Benjamin Ortega Rivero

Expediente 1085/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1085/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Benjamin Ortega Rivero
  • BENJAMIN ORTEGA RIVERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ... se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes...Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión...

  2. Principal

    RESUELVE: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA CONTRA LOS ACTOS, AUTORIDADES Y POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA SENTENCIA DE MERITO

  3. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1085/2018-2, promovido por. El Juez declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. La Secretaria hace constar que no se encuentran presentes en este acto ninguna de las partes no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, dicha funcionaria da nueva cuenta con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, a lo que el Juez provee: téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables, el cual deberá tomarse en consideración al resolverse este juicio. Acto seguido, se declara abierto el período probatorio, dándose nueva cuenta con las documentales que anexo la parte quejosa y autorizado en sus escritos de demanda y el recepcionado el once de enero del año en curso (fojas 6 a 39 y 98 y 99), así como la allegada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, adjunto a su informe justificado (fojas 50 a 93). A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. A continuación, se abre el periodo de alegatos y se da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 95 y 96), asimismo, con los formulados por , autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado el once de enero del presente año (fojas 95 y 96 y 100 a 104); a lo que el Juez provee: tómese dichos alegatos en consideración en su debido momento, con lo que se concluye esta etapa al no existir diverso que tener por reproducido. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente sentencia: V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1085/2018-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en este ciudad, turnado a este órgano de control constitucional en esa propia fecha, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, de quienes reclamó, esencialmente, la falta de emplazamiento en el expediente relativo al juicio de divorcio necesario 946/2018, del índice del juez responsable. SEGUNDO. Por auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda con el número 1085/2018-2, ordenándose pedir informe justificado a las autoridades responsables, sin tramitar incidente de suspensión por no solicitarse, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito y fue señalada fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 40 a 43). La tercero interesada fue emplazada a este juicio como se advierte de la constancia que obra a foja 47 de autos. Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló en los términos que se anotan en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo; ya que el acto reclamado tiene efectos materiales en la circunscripción territorial sobre la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye, en esencia, la falta de emplazamiento en el expediente relativo al juicio de divorcio necesario***, y todo lo actuado con posterioridad. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, por así manifestarlo la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad (foja 50), al rendir su informe justificado, anexando para apoyarlo, copia certificada de las constancias que conforman el expediente relativo al juicio de divorcio necesario ; documental que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 226, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta localidad, al rendir su informe adujo adherirse a las manifestaciones de la juez responsable (foja 48). CUARTO. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos se sostiene, en síntesis, que se violentaron los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como de audiencia consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales, porque desde el punto de vista del quejoso, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, al no ser emplazado legalmente a defender sus derechos. Lo anterior, dice el inconforme, porque la tercero interesada conoce el domicilio en el que habita actualmente (foja 4), asimismo, que no cuenta con negocio particular ni trabajadores bajo sus órdenes de ninguna clase (foja 98). Ahora bien, para acreditar dichas aseveraciones allegó a este juicio la documental consistente en copia simple de recibo de pago de salario como empleado de la paraestatal PEMEX Exploración y Producción, de nueve de diciembre de dos mil dieciocho. Los motivos de disenso son infundados, como enseguida se explica. Es importante destacar el derecho fundamental de audiencia contenido el artículo 14 de la Constitución Federal, ello en atención al planteamiento del promovente en el escrito de demanda, lo que impone la obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, se unen al principio fundamental de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, constituyendo elementos fundamentales para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dictó de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, todo juicio debe estar supeditado a que en su desarrollo se observen, las etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que tengan conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre y, quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido lo que debe entenderse por las formalidades esenciales del procedimiento, en la Jurisprudencia 218, publicada en la página 260, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (registro 900218), del rubro y contenido siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De forma analógica, también se invoca la tesis I.8o.C.13 K del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en página 845, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 202098), que dice: "GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DEFINICIÓN.- La garantía de debido proceso legal consagrada en el artículo 14 constitucional, en la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con '... las formalidades esenciales del procedimiento ...' implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata." Lo anterior, se instrumenta en el proceso civil Estatal en los artículos 66 y 67 fracciones I, III y IV, que disponen que la carga procesal respecto de quien acude al órgano jurisdiccional encargado de dilucidar las controversias en materia civil, señale en la demanda inicial el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona contra quien se promueve; asimismo, establece que el emplazamiento deberá hacerse en forma personal y directa al demandado y excepcionalmente por cédula cuando éste no estuviese presente o no esperare a la cita fijada para tal efecto. Las disposiciones indicadas en el párrafo anterior en su orden, establecen lo siguiente: "Artículo 66. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias. Igualmente deberán designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando alguna de las partes no cumpla con lo prevenido en cuanto a designación de domicilio para recibir notificaciones, éstas, aun las que conforme a la ley deban hacerse personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del juzgado; si omitieren la designación del domicilio de las personas contra quienes promueven, no se hará notificación alguna hasta que se subsane la omisión. Mientras las partes no hagan saber al tribunal el nuevo domicilio, en su caso, las notificaciones personales seguirán haciéndose en el que aparezca de autos, a menos que no exista o esté desocupado el local, pues en este supuesto las notificaciones surtirán efecto por medio de cédula fijada en la secretaría del propio tribunal." "Artículo 67. Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I. Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste redique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplazarse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación;. III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; De dichos preceptos legales se desprende la forma y lugar en que deben realizarse los emplazamientos de manera personal a los demandados, si es una persona física, en el que se haya señalado en la demanda, el cual será precisamente en donde habite la parte que deberá ser emplazada; que si se encuentra la parte buscada, deberá entregársele copia de la demanda y demás documentos, así como del auto o proveído que deba notificarse, a fin de hacer de su conocimiento la demanda instaurada en su contra. Esa es la forma general en que deberá realizarse el emplazamiento a juicio, y siempre se procurará realizarlo en forma directa; sin embargo, podrá ocurrir que la persona a emplazar no se encuentre al momento en que el fedatario pretende realizar tal acto, por lo que deberá dejarle citatorio, para que espere en una hora fija, dentro de las hábiles del día siguiente, y para el caso de que no espere, se le hará la notificación por cédula, que se entregará a los parientes, domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, previamente de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada; de todo lo cual asentará razón. En el caso a estudio, como se dijo, la parte quejosa señala que se violentan en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no fue oída ni vencida en juicio, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, pues según dice, no vive en el domicilio en el cual se practicó el emplazamiento reclamado, lo cual se reitera, resulta infundado. En efecto, contrario a lo aducido por el impetrante, las formalidades esenciales en el procedimiento, se encuentran cumplidas, en virtud de que la Actuaria responsable, al practicar el emplazamiento relativo, se ciñó cabalmente a las previstas en el artículo 67 del Código Adjetivo Civil del Estado. Lo anterior es así, pues de la razón actuarial de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 69), se observa que la fedataria responsable, en concordancia con las formalidades exigidas por el precepto legal referido, en la primera búsqueda de Benjamín Ortega Rivero, asentó que a las diecisiete horas con diez minutos de esa fecha, se constituyó en el domicilio ubicado en esta ciudad. Expuso que se cercioró de ser el domicilio correcto por así indicárselo la colonia en el plano oficial de la ciudad, coincidir con la nomenclatura del lugar, la cual aparece al frente del inmueble destinado a casa-habitación de dos pisos, material block, pintada al interior color beige con portón café, por el nombre de la calle que se encuentra estampado en un anuncio oficial que se localiza en la esquina. Además, dijo que la persona que lo atendió de nombre José Cardona, refirió que el aquí quejoso habitaba dicho lugar y que laboraba para él, que esa persona se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio. También anotó que una vez que se le dio a conocer el motivo de la diligencia, la persona que la atendió indicó que no se encontraba en ese momento; entonces, procedió a dejarle la cita de espera al quejoso para que la aguardara en ese mismo lugar, el dos de julio de dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta minutos (foja 69). A su vez, de la diversa razón actuarial relativa al emplazamiento cuestionado, se advierte que a las diez horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 71 a 74), la Actuaria se constituyó nuevamente en el referido domicilio siendo atendida por el propio, el cual se identificó con la anotada credencial para votar y quien informó que Benjamín Ortega Rivero no se encontraba en ese momento, no obstante que se le había dejado cita de espera con anterioridad. Por ello, procedió a entender la diligencia con José Cardona, comunicándole el auto de veintiuno de junio de dos mil ocho, dictado en el expediente, entregándole copias simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados, le corrió traslado y emplazó al demandado, para que en el término de diez días contestara lo que a su interés conviniere; igualmente, la persona que atendió la diligencia, recibió de conformidad la cédula de notificación, copias de la demanda y anexos que le entregó la fedataria responsable, y se negó a firmar de recibido para constancia legal, por no considerarlo necesario (foja 74). De lo anterior, se colige que la Actuaria responsable al practicar el emplazamiento relativo al juicio natural, cumplió todas las formalidades consagradas en el artículo 67, fracciones III y IV, del Código de Procedimientos para el Estado de Tamaulipas; de ahí que resulte infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que la diligencia de mérito, conculcó lo dispuesto en tal artículo, así como en los diversos 14 y 16 Constitucionales. Ello, en virtud de que la funcionaria pública emplazó a la parte demandada en el lugar señalado en autos, precisamente en el que habitaba, pues así lo manifestó la persona que la atendió, de la cual se asentó su nombre e inclusive la forma en cómo se identificó; se cercioró de que fuera el correcto; ello, previo citatorio y requerimiento de la presencia de la parte demandada, hoy quejoso. Además, entregó la cédula de notificación correspondiente, hizo del conocimiento del buscado, el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente, con copias simples de la demanda, le corrió traslado emplazándolo por conducto de José Cardona, quien dijo ser empleado del quejoso, para que en el término de diez días contestara lo que a su interés conviniere; igualmente, la persona que lo atendió recibió de conformidad la cédula de notificación, copias de la demanda y anexos que le entregó la fedataria, negándose a firmar de recibido para constancia legal, por no querer meterse en problemas de tipo legal; todo cual quedó asentado en las actas relativas. Con base en lo plasmado, se estima ajustado a derecho y constitucionalmente válido el emplazamiento practicado al demandado Benjamín Ortega Rivero el dos de julio de dos mil dieciocho, en el juicio de origen. Diligencia que no quedó desvirtuada con medio de prueba eficaz y menos aún dicha situación fue objetada en los términos de ley, no obstante que el quejoso tuvo oportunidad para ello desde el momento en que fue puesto a la vista el informe justificado y anexo, esto es, desde el doce de diciembre de dos mil dieciocho, hasta la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, lo que ocurrió en esta propia fecha. No se opone a ello, la documental relativa al recibo de pago de salario como empleado de la paraestatal PEMEX Exploración y Producción, de nueve de diciembre de dos mil dieciocho, a favor del amparista, pues resulta ineficaz para probar que el quejoso viviera en distinto domicilio al que fue emplazado, ya que sólo demuestra que labora en tal empresa y recibe un salario por la actividad que desarrolla en la misma, ya que, en todo caso, debió exhibir otras pruebas para demostrar tal extremo. Por lo mismo, esa documental tampoco desvirtúa, como lo pretende hacer, que no tiene trabajadores a sus órdenes, de ahí que, por si sola, resulte insuficiente para evidenciar la ilegalidad de la citada diligencia. Sobre esto, se puntualiza que la finalidad del amparo en la vía indirecta en contra de la falta de emplazamiento o su irregularidad, es precisamente que quien no es llamado a juicio o lo fue irregularmente, tenga oportunidad de probar que dichas actuaciones no se verificaron o que se realizaron en forma contraria a ley; de ahí que era carga del promovente aportar los medios de pruebas que estimare pertinentes para desacreditar lo asentando por el fedatario responsable al momento de realizar el emplazamiento, y en el presente caso no se ocupó en demostrar lo contrario. Sobre el particular, se invoca la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 81 (registro 189964), del rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.- Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento." En las relatadas condiciones, es dable concluir que la Actuario responsable al practicar el emplazamiento relativo al juicio natural, cumplió todas las formalidades consagradas en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; de ahí que resulte infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que la diligencia de mérito, conculcó lo dispuesto en tal artículo, así como en los diversos 14 y 16 Constitucionales. Al respecto, encuentra aplicación, por las razones jurídicas que contiene, la tesis I.5o.T.178 L sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 979, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192970), cuyo tenor expresa: "EMPLAZAMIENTO. FE PÚBLICA DEL ACTUARIO AL REALIZARLO.- El auxiliar de la Junta, que lleva a cabo la notificación a juicio de la contraparte del demandante, goza de credibilidad, porque su diligencia constituye una verdad legal, dependida del artículo 795 del código obrero, el que contempla que son documentos oficiales, que hacen prueba plena, los que expidan los funcionarios en el ejercicio de las actividades que tienen encomendadas, como la citación a la controversia, porque de lo contrario, es imposible materialmente hacer llamamiento alguno, pues se estaría en la posibilidad de desacreditar con el simple dicho del colitigante, las constancias que formule el fedatario, quedando a aquél la obligación de demostrar el hecho negativo, de que la convocatoria jamás se llevó a cabo conforme a las normas que la regulan, para lo que se tiene que allegar evidencias fehacientes y contundentes que la desvirtúen; de no ser así, prevalecerá aquélla". Luego, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, sin que haya materia para suplir la deficiencia de la queja prevista en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto del emplazamiento verificado en el expediente relativo al juicio de divorcio necesario. Negativa que se extiende respecto de los restantes actos reclamados, toda vez que los mismos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento que ya fue materia de estudio. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a , en el juicio de derechos fundamentales 1085/2018-2, contra los actos y autoridades indicados en el resultando primero de este fallo, por los motivos señalados en el considerando cuarto del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ......téngase por recibido el escrito signado por el licenciado José María de León Pérez, autorizado del quejoso Benjamín Ortega Rivera, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual ofrece prueba testimonial a cargo de José Manuel Cardona Carbajal. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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