Benjamín Martínez Barrios

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Benjamín Martínez Barrios
  • Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en este Circuito, en atención a lo solicitado en el comunicado de mérito se pone a su disposición el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa para su consulta y estudio. Se ordena la configuración para compartir el expediente electrónico. Al respecto, gírese atento oficio dirigido al Juzgado homólogo de referencia, a fin de hacer de su conocimiento que atendiendo a la tramitación de los asuntos mediante el esquema de "juicios en línea", a partir de esta fecha se encuentra compartido para su consulta el expediente electrónico relativo a este juicio de garantías 739/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a través de la herramienta "vincular con otro órgano", para lo cual se ordena al Oficial Judicial A que de inmediato realice la configuración correspondiente.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a, ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Del Gobernador del Estado de Jalisco: El decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 171, fracción VI; El decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 186, fracciones I, II, III y VII; y, El decreto y la emisión del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 174. La promulgación del artículo 25, fracción I, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. Del Congreso del Estado de Jalisco: El decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 171, fracción VI; El decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 186, fracciones I, II, III y VII; y, El decreto y la emisión del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 174. El decreto y la emisión del artículo 25, fracción I, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. Del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco: El desposeimiento del vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582. La cédula de notificación de infracción 34862709-7 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós; y, El cobro de multas y de adeudos relativos al vehículo de mérito. Del Encargado del Depósito Vehicular 2 de la Dirección de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco: El desposeimiento del vehículo antes descrito; y, El cobro de la guarda y custodia del automotor de mérito en el depósito. Del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco: El desposeimiento del vehículo mencionado; y, El cobro de la guarda y custodia del automotor de mérito en el depósito. La aplicación del artículo 25, fracción I, inciso c de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. De la Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco: El desposeimiento del vehículo descrito en párrafos anteriores; La cédula de notificación de infracción 34862709-7 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós; y, El cobro de multas y de adeudos relativos al vehículo de mérito. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El acto reclamado consistente en el desposeimiento del vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582, reprochado respectivamente de las responsables Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Encargado del Depósito Vehicular número 2, dependiente de la Dirección de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, ya que, así lo manifestaron al rendir su respectivos informes justificados, aunado a que de las constancias allegadas a los autos, se aprecia que fue la diversa Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco quien lo realizó. De igual manera, no es cierto el acto consistente en la cédula de notificación de infracción 34862709-7, así como el acto de aplicación de las normas precisadas, ya que de las documentales allegadas a este sumario se tiene que fue la última de las autoridades citadas en el párrafo anterior quien lo emitió. Asimismo, tampoco es cierto el acto señalado como el cobro de multas y de adeudos relativos al vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582, reclamado del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y de la Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron en los informes justificados, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna que acredite lo contrario. Finalmente, no es cierto el acto consistente en el cobro de la guarda y custodia del automotor de mérito en el depósito, reclamado del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Encargado del Depósito Vehicular número 2 de esa dependencia, pues éstos informaron que es la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco quien emite ese tipo de acto. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Jalisco pues, al tratarse de la constitucionalidad de una norma, basta su publicación en el periódico oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio y, así, acreditar su certeza. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Asimismo, los actos reclamados a la Policía adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco son ciertos esto es, el desposeimiento del vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582, así como la cédula de notificación de infracción 34862709-7, pues así lo aceptó en el informe justificado. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. 1. Interés jurídico. En ese orden, en relación con los actos destacados al Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; .". El interés jurídico o legítimo aludido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, un acto violatorio de sus derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular, en su caso, que exista un acto de aplicación en contra de una norma de carácter general posterior a su vigencia. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional solo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Para promover el procedimiento constitucional, al atender a la naturaleza del acto que se reclama, es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico y, por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el respeto a sus derechos. El análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Es aplicable la jurisprudencia 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". De lo anterior, se advierte la clasificación de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas sobre el concepto de individualización incondicionada de las leyes. Las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento de su entrada en vigor, porque se trata de ordenamientos que por el imperativo que las mismas contienen, generan perjuicio al gobernado, por su sola creación, transformación o extensión de situaciones concretas de derecho. Este concepto de individualización da una base firme para determinar la procedencia del juicio constitucional, ya que basta examinar en cada caso particular cuando la concretización de los efectos de una disposición legal puede tener lugar incondicionada o condicionadamente; esto es, que la condición puede consistir en la expedición de un acto necesario para que la ley adquiera individualización de actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación de la norma, o incluso de un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana o bien de un acto jurídico realizado por el propio particular, toda vez que tal acontecimiento o acto voluntario determina la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Por tanto, atendiendo al concepto de individualización incondicionada de las leyes, cuando las obligaciones que impone la ley de un hacer o no hacer al particular no nacen a partir de la entrada en vigor de la misma, porque no son de acción automática, pues con su sola expedición no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, eficacia inherente exclusivamente a las leyes de individualización incondicionada, sino por el contrario, necesita para causar un perjuicio de un acto que condicione la aplicación de la norma a las situaciones jurídicas concretas ya sea por actuación del particular o del Estado, no se trata de leyes autoaplicativas, sino de leyes heteroaplicativas, toda vez que la afectación que éstas irroguen al gobernado, está condicionada a la existencia necesaria de la aplicación de la norma o del acreditamiento del particular de realizar el acto condición para estar dentro del supuesto de la misma, pues de no adoptar tal conducta, los efectos de la ley no le son aplicados jurídica y materialmente. I. El decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII. Para corroborar la improcedencia de que se habla, se recuerda que el promovente instó el juicio constitucional con motivo del primer acto de aplicación de la norma reprochada, derivado de la emisión de la cédula de notificación de infracción 34862709-7. Luego, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII, de Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establecen: Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. "Artículo 171. La Secretaría, por medio de sus policías viales y la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: . VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo.". "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas; II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; . VII. En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la fracción VI del artículo 171 de esta ley, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo. En estos casos, inmediatamente se practicará al conductor la prueba de alcoholemia o de aire espirado en alcoholímetro, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta ley. Cuando éste se niegue a otorgar muestra de aire espirado se aplicará arresto administrativo inconmutable de doce a treinta y seis horas, en los términos de la presente ley." Los numerales transcritos establecen las diversas hipótesis de posibles sanciones a aquellas personas que conduzcan vehículos bajo la influencia del alcohol o algún estupefaciente, es decir, una sanción por no acatar las obligaciones previstas en la ley, especificando las infracciones correspondientes en cuanto a inobservar determinadas condiciones; por lo que, para que dicho numeral incida en la esfera jurídica de un gobernado, necesariamente éste debe incumplir los extremos en él dispuestos, así como que exista una expresión de voluntad de una autoridad administrativa competente -Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco- en el sentido de que materialmente se ubique en alguno de los supuestos en ella establecidos y que, por consiguiente, es acreedor de la sanción que se establece y se le imponga la multa respectiva. Esto es, que conforme a la estructura normativa de las disposiciones reclamadas, es necesaria la comprobación previa de la autoridad administrativa sobre el incumplimiento de las medidas establecidas en el artículo de mérito, respecto de la prohibición de manejar bajo el influjo de algún estupefaciente, para que se concreten sus consecuencias, y se impongan las multas que en ese precepto se establecen. De modo que tales supuestos legales precisan de la ejecución de una condición, consistente en que se inobserven los parámetros establecidos y que ello conlleve la declaración de autoridