Benjamín Orozco Nieves y Otros.

Expediente 718/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
718/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Benjamín Orozco Nieves
  • Benjamín Orozco Nieves y Otros.
  • José Antonio Orozco Nieves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la queja 176/2021, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo. Sin que resulte necesario agregar en autos las copias certificadas del presente expediente, que se remitieron al Tribunal Colegiado para la substanciación de la queja, en razón de que son una reproducción fiel de los que obran integrados. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se confirmó el auto que desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Se tramita queja. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos José Antonio Orozco Nieves y Benjamín Orozco Nieves, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, ríndase el informe sobre la materia de la queja que corresponda y remítase copias debidamente certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por el recurrente y una copia de éste para el agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. RATIFICA DEMANDA. Vista la ratificación de demanda de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que los quejosos Benjamín Orozco Nieves y José Antonio Orozco Nieves manifestaron: reconocemos el contenido y firma del escrito presentado en la oficialía de partes el once de agosto de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado el doce siguiente, quedando registrado con el número de folio 012348, el cual ratificamos en este momento en todas y cada una de sus partes para los efectos legales a que haya lugar, solicitando se acuerde de conformidad lo ahí planteado. En tales condiciones, se tiene al quejoso cumpliendo con la prevención formulada en autos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca civil I-147/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015, en el que se tiene a las coherederas emitiendo voto para la designación del cargo de albacea. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en sus diversos escritos de demanda y cumplimientos de prevención, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de la primera sección del mismo y que a la fecha no se ha logrado la designación de albacea en atención a los diversos recursos promovidos por las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Benjamín Orozco Nieves y José Antonio Orozco Nieves, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca civil I-147/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015, en el que se tiene a las coherederas emitiendo voto para la designación del cargo de albacea. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en sus diversos escritos de demanda y cumplimientos de prevención, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de la primera sección del mismo y que a la fecha no se ha logrado la designación de albacea en atención a los diversos recursos promovidos por las partes. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio sucesorio intestamentario. Esto es así atendiendo a la naturaleza de la primera sección del juicio sucesorio previsto en los artículos 1012 y 1013 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como lo sustentado en la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "ALBACEA, NOMBRAMIENTO DE. LEGITIMACION PARA EL AMPARO EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LOS HEREDEROS. La sentencia que revoca el auto por el que se nombró como albacea de una sucesión a la persona propuesta por varios herederos, designando en su lugar a quien propusieron otros herederos, no afecta los intereses jurídicos de la propia sucesión, la cual no sufre menoscabo en los bienes que la constituyen, ni en sus derechos y acciones. Tal sentencia perjudica directamente a los herederos que propusieron al albacea cuyo nombramiento se revocó, pues son ellos los interesados en que el albaceazgo se desempeñe por su conducto, e igualmente afecta en lo personal al albacea primeramente designado, si llegó a desempeñar el cargo; por lo que, si la sentencia fue reclamada por dicho albacea a nombre de la sucesión, la improcedencia del juicio es patente y debe decretarse el sobreseimiento, al carecer aquélla de legitimación.". Así, si bien la designación de albacea es susceptible de ser analizada en amparo indirecto, lo cierto es que en el caso en específico se advierte que no ha sido designado albacea, sino únicamente que los autos dictados y que en este amparo se reclaman son encaminados a lograr la designación de alguno, por lo que de momento dicho auto no le genera una afectación a sus derechos sustantivos. De tal manera, que al no contener el auto reclamado la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, se considera improcedente el amparo. Se sostiene lo anterior, ya que dicha determinación únicamente recibe los votos de las coherederas para la designación de albacea, circunstancia que no implica que se vaya a designar como definitivo al albacea propuesto por éstas, sino que únicamente sigue el procedimiento correspondiente para su designación, de tal suerte que la posible violación que destaca la parte quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, lo que podrá alegar una vez que se realice la designación correspondiente. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de presentar el juicio de amparo contra la designación del albacea definitivo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. RATIFICA DEMANDA. Vista la ratificación de demanda de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que los quejosos Benjamín Orozco Nieves y José Antonio Orozco Nieves manifestaron: reconocemos el contenido y firma del escrito presentado en la oficialía de partes el once de agosto de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado el doce siguiente, quedando registrado con el número de folio 012348, el cual ratificamos en este momento en todas y cada una de sus partes para los efectos legales a que haya lugar, solicitando se acuerde de conformidad lo ahí planteado. En tales condiciones, se tiene al quejoso cumpliendo con la prevención formulada en autos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca civil I-147/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015, en el que se tiene a las coherederas emitiendo voto para la designación del cargo de albacea. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en sus diversos escritos de demanda y cumplimientos de prevención, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de la primera sección del mismo y que a la fecha no se ha logrado la designación de albacea en atención a los diversos recursos promovidos por las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Benjamín Orozco Nieves y José Antonio Orozco Nieves, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. Así, de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca civil I-147/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 942/2015, en el que se tiene a las coherederas emitiendo voto para la designación del cargo de albacea. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en sus diversos escritos de demanda y cumplimientos de prevención, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de la primera sección del mismo y que a la fecha no se ha logrado la designación de albacea en atención a los diversos recursos promovidos por las partes. Determinación que no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de un juicio sucesorio intestamentario. Esto es así atendiendo a la naturaleza de la primera sección del juicio sucesorio previsto en los artículos 1012 y 1013 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como lo sustentado en la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "ALBACEA, NOMBRAMIENTO DE. LEGITIMACION PARA EL AMPARO EN CASO DE CONTROVERSIA ENTRE LOS HEREDEROS. La sentencia que revoca el auto por el que se nombró como albacea de una sucesión a la persona propuesta por varios herederos, designando en su lugar a quien propusieron otros herederos, no afecta los intereses jurídicos de la propia sucesión, la cual no sufre menoscabo en los bienes que la constituyen, ni en sus derechos y acciones. Tal sentencia perjudica directamente a los herederos que propusieron al albacea cuyo nombramiento se revocó, pues son ellos los interesados en que el albaceazgo se desempeñe por su conducto, e igualmente afecta en lo personal al albacea primeramente designado, si llegó a desempeñar el cargo; por lo que, si la sentencia fue reclamada por dicho albacea a nombre de la sucesión, la improcedencia del juicio es patente y debe decretarse el sobreseimiento, al carecer aquélla de legitimación.". Así, si bien la designación de albacea es susceptible de ser analizada en amparo indirecto, lo cierto es que en el caso en específico se advierte que no ha sido designado albacea, sino únicamente que los autos dictados y que en este amparo se reclaman son encaminados a lograr la designación de alguno, por lo que de momento dicho auto no le genera una afectación a sus derechos sustantivos. De tal manera, que al no contener el auto reclamado la orden de afectar de forma directa e inmediata algún derecho sustantivo, se considera improcedente el amparo. Se sostiene lo anterior, ya que dicha determinación únicamente recibe los votos de las coherederas para la designación de albacea, circunstancia que no implica que se vaya a designar como definitivo al albacea propuesto por éstas, sino que únicamente sigue el procedimiento correspondiente para su designación, de tal suerte que la posible violación que destaca la parte quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, lo que podrá alegar una vez que se realice la designación correspondiente. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de presentar el juicio de amparo contra la designación del albacea definitivo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma Víctor Hugo Alonso Cendejas, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2033/2021, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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