Benjamín Matheis Valerio

Expediente 152/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
152/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Benjamín Matheis Valerio

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento que el Primer Tribunal Colegiado de dicho Circuito le remitió testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 1/2019 suscitado entre el Tribunal oficiante y este órgano jurisdiccional, en donde el Tribunal Colegiado aludido declaró al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso ***. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    MESA II Visto el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la demanda de amparo signada por Benjamín Matheis Valerio, y acuerdo de once de febrero del año que transcurre, por el cual delimitó competencia y declaró carecer legalmente de ésta, por cuestión de grado y territorio, para conocer respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, comparecencia, arraigo, presentación, reaprehensión o cualquier otra que implique la detención del quejoso y su ejecución, atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Décimo Sexto y Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Norte); Jueces Quinto, Sexto, Décimo, Decimoprimero y Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Oriente); Jueces Séptimo, Octavo, Noveno, Decimotercero y Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Sur), todos con morada en esa ciudad; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Cuarto, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo Primero, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero, Sexagésimo Cuarto, Sexagésimo Quinto, Sexagésimo Sexto, Sexagésimo Séptimo, Sexagésimo Octavo, Septuagésimo Primero, Septuagésimo Segundo, Septuagésimo Tercero, Septuagésimo Cuarto, Septuagésimo Quinto, Septuagésimo Sexto, Septuagésimo Séptimo, Septuagésimo Octavo, Septuagésimo Noveno, Octogésimo Primero, Octogésimo Segundo, Octogésimo Tercero, Octogésimo Cuarto, Octogésimo Sexto, Octogésimo Séptimo, Octogésimo Octavo, Octogésimo Noveno, Nonagésimo Primero, Nonagésimo Tercero, Nonagésimo Cuarto, Nonagésimo Quinto, Nonagésimo Sexto, Nonagésimo Séptimo, Nonagésimo Octavo, Nonagésimo Noveno, Centésimo Primero, Centésimo Segundo, Centésimo Tercero, Centésimo Cuarto, Centésimo Sexto, Centésimo Octavo, Centésimo Noveno, Centésimo Décimo, en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio; Jueces Primero, Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Quinto, Trigésimo Sexto, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Sexto, Cuadragésimo Séptimo, Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno, Quincuagésimo, Quincuagésimo Primero, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Cuarto, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, Quincuagésimo Octavo, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo, Sexagésimo Primero, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero, Sexagésimo Cuarto, Sexagésimo Quinto, Sexagésimo Sexto, Sexagésimo Séptimo, Sexagésimo Noveno de lo Penal; Juez Penal de Delitos No Graves; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo Penal de Delitos No Graves, todos con residencia en la Ciudad de México, así como de las autoridades ejecutoras señaladas en la demanda de amparo. Al respecto, se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 152/2019-II-A. COMPETENCIA Resulta necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de territorio de este juzgado, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Al respecto, es necesario puntualizar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo planteada, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, en su orden establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, página 88, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. Sobre esa base, tomando como punto de partida el análisis efectuado al escrito de demanda, se conoce que el quejoso Benjamín Matheis Valerio, reclama: La orden de aprehensión y/o reaprehensión. La orden de comparecencia. La orden de arraigo. La orden de presentación. Cualquier otra privativa de libertad. Atribuido a autoridades judiciales. Su ejecución. Atribuido a autoridades administrativas. De igual manera, en el capítulo de hechos el promovente de la demanda de amparo refiere: ".El día de ayer se encontraban dos personas a las afueras de mi domicilio ubicado en esta Ciudad de Cancún Quintana Roo, en un vehículo sin placas. .empleados de mi domicilio los cuestionaron sobre su presencia en el lugar, siendo el caso que uno de los empleados que estaba pendiente de lo sucedido, escuchó que dichas personas dijeron ser policías ministeriales, sin lograr identificar mayor dato, refiriendo que es en cumplimiento de una orden aprehensión y/o detención, solicitando entrar a mi domicilio." Bajo esa perspectiva, resulta incuestionable que el acto reclamado tendrá ejecución en el Estado de Quintana Roo, lugar en donde radican cuatro de las seis autoridades señaladas como responsables ejecutoras (las otras dos, son autoridades administrativas federales), quienes tienen competencia en dicha entidad para ejecutar los actos reclamados; por tanto, el supuesto de competencia planteado en el inciso 1) se surte a favor del Juzgado Federal que ejerce jurisdicción dentro del territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383, Décima Época, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Al caso por las razones que en ella se contienen, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia I.2o.P. J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Página: 36, Octava Época, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Cabe destacar que en este momento procesal la autoridad de amparo que debe conocer del juicio es el Tribunal Unitario declinante con residencia en Cancún, Quintana Roo, pues fue en dicha ciudad en donde se presentó la demanda de amparo. Ello es así ya que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Esto surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Lo anterior, porque tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Página: 1071, Décima Época, que el mismo órgano unitario cita en su determinación, la cual establece lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Aunado a que el tribunal unitario oficiante es competente para conocer del amparo interpuesto contra actos de otros Unitarios, así como de los demás asuntos que les encomienden las leyes, entre los que se encuentran los amparos indirectos promovidos contra resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito dentro de los juicios en los que se aduzca violación de las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, en materia penal, como en el caso acontece respecto de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Décimo Sexto y Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Norte); Jueces Quinto, Sexto, Décimo, Decimoprimero y Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Oriente); Jueces Séptimo, Octavo, Noveno, Decimotercero y Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Sur), por los cuales declinó competencia a favor de este Juzgado Federal con residencia en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Página: 113, Novena Época, que refiere: "JURISDICCIÓN CONCURRENTE. LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE JUECES DE DISTRITO CUANDO SE ALEGUE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN MATERIA PENAL. De la interpretación exegética del artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que al introducir a los Tribunales Unitarios de Circuito como autoridad de amparo, el Constituyente no quiso limitar su competencia a los casos en que el responsable fuera otro Unitario, sino conservar la jurisdicción concurrente que siempre habían tenido en esa materia e impedir que los Juzgados de Distrito conocieran de los amparos promovidos contra actos de los Tribunales Unitarios. En comunión con esta intención, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determina que los Jueces de Distrito pueden conocer de las demandas de amparo contra otros Jueces, pero no contra Tribunales Unitarios, y que éstos tienen competencia exclusiva para conocer del amparo interpuesto contra actos de otros Unitarios, así como de los demás asuntos que les encomienden las leyes, entre los que se encuentran los amparos indirectos promovidos contra resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito dentro de los juicios en los que se aduzca violación de las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, en materia penal." Por todo lo anterior, el suscrito juzgador no comparte el criterio de la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito; sin que ello implique contrariar el artículo 41 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un amparo indirecto. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no acepta la competencia planteada; por tal motivo, fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvase el juicio de amparo al citado órgano unitario, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3, 6 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, téngase a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Dado que el domicilio de la parte quejosa está fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley en la materia, así como el punto cuarto, fracción XXVII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, y en caso de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien comisionar al Actuario Judicial de su adscripción, para que notifique a la parte quejosa Benjamín Matheis Valerio, el presente auto en el domicilio ubicado en Avenida Andrés Quintana Roo, número 15, manzana 1, supermanzana 44, fraccionamiento Alborada, en Cancún Quintana Roo. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habiliten días y horas inhábiles. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente a Mario Javier González Pliego Medellín, María Gabriela Rubalcava Hernández y Roberto Rojas Acuña, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Lidia María Balam Ek, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a el Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza al Secretario firmar los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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