Benjamín Ramírez Ibarra
Expediente 395/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Benjamín Ramírez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. V
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 395/2016-V, promovido por Benjamín Ramírez Ibarra, quien solicitó el amparo de los actos que reclama al Director del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes. R E S U L T A N D O: I. Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el quejoso de mérito, por conducto de Fernando Valdivia Landgrave, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en el artículo 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, previo ratificación, ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 395/2016-V, y se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la audiencia constitucional. III. La audiencia constitucional se celebró en los términos indicados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República y 107 de la Ley de Amparo, así como 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio, son los siguientes: El estado de incomunicación, tormento y tortura, que fue sujeto el quejoso, dentro del Centro de Reinserción Social para varones en el Estado. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Directora del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman (fojas 19-36). Negativa que se corrobora con las documentales que acompañó dicha autoridad responsable, entre las cuales se encuentran las siguientes: a) Informe del Departamento del Trabajo Social, de veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual le informan que el quejoso sí cuenta con visita de familiares. b) Informe del Encargado del Departamento de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado dirigido a la Directora del mismo, del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, en el hace de su conocimiento los días del mes en cita, que el interno tuvo visita de sus abogados. c) Certificado Médico practicado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por el doctor Dante Barajas López médico del Centro Penitenciario al quejoso Benjamín Ramírez Ibarra, en el que determina que al explorar el cráneo, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades superiores e inferiores, no se encontró lesión alguna. d) Examen mental realizado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por la encargada del Departamento de Psicología al quejoso, en el que concluyó que el interno está bien orientado, sin alteraciones en la sensopercepción, sin alteración en el pensamiento, con capacidad de análisis y síntesis de información adecuada y con buena capacidad de juicio. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; toda vez que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia con el rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.. Además de que dichas documentales no fueron controvertidas en su contenido por la parte quejosa. En consecuencia, no habiendo en autos prueba que desvirtúe tal negativa, y sin que la parte quejosa hubiese aportado medio de convicción alguno para controvertir el informe justificado rendido, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene apoyo también en la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, visible en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Cumplimiento a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Tomando en consideración que la parte quejosa, refirió haber sido objeto de tortura; por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo número 395/2016-V, promovido por Benjamín Ramírez Ibarra, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, en los términos puntualizados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante Pamela Olea Sandoval, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del dos de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegatos y expídasele copia certificada de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, previa razón que por su recibo se asiente en autos. V
- Principal
Se tiene a la autoridad responsable , rindiendo el informe justificado que se le solicitó. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. V
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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