Benjamin Ortiz Diaz

Expediente 1935/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1935/2015
Año
2015
Actuaciones
33
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • Benjamin Ortiz Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    VII.- Por recibido el comunicado de cuenta signado por la Secretaria Judicial del Juzgado Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de dos de enero actual (fojas 278 y 279), acusa recibo del diverso al que se adjuntaron las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngase por satisfecha la petición formulada en tal sentido.

  2. Principal

    VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Devuélvase al juez responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado y requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibida que de ser omisa, se hará acreedora a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 271 a la 273), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el artículo en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Para el caso de que la autoridad responsable se encuentre gozando de su período vacacional y por tal motivo haya suspendido sus labores, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en la fecha en que las reanude, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo, el cual deberá quedar a su resguardo y responsabilidad hasta que sea debidamente entregado a sus destinatario.

  3. Principal

    VII,. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento inserto en el proveído de diez de noviembre del presente año (fojas 263 y 264), es decir, no acudió al local de este Juzgado de Distrito, dentro del plazo concedido, a recibir los formatos correspondientes a los edictos para su publicación por tres veces de siete en siete días, a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República mexicana, y consecuentemente, no acreditó haber realizado los pagos correspondientes para la publicación de aquéllos, no obstante haber sido oportunamente notificado para tal efecto. Ahora bien, la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó su incapacidad económica para sufragar el gasto relativo a la publicación de los edictos, el cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis a las doce horas con quince minutos. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil quince (fojas 14 a 17), se tuvo como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    vii. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que por determinación de diez de noviembre de la actual anualidad (fojas 263 y 264), se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada María de Lourdes Franco Villegas por medio de edictos a costa de la parte quejosa; dado lo cual, transcurre el término de veinte días otorgado para tal fin; así las cosas, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy se difiere y se señalan las doce horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.

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