Benjamín Ramos Cruz
Expediente 970/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Benjamín Ramos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que mediante aviso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábil el día diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Asimismo, mediante circulares SGP/02/2023 y SGP/04/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al oficio remitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que en asamblea extraordinaria urgente tomó la decisión de realizar el paro nacional de labores en toda la república a partir del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante ello, las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tomaron la decisión de declarar inhábiles dichos días y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales, por lo que, se estableció que sólo se atenderían casos urgentes en los órganos del poder judicial de la federación, entre los que se encuentran los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccional, sin que el presente asunto actualice alguna de dichas hipótesis jurídicas señaladas. Ahora, mediante circular 29/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a los comunicados firmados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en los que informó que tomó la decisión de prolongar el "paro nacional" hasta el próximo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se retomaron de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir de este lunes treinta de octubre, en la que se señaló que los titulares podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023. Por lo que, mediante aviso de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábiles los días veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Además, que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Jefa de Oficina para Cobros de la Subdelegación Manzanillo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Atento a lo anterior y a efecto de que ésta se imponga del contenido del mismo, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estime convenientes para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual la Jefa de Oficina para Cobros de la Subdelegación Manzanillo del Instituto Mexicano del Seguro Social, rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con las constancias presentadas por la autoridad responsable, fórmese el legajo de pruebas I. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de pruebas I. Ahora, en cuanto a su solicitud de acceso al expediente electrónico, en principio se tiene que en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece: "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad." Si bien es cierto, de la anterior transcripción es factible advertir que las partes pueden solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas también lo es el hecho de que se haga mención a dos posibilidades procesales no implica que la consulta no dependa de una notificación. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado a al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. En el mismo sentido es una carga la autorización para las notificaciones electrónicas, que incluso están previstas en la Ley de Amparo, artículo 30 que dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y [.]." De ahí que la teleología o finalidad del juicio en línea no es otra sino que las partes transiten a la actuación electrónica en lo que se denomina juicio en línea. Lo que no podrá tener éxito si quienes tienen la posibilidad tecnológica solo se interesan en el acceso al expediente electrónico, pero rechazan las notificaciones mediante la misma vía. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. Luego, una notificación personal actualmente es posible desahogarse con la presencia de una actuaria o actuario en el domicilio de la parte o en forma electrónica. De manera que al igual que el acceso al expediente de papel en el caso de una notificación personal implica que ésta se lleve a cabo para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia, en el mismo sentido de una notificación electrónica. Afirmar lo contrario dejaría completamente abierta la posibilidad de acceso al expediente electrónico. Es como si se le diera acceso al expediente de papel para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, pero sin que ello implique la notificación la cual como es sabido es el acto mediante el que se tiene certeza de conocimiento de la actuación y a partir de ésta dan inicio los plazos que se traducen en términos regulados en la Ley de Amparo en el artículo 22 que señala: "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." De lo anterior deriva que, en caso de dar únicamente acceso al expediente puede implicar que el órgano judicial no tenga la actuación de referencia para iniciar algún cómputo con la consecuente inseguridad para dar continuidad al procedimiento. De todo lo anterior se sigue que solo podría entenderse restrictivo que se acordara la notificación electrónica sin acceso al expediente electrónico, pero no a la inversa. Por lo que ve a la notificación electrónica y el conocimiento del acto por notificar que son concomitantes, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para consulta en medios electrónicos con el Registro digital:2020082, publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019. Tomo Ill, página 2247, cuyo texto es: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE ALVENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." En las condiciones apuntadas, el dar únicamente acceso al expediente electrónico traería como consecuencia un claro sentido contrario al desarrollo del juicio en línea que en las políticas procesales procura que se amplíe su uso para dar pauta a la atención personal y en domicilio para quienes no tengan las posibilidades tecnológicas. Por lo antes expuesto, y toda vez que la autoridad oficiante únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, pero sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso al expediente electrónico. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable foránea denominada Jefa de Oficina para Cobros de la Subdelegación Manzanillo del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rinda su informe justificado fenece el seis de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior y a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista.
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