Benjamin Roberto Rodriguez Obregon

Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1331/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Benjamin Roberto Rodriguez Obregon
  • Jesus Alejandro Ochoa Holguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Juicio de Amparo 1331/2022-VIII En veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Incidente de Suspensión 1331/2022-VIII En veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el incidente de suspensión original y el duplicado son destruibles, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con veinte minutos tres de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que la parte quejosa formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por reproducidas sus manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Benjamín Roberto Rodríguez Obregón, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se trascriben: "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) con domicilio ampliamente conocido. IV.- ACTO RECLAMADO: En contra de la carta de presentación de fecha 15 de Agosto del año en curso, emitido por la DRA. FANY KARINA SEGURA LÓPEZ JEFA DE DIVISION DE INVESTIGACION EN SALUD DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), donde hace del conocimiento al Director IMSS con residencia en San Juanito Bocoyna Municipio del Estado de Chihuahua que a partir del 01 de Septiembre del año en curso, el suscrito estaré a su digno cargo, el cual quiero hacer mención que soy empleado del IMSS con residencia en esta ciudad desempeñando el cargo de médico cirujano, no obstante el suscrito no tengo ningún inconveniente en cambiar de residencia, pero recientemente en ese municipio se han presentado diversos acontecimientos de inseguridad que ponen en peligro la vida y más en el sector salud en donde el suscrito realizo mis labores, por lo anterior me causa severos daños y perjuicios y violaciones a mis derechos fundamentales a la vida y la seguridad jurídica". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, son los contenidos en los artículos 4 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1331/2022-VIII, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido el trámite del juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con los diversos 1/2019 y 3/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este caso se reclama un acto emitidos por una autoridad residente en esta localidad, lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio, mismo que es el siguiente: i). La carta de presentación de quince de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Jefa de División de Investigación en Salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hace del conocimiento al Director Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en San Juanito Bocoyna, Municipio del Estado de Chihuahua, que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso estará a su cargo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, toda vez que al rendir su informe justificado la autoridad responsable reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas con el acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la quejosa del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Procedencia del juicio constitucional. Previo al estudio del fondo, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Ahora, es importante destacar que del informe justificado el quejoso tiene el carácter de médico residente, lo cual se toma como base de la siguiente decisión. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que enseguida se reproducen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; sin embargo, de dicho precepto se advierte que el legislador definió las formas en que la autoridad puede realizar el acto que se le reprocha en el juicio de amparo, el cual invariablemente debe revestir las características de unilateralidad y obligatoriedad para ser considerado como acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que autoridad para los efectos del juicio de amparo, es aquella que tiene origen en una relación de supra a subordinación. Cabe destacar que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, consubstancial a la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de las demás materias y ramas del derecho. Además, el Máximo Tribunal de la Nación, ha establecido que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, esto es, cuando supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social y que actualicen una relación de supra a subordinación. Es pertinente destacar que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros actúan en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y el interés social se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo que supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad respectivos. Por su parte, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para tales efectos, debiéndose resaltar que la nota distintiva de las relaciones de coordinación consisten en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De igual modo, deviene pertinente destacar que tratándose de relaciones de coordinación, en el mundo fáctico es posible que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica; lo anterior, en razón de que los contratos entre particulares se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes, concediéndose derechos y obligaciones en forma bilateral, lo que, en su caso, genera que ante el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación a favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el caso, el quejoso en su carácter de médico residente del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclama la orden de realizar su servicio social en la ciudad de San Juanito Bocoyna, Municipio del Estado de Chihuahua. