Benjamin Rodríguez Molina
Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Benjamin Rodríguez Molina
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el proveído de uno del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, en razón de la incompetencia planteada originalmente por este juzgado en auto de veintiséis de mayo del presente año. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso a), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente, por haberse declarado la incompetencia de este juzgado para conocer del asunto. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por ***, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos de trece de los corrientes, mediante el cual señala los antecedentes del acto reclamado; atento a ello, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos; en consecuencia, se provee: Vista la demanda de amparo que promueve el citado inconforme. Ahora bien, por ser una cuestión de orden público y por tanto de estudio preferente, se analiza en primer término lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, pues en caso de que se desprendiera de autos que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo del asunto. Así, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, incluido el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, respecto de lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que, atendiendo precisamente a dicha figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, imponen la obligación al Juez de Distrito, al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Así las cosas, el suscrito estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: La competencia se encuentra prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por el diverso 37 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del artículo antes transcrito, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en donde se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, en el que se haya presentado la demanda, será el competente para conocer de la demanda de amparo. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional es menester precisar los actos que se reclaman. Para lo cual, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la resolución que inicia el procedimiento de inscripción de transmisión de derechos de la marca número *** del signo distintivo "****" y diseño. Aunado a lo anterior, de que la parte quejosa únicamente señaló como autoridad como responsable en el presente sumario al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio oficial en Arenal número quinientos cincuenta, Santa maría Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16020, de la Ciudad de México, autoridad en que reside en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. De esta manera, precisó que opera una hipótesis de competencia distinta en aquellos casos en los que además de reclamarse la indicada diligencia, el quejoso también se duela de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena; pues es relevante considerar que en este caso, también se reclaman pronunciamientos judiciales y actuaciones que no necesariamente requieren de ejecución material. Asimismo, en dicha ejecutoria se señaló que del contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 36 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, puede afirmarse que cuando en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material y que se ejecutó mediante exhorto en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material y se dictaron por una autoridad que reside en la jurisdicción de otro juzgador federal. En principio, serán competentes para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. Sin embargo, a efecto de aclarar dicha ambigüedad, el Alto Tribunal resolvió que en tales casos (pluralidad de actos reclamados con y sin ejecución), la competencia se finca a favor del juez de amparo que haya previsto la demanda de amparo, por dos razones fundamentales: a) Acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado que sí requiere ejecución material ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. Criterio legal que, aplicado por igualdad de razón, permite sostener que si en la demanda de derechos fundamentales se reclama el emplazamiento a juicio ejecutado mediante exhorto en un distrito, y todo lo actuado en el juicio que implica la existencia de actos reclamados que no requieren ejecución material dictados por autoridad residente en otro distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, permite presumir que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material, respecto del otro juzgador de amparo involucrado. Sentado lo anterior, como se dijo, se estima que este órgano de amparo carece de competencia legal para conocer de la demanda de derechos fundamentales, en virtud de que si bien el suscrito previno al conocer de la presente demanda de amparo, lo cierto es que el acto reclamado carece de ejecución en el Estado de Tlaxcala, pues la resolución que en su caso ponga fin al procedimiento de origen, es meramente declarativo, el cual se tramita en la Ciudad de México. En mérito de lo expuesto, este Juzgado de Distrito declara que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto remítasele este expediente, solicitando el acuse de recibo correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copias certificadas de las constancias necesarias.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Ahora bien, previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión de la presente demanda, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes a la legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Único. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado de forma cronológica, ordenada y detallada, para lo cual deberá narrar los hechos que precedieron al acto que aquí reclama, entre ellos, deberá especificar: 1. Si se ha apersonado al procedimiento de origen; y 2. El estado procesal que guarda el procedimiento natural. Lo anterior, a fin de que este órgano de amparo cuente con mayores elementos en el juicio a fin de establecer con claridad la litis constitucional. En ese contexto, se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo ***, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa. Se apercibe a la parte promovente de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento en cita, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales. En la inteligencia de que, en caso de dar cumplimiento a la prevención realizada de forma física o mediante documento impreso, deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Por otra parte, como lo solicita expresamente la parte quejosa, háganse las notificaciones de éste y los subsecuentes proveídos en lista que se fije en los estrados de este juzgado, aún las de carácter personal; y como autorizado únicamente para esos efectos a ***, por petición expresa del promovente. Se tiene como correo electrónico ***, y número telefónico ***, los cuales, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizarán únicamente a efecto de entablar comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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