Benjamín Ordoñez Vázquez
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamín Ordoñez Vázquez
- Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo; sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo presentada por **************** en favor de *****************; en contra de actos de los jueces de Control de la Región 3 en Guanajuato y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 814/2021-4. Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban estudiarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En principio, es necesario destacar que el acto reclamado en la presente instancia lo constituye la orden de aprehensión dictada en contra de ******************* -quien el promovente señala es su tío - así como su ejecución. En tal virtud, fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****************** en favor de ********************** En el particular, se materializa la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario. Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quien resienta un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: 1. Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. 2. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. En tanto, por su estrecha vinculación, es conveniente citar los preceptos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. [.]" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.[.]" Finalmente, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]" Como se precisó, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. En el caso, no se está en presencia de alguno de los actos referidos en los párrafos anteriores, ni el acto se ubica en los supuestos de excepción previstos en el artículo 22 constitucional, o bien, el numeral 15 de la Ley de Amparo, en los que se permite la presentación de la demanda por conducto de un tercero. Ahora, si bien el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia. Cabe destacar que en materia penal existen tres supuestos en que la demanda puede promoverse por persona distinta al quejoso: I. Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. II. Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 14). III. Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). Así, del escrito inicial de demanda, se advierte que en el presente caso no se concretiza ninguno de los supuestos, pues el promovente en ninguna parte del escrito refiere que sea representante legal o defensor del quejoso directo; aunado a que no se advierten datos objetivos de los que se pueda concluir que el quejoso se encuentra impedido para promover en esta instancia constitucional por sí mismo; además, de que se insiste, no reclama ningún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni por el diverso 15 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco reclama actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues el acto reclamado se hace consistir en mandatos restrictivos de libertad librados en contra de una persona diversa a la promovente; razón por la que se estima que no se materializan los extremos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se impone desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito, y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Habilitación de días y horas. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo presentada por **************** en favor de *****************; en contra de actos de los jueces de Control de la Región 3 en Guanajuato y otras autoridades; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 814/2021-4. Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban estudiarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En principio, es necesario destacar que el acto reclamado en la presente instancia lo constituye la orden de aprehensión dictada en contra de ******************* -quien el promovente señala es su tío - así como su ejecución. En tal virtud, fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****************** en favor de ********************** En el particular, se materializa la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario. Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quien resienta un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: 1. Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. 2. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. En tanto, por su estrecha vinculación, es conveniente citar los preceptos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. [.]" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.[.]" Finalmente, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]" Como se precisó, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que siempre debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos arriba anotados. En el caso, no se está en presencia de alguno de los actos referidos en los párrafos anteriores, ni el acto se ubica en los supuestos de excepción previstos en el artículo 22 constitucional, o bien, el numeral 15 de la Ley de Amparo, en los que se permite la presentación de la demanda por conducto de un tercero. Ahora, si bien el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante, lo cierto es, que dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculado con los artículos 10, 11, 14 y 15 de la ley de la materia. Cabe destacar que en materia penal existen tres supuestos en que la demanda puede promoverse por persona distinta al quejoso: I. Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. II. Por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal (artículo 14). III. Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; pero, con la salvedad de que el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo (artículo 15). Así, del escrito inicial de demanda, se advierte que en el presente caso no se concretiza ninguno de los supuestos, pues el promovente en ninguna parte del escrito refiere que sea representante legal o defensor del quejoso directo; aunado a que no se advierten datos objetivos de los que se pueda concluir que el quejoso se encuentra impedido para promover en esta instancia constitucional por sí mismo; además, de que se insiste, no reclama ningún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni por el diverso 15 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, como ya se dijo, tampoco reclama actos inminentes que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues el acto reclamado se hace consistir en mandatos restrictivos de libertad librados en contra de una persona diversa a la promovente; razón por la que se estima que no se materializan los extremos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se impone desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito, y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Habilitación de días y horas. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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