Benjamin Navarrete Mora
Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Benjamin Navarrete Mora
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, trece de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 20, fracción IV, del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE TOMOS Devuélvanse al Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, el juicio ******************** de su índice en dos tomos, y cuatro sobres cerrados, consistentes en cuatro tomos, por resultar innecesaria su conservación. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato, capital, a través del cual remite el juicio de amparo directo 808/2023, de su índice, al que se acompañaron los siguientes documentos: - Original y cinco copias de la demanda de amparo promovida por ************. - Constancias de notificaciones. - Copia certificada del oficio 2780, signado por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato. - Copia del oficio 2779, signado por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato. - Auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato. - Copia certificadas del juicio ********************, en dos tomos. - Cuatro sobres cerrados. Ello, en virtud de que dicho órgano declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda que le dio origen por los motivos que expone. Acúsese recibo. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Benjamín Navarrete Mora, contra actos que reclama del Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 988/2023. TOMOS DE PRUEBAS Dado el volumen de las constancias recibidas, fórmese seis cuadernos de pruebas con los consecutivos del I al VI. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda y de los anexos remitidos por el tribunal de alzada, se advierte que la parte promovente medularmente reclama: La resolución incidental de nulidad de actuaciones de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, dentro del juicio *************, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada, toda vez que resultó ser extemporáneo. Respecto de dicho acto se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario, pues dicho numeral refiere: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por su parte, para todos aquellos proveídos dictados durante el procedimiento, se regulan los medios de impugnación conforme a los artículos 232 al 262 del mismo cuerpo normativo, en los que se estipulan las reglas aplicables para la revocación, apelación y denegada apelación. En el caso que nos ocupa, más allá de que se trate de un juicio oral o no, lo relevante es que es patente que el acto reclamado no se emitió durante el desarrollo de una; ya que el acto el acto reclamado, derivó del trámite de un incidente -en la forma como el propio quejoso describe- y consiste en la resolución incidental de nulidad de actuaciones de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, dentro del juicio ********************, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada, toda vez que resultó ser extemporáneo dicho medio de impugnación. En ese sentido, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud que la legislación aplicable prevé el recurso de apelación en contra de las resoluciones de incidentes y la persona quejosa, siendo parte en el juicio, no agotó ese medio ordinario previsto por la ley. Lo anterior, pues encuadra dentro de la hipótesis contemplada por el numeral 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que precisa: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del contendido del citado artículo, se desprende que los autos son apelables cuando decidan un incidente. Sobre esa base, se colige que el acto en estudio puede ser impugnado a través del recurso de apelación, considerarse una resolución que pone fin al incidente de nulidad actuaciones. En ese sentido, respecto del acto que ante esta instancia se reclama, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable. Esto, pues con dicho medio de impugnación se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto modificar o revocar la sentencia que el quejoso considera lesivo de sus derechos. Debiendo destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por lo anterior, es incuestionable que la parte solicitante de la protección constitucional, al ser parte procesal en el juicio natural, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de nulidad de actuaciones de dieciséis de agosto del año en curso, el cual fue improcedente, toda vez que resulto ser extemporáneo dicho medio de impugnación, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la nulidad de actuaciones recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Sin que en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. El quejoso no tiene la calidad de tercero extraño, pues es parte procesal en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la parte promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario previsto en el numeral 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. SEGUNDA CAUSAL Aunado a lo anterior, se advierte que también se actualizaría la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Como se anticipó, de las manifestaciones vertidas en su libelo accionario, que la parte promovente realizó bajo protesta de decir verdad, las cuales tienen pleno valor probatorio al constituir una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 199 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que reclama la resolución incidental de nulidad de actuaciones de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, dentro del juicio ********************, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada, en contra del desahogo de la confesional a su cargo y de la designación de perito tercero en discordia -esto último se desprende de la resolución incidental-. De esto se advierte que el acto reclamado, se emitió dentro de juicio y no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del promovente, consagrado en la constitución o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Ello es así, toda vez que la afectación que provocaría el mencionado acto, de existir, no es actual sobre derechos sustantivos sino que, en su caso, produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; sin que la circunstancia de que el juez declarara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra del desahogo de la confesional a su cargo y de la designación de perito tercero en discordia y determinó que quedó convalidado el desahogo de la prueba confesional realizado en audiencia de catorce de julio de dos mil veintidós, afecte algún derecho sustantivo de la parte quejosa, siendo que el único efecto de tales decisiones es que el juicio continúe pero incluso podría concluir con una resolución favorable, caso en el cual, los efectos de lo aquí reclamado no se habrán materializado en su esfera jurídica. Sin embargo, en el supuesto de que la determinación que se dicte en el procedimiento respectivo sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo, podrá aducir violación a las leyes del procedimiento, mediante la promoción del amparo directo en contra de esa decisión, en que tendrá la posibilidad de alegar las violaciones que considere se cometieron durante la substanciación del proceso, como en el caso, por no haberse admitido la prueba que ofreció en el juicio de origen como superveniente; lo anterior, acorde a lo establecido en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Por lo antes expuesto, procede desechar de plano la demanda de trato, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA El promovente señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados en el tribunal de alzada, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A********************, se le tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta, asimismo del citado numeral a la diversa persona que menciona en su ocurso en términos restringidos, por así solicitarlo expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte promovente para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación, considerando la urgencia del asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se les comunica que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES ACORDADAS De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte innecesario dictar acuerdo; lo anterior, procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a consideración se estime innecesaria para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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