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.2/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013538, publicada en la página 608, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, en tratándose de actos relacionados con los médicos residentes; la cual es de rubro y texto siguiente: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." En la ejecutoria de la que emanó este criterio, la corte citó los artículos de la Ley Federal del Trabajo que rigen los trabajos de residentes médicos durante el periodo de adiestramiento de una especialidad y consideró que de acuerdo con las reglas que prevé, existe una relación de trabajador-patrón y, por ende, no una de autoridad. En ese sentido, al existir un criterio vinculante, debe considerarse que el acto que reclama el quejoso no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Aunado con lo anterior, la "Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas", aplicable al asunto, se advierte lo siguiente: "(.) 4. Definiciones Para efectos de esta norma se entiende por: 4.1 Guardia, conjunto de actividades descritas y calendarizadas en el programa operativo, adicionales a las que el médico residente debe realizar durante la jornada laboral, en la unidad médica receptora de residentes en la que está adscrito o asignado. 4.2 Institución de salud, toda organización con personalidad jurídica de derecho público o privado, con capacidad para ofertar servicios de salud y responder de su orden, estructura y prestaciones en uno o más establecimientos para la atención médica. 4.3 Jornada laboral, número de horas que en días hábiles, el médico residente debe desarrollar las funciones y actividades señaladas en el programa operativo de la residencia médica. 4.4 Médico residente, profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo. 4.5 Profesor adjunto, médico especialista adscrito en la unidad médica receptora de residentes, que coadyuva con el profesor titular en la planeación, conducción y evaluación de la residencia médica correspondiente. 4.6 Profesor titular, médico especialista adscrito en la unidad médica receptora de residentes, con nombramiento de la institución de educación superior, responsable de la planeación, conducción y evaluación de la residencia médica de la institución de salud correspondiente. 4.7 Programa académico, documento emitido por la institución de educación superior que contiene los elementos del plan de estudios de la residencia médica correspondiente. 4.8 Programa operativo, documento que describe las actividades que debe realizar el médico residente, para desarrollar el programa académico de la residencia médica correspondiente en las unidades médicas receptoras de residentes (APENDICE INFORMATIVO A). 4.9 Residencia médica, conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir el médico residente dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes. 4.10 Rotación de campo, conjunto de actividades de carácter temporal contenidas en el programa operativo que debe realizar el médico residente del último año de la residencia médica correspondiente. 4.11 Sede, principal unidad médica receptora de residentes, que cumple con la infraestructura, equipamiento y plantilla de profesores necesarios para que el médico residente pueda desarrollar la totalidad o la mayor parte de los programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente. 4.12 Sistema Nacional de Residencias Médicas, conjunto de dependencias e instituciones de salud responsables de la organización y funcionamiento de las residencias médicas para la formación de médicos especialistas, mediante la coordinación con instituciones de educación superior reconocidas y de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud. 4.13 Subsede, unidad médica receptor de residentes, en la que el médico residente puede desarrollar parte de los programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente. 4.14 Unidad administrativa competente, dirección general responsable de conducir la política nacional para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; de proponer, promover y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; de normar, controlar y evaluar la asignación de campos clínicos y becas de residencias médicas. 4.15 Unidad médica receptora de residentes, establecimiento para la prestación de servicios de atención médica o bien, áreas o servicios de las instituciones de salud que cumplen como escenario académico, en el cual los médicos residentes deben realizar las residencias médicas. 4.16 Unidad médica receptora de residentes para rotación de campo, establecimiento para la prestación de servicios de atención médica donde el médico residente debe realizar su rotación de campo durante el último año de su residencia médica, de acuerdo a lo establecido por la unidad administrativa competente y estipulado en el programa operativo correspondiente. 5. Disposiciones generales 5.1 Las relaciones entre los médicos residentes y la institución de salud de la que dependan las unidades médicas receptoras de residentes deben regirse por las disposiciones jurídicas aplicables, la normatividad institucional y las disposiciones de esta norma. 5.2 Las residencias médicas que se efectúen en las unidades médicas receptoras de residentes deben contar con el reconocimiento de una institución de educación superior. 5.3 La organización y el funcionamiento de las residencias médicas deben tener como base la celebración de un convenio específico de colaboración entre la institución de salud y la de educación superior, en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen. 5.4 La duración de la residencia médica debe ser por el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes. 5.5 El programa operativo debe incluir la rotación de campo en el último año de las residencias médicas de cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, medicina familiar y anestesiología, con una duración no menor de tres ni mayor de seis meses en unidades médicas receptoras de residentes de 30 camas censables o más. La unidad administrativa competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables determinará las demás residencias médicas que se deben incorporar a la rotación de campo. 5.6 No se deben autorizar cambios en residencias médicas. 5.7 Para coadyuvar a la organización y funcionamiento de las residencias médicas, los responsables de enseñanza de las unidades médicas receptoras de residentes debe desarrollar las siguientes funciones: 5.7.1 Mantener una relación funcional con las instituciones de educación superior que avalan las residencias médicas. 5.7.2 Planear y programar las actividades de enseñanza de las unidades médicas receptoras de residentes, que faciliten el cumplimiento de los programas académicos y operativos de todas las residencias médicas que se impartan en dichas unidades. 5.7.3 Colaborar en la elaboración y en el cumplimiento de los programas académicos y operativos de las residencias médicas. 5.7.4 Facilitar la utilización de los recursos existentes en las unidades médicas receptoras de residentes para el desarrollo de las actividades educativas. 5.7.5 Establecer los mecanismos de evaluación en las residencias médicas aplicables en la unidad médica receptora de residentes, de conformidad con las instituciones de educación superior en coordinación con el profesor titular. 5.7.6 Coordinar la evaluación de los médicos residentes con los jefes de servicio y profesores titulares de las residencias médicas. 5.7.7 Promover que los profesores de residencias médicas acudan por lo menos a un curso anual de actualización docente con valor curricular en instituciones nacionales o internacionales. 5.8 Las personas físicas, morales, representantes legales o la persona facultada para ello, en los establecimientos para la prestación de servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores público, social y privado, considerados como unidades médicas receptoras de residentes en los cuales se realicen las residencias médicas, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la conformidad respecto de esta norma, ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito. 6. Disposiciones para las unidades médicas receptoras de residentes (.) 7. Ingreso y permanencia en las unidades médicas receptoras de residentes del Sistema Nacional de Residencias Médicas (.) 8. Guardias 8.1 Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente. 8.2 Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio. 8.3 Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas. 8.4 En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud. 8.5 Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo. 8.6 El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes. 8.7 Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente. 9. Disposiciones para los profesores titular y adjunto (.) 10. Derechos de los médicos residentes De manera enunciativa y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, entre otros, son derechos de los médicos residentes, los siguientes: 10.1 Recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud. 10.2 Recibir los programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente y el reglamento interno de la unidad médica receptora de residentes donde está adscrito; así como la normatividad relativa a las residencias médicas. 10.3 Recibir la educación de posgrado, de conformidad con los programas académicos de la institución de educación superior y operativo de la residencia médica correspondiente; bajo la dirección, asesoría y supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos adscritos, en un ambiente de respeto. 10.4 Recibir trimestralmente por parte del profesor titular, las calificaciones de su desempeño en la residencia médica. 10.5 Contar permanentemente con la asesoría de los médicos adscritos al servicio, durante el desarrollo de las actividades diarias y las guardias. 10.6 Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo correspondiente. 10.7 Recibir alimentación durante la jornada de trabajo y en las guardias, de acuerdo al programa operativo correspondiente. 10.8 Recibir semestralmente dos uniformes y un par de zapatos blancos. 10.9 Utilizar los servicios de bibliohemeroteca y de apoyo didáctico existentes en la unidad médica receptora de residentes, ajustándose a la reglamentación correspondiente. 10.10 Utilizar las áreas de descanso durante las guardias. 10.11 Asistir a eventos académicos extracurriculares, cuando a juicio del profesor titular de la residencia médica, tengan utilidad en relación con los programas académico y operativo y se obtenga el permiso de acuerdo con las normas institucionales respectivas. 10.12 Recibir de la institución de salud la constancia respectiva, al concluir satisfactoriamente cada uno de los ciclos académicos establecidos en el programa académico. 10.13 Recibir el diploma de la institución de salud por concluir satisfactoriamente la residencia médica de que se trate, siempre y cuando se hubieran cumplido todos los requisitos que para tal efecto se establezcan en los programas académico y operativo. 10.14 Recibir de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica, según sus disposiciones en la materia, asesoría y defensa jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas con el desempeño de las actividades correspondientes a la residencia médica. 10.15 Realizar actividades de investigación en salud, bajo la asesoría y supervisión del profesor titular de la residencia médica, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la materia, por la institución de salud y la observación de tratados internacionales. 10.16 Recibir de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica, según sus disposiciones en la materia, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. 11. Obligaciones de los médicos residentes De manera enunciativa y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, entre otras, son obligaciones de los médicos residentes, los siguientes: 11.1 Cumplir las actividades establecidas en los programas académico y operativo correspondientes a la residencia médica. 11.2 Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destrezas adquiridas, de acuerdo con los programas académico y operativo correspondientes. 11.3 Realizar cuando menos un trabajo de investigación médica durante su residencia médica, de acuerdo con los lineamientos y las normas que para el efecto emitan las instituciones de salud, la institución de educación superior y la unidad médica receptora de residentes. 11.4 Participar, durante su adiestramiento clínico, quirúrgico o de campo, en el estudio y tratamiento de los pacientes o de las poblaciones que se les encomienden, siempre sujetos a las indicaciones y a la asesoría de los profesores y médicos adscritos de la unidad médica receptora de residentes. 11.5 Permanecer en la unidad médica receptora de residentes de adscripción, durante el tiempo determinado en el programa operativo correspondiente para el cumplimiento de la residencia médica. 11.6 Portar y utilizar correctamente el uniforme médico de acuerdo a las actividades, durante su permanencia en la unidad médica receptora de residentes. 11.7 Dar cabal cumplimiento al Código de Etica, el Código de Bioética para el Personal de Salud y el reglamento interno de las unidades médicas receptoras de residentes. 11.8 Respetar el rol de guardias de los médicos residentes de menor jerarquía calendarizadas en el programa operativo correspondiente, sin imponer guardias adicionales de cualquier denominación. 11.9 Cumplir, además de lo anteriormente mencionado con lo establecido en las normas oficiales mexicanas NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica; y la NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, así como todas aquellas relacionadas con la atención a la salud y su campo de especialización. 12. Inasistencias y permisos de los médicos residentes 12.1 La inasistencia de los médicos residentes por enfermedad, accidente, maternidad o cuidados maternos, en su caso, debe ampararse con el documento correspondiente, de acuerdo con las normas administrativas que para tal efecto existan en la institución de salud de su adscripción, atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.2. de esta norma. 12.2 Solamente la autoridad en turno de la unidad médica receptora de residentes podrá conceder permisos al médico residente para ausentarse de sus actividades, siempre y cuando se hagan por escrito." De dicha transcripción, tenemos que por residencia médica se entiende al conjunto de actividades que debe cumplir el médico residente dentro de una unidad médica receptora de residentes durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes. Igualmente, se define al Médico Residente como el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que fue seleccionado para realizar estudios de post grado dentro del Instituto responsable y que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con una residencia médica. La unidad médica receptora del referido Instituto, es aquélla en la que el médico residente puede desarrollar la totalidad o la mayor parte de los estudios y actividades contenidos en los programas académico y operativo correspondientes. Asimismo, se establece que los médicos residentes deberán cumplir las disposiciones normativas, los lineamientos y las políticas que se establezcan en las unidades médicas receptoras en las que desarrollen su residencia médica y apegarse a los horarios establecidos para tal efecto. Se precisan como derechos de los médicos residentes, entre otros: 1. Utilizar las áreas de descanso cuando no se encuentren en actividades correspondientes a la guardia o en su caso, dentro de los periodos de receso asignados; 2. Percibir la remuneración correspondiente a la beca, la cual dependerá del grado académico; 3. Recibir la alimentación completa, técnicamente balanceada y de buena calidad, en función de sus actividades; 4. Acceder a los servicios médicos que establece la Ley, mediante la aportación correspondiente del tres por ciento (3%) de su beca, 5. Recibir ropa de uso profesional, consistente en cuatro uniformes completos y dos pares de zapatos anuales, divididos en entregas semestrales de dos uniformes y un par de zapatos; 6. Recibir durante las guardias, alojamiento higiénico con los servicios sanitarios completos durante su estancia en la unidad médica receptora en las guardias, 7. Gozar de dos periodos anuales de vacaciones; de diez días hábiles cada uno, con excepción de los médicos residentes que cursen las especialidades en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y Radiooncología, que gozarán de tres periodos vacacionales de diez días cada uno; 8. Recibir el programa académico correspondiente a su especialidad, de conformidad con los planes y programas de las instituciones de educación superior e institucionales, bajo la dirección, asesoría, supervisión y compromiso académico del profesor titular y médicos adscritos; 9. Tener acceso a la biblioteca virtual y al Internet, siempre y cuando se cuente con los recursos en la sede o subsede; 10. Recibir el diploma de la especialidad correspondiente en un plazo de treinta días hábiles, siempre y cuando apruebe la evaluación final de la especialidad cursante en el Instituto y en la institución de educación superior, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes; Y las obligaciones de los médicos residentes son: 1. Cumplir las actividades establecidas en los programas académico y operativo correspondientes a la residencia médica. 2. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destrezas adquiridas, de acuerdo con los programas académico y operativo correspondientes. 3. Realizar cuando menos un trabajo de investigación médica durante su residencia médica, de acuerdo con los lineamientos y las normas que para el efecto emitan las instituciones de salud, la institución de educación superior y la unidad médica receptora de residentes. 4. Participar, durante su adiestramiento clínico, quirúrgico o de campo, en el estudio y tratamiento de los pacientes o de las poblaciones que se les encomienden, siempre sujetos a las indicaciones y a la asesoría de los profesores y médicos adscritos de la unidad médica receptora de residentes. 5. Permanecer en la unidad médica receptora de residentes de adscripción, durante el tiempo determinado en el programa operativo correspondiente para el cumplimiento de la residencia médica. 6. Portar y utilizar correctamente el uniforme médico de acuerdo a las actividades, durante su permanencia en la unidad médica receptora de residentes. 7. Dar cabal cumplimiento al Código de Ética, el Código de Bioética para el Personal de Salud y el reglamento interno de las unidades médicas receptoras de residentes. 8. Respetar el rol de guardias de los médicos residentes de menor jerarquía calendarizadas en el programa operativo correspondiente, sin imponer guardias adicionales de cualquier denominación. 9. Cumplir, además de lo anteriormente mencionado con lo establecido en las normas oficiales mexicanas NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica; y la NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, así como todas aquellas relacionadas con la atención a la salud y su campo de especialización. De todo lo anterior se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo, que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas, es el de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato. Así la circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Tiene sustento lo anterior, por lo motivos jurídicos que la conforman, la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en la página 35, Volumen 70, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Laboral, con número de registro 243757, que se lee: "RELACIÓN LABORAL, EXISTENCIA DE LA. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. De esta definición se advierte que el elemento esencial de la relación de trabajo, que permite distinguirla de otras relaciones jurídicas, es el de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato." En ese sentido, el médico residente en periodo de adiestramiento en una especialidad, es definido como el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que realiza estudios y prácticas de posgrado respecto de la disciplina de la salud a que pretende dedicarse, cumpliendo para ello con una residencia en Unidad Médica Receptora de Residentes. Igualmente, se establece que la unidad médica receptora de residentes, es el establecimiento en el cual se pueden cumplir las residencias y el concepto de residencia se fijó como el conjunto de actividades que un médico residente en periodo de adiestramiento en una especialidad realiza, dentro de una Unidad Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalan las disposiciones académicas correspondientes. De acuerdo con lo anterior, la residencia involucra un aspecto académico de formación con el adiestramiento y uno de tipo laboral; lo que se corrobora con lo dispuestos en los capítulos que prevén los derechos y obligaciones especiales. Así, la autoridad responsable a las que se atribuye el acto reclamado no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente al impetrante bajo una relación de igualdad procesal (al existir una relación laboral). Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos Asimismo, es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto aquí analizado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, éste último aplicado a contrario sensu, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, que los artículos 1º, último párrafo, en correlación con el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio constitucional procede contra actos de particulares, pues la procedencia de dicha hipótesis está condicionada a que éstos actúen como autoridades, lo que no ocurre, pues como ya se dijo, la relación entre el hospital, la autoridad responsable y el médico residente es de coordinación actuando en el mismo plano de igualdad y no de supra subordinación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el ocurso signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones en guisa de alegatos en este juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos de su intención, sin perjuicio de dar nueva cuenta con los mismos el día de la audiencia constitucional. Estado de autos. Por otra parte del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de siete de septiembre de la presente anualidad. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos1 , de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/20202 pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente3 Notifíquese.

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