejoso de referencia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.64/2002, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, publicada en la página doscientos once, tomo XVI, Julio de dos mil dos, correspondiente al Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De ahí pues, que en el caso sea dable decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, por lo que resulta ocioso esperar la celebración de audiencia constitucional; por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada para trece horas con diez minutos del día de hoy (foja 654).
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías (foja 380); sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en virtud de que está transcurriendo el plazo de veinte días concedidos a la parte quejosa en auto de uno de abril de dos mil dieciséis, para que efectué las gestiones respectivas para la publicación de los edictos indicados en dicho proveído (fojas 640 a 641). En vista de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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