Benjamín Mauricio Ramirez Muñoz

Expediente 1684/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1684/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Benjamín Mauricio Ramirez Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón actuarial de doce de diciembre del año en curso, en la que el fedatario de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa, el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos que expone; en consecuencia, se ordena notificarle dicho acuerdo, así como los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se publica en lugar visible de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese. Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra el acto que reclama al ****** consistente en la omisión de dar cumplimiento al decreto *** publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en relación al pago de pensión por jubilación. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1684/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. En el caso, se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, no obstante la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. En el caso, la parte promovente señala como autoridad responsable al *** Mientras que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar cumplimiento al decreto ***** publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en relación al pago de pensión por jubilación. Ahora bien, de lo anterior se advierte que al existir una relación administrativa entre la parte promovente y la autoridad señalada como responsable como jubilado de ésta última; dicha relación se da un plano de supra subordinación, toda vez que dicha autoridad puede crear, modificar o extinguir situaciones voluntariamente; en consecuencia, tales actos pueden ser controvertibles mediante un medio de defensa como a continuación se establecerá. Así las cosas, el primer requisito se encuentra satisfecho, ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, cuya naturaleza es meramente administrativa, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado que se hace consistir en la omisión de dar cumplimiento al decreto ***** publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en relación al pago de pensión por jubilación, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del precepto trascrito en párrafos anteriores, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Entonces, en el caso particular la parte promovente del amparo tiene que agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en los artículos 1 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido; dichos numerales establecen: "ARTICULO 1°.- En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "ARTICULO 4°.- Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades". Del artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa, se advierte que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados , que afecten sus derechos legítimos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por la Ley de la Materia; por tanto, en el presente asunto es factible impugnar el acto reclamado producido por la autoridad responsable, para lo cual es competente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sobre esa base, es obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa debió acudir al juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello observar el principio de definitividad. Lo anterior, pues como se vio, existe el juicio de nulidad, que es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, no prevé mayores requisitos para la suspensión del acto que la Ley de Amparo vigente, ya que de los numerales 109 y 110 , de la primer legislación mencionada, claramente ponen de relieve que para obtener la medida cautelar es necesario cubrir tres aspectos: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que con la concesión de la suspensión no se cause evidente perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Que tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se podrá otorgar siempre y cuando el solicitante garantice su importe ante la autoridad emitente. Ello demuestra que la suspensión se concede con esas tres condiciones y de manera semejante a la Ley de Amparo en sus artículos 128 y 135 , primer párrafo. Se suma al hecho que tanto la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, como la Ley de Amparo vigente, prevén que se podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto admisorio, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de la presentación de la demanda. Tampoco se está en el caso de excepción que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, toda vez que se trata de un acto omisivo y por tanto, no le es exigible que este fundado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia, de la literalidad siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCION DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional. " Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no agotar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en una ley - Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos-. Apoya la anterior conclusión, las resoluciones dictadas el veintiocho de febrero y ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en los autos de los recursos de queja ***** de su índice. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por ello, de conformidad con el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que señala. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

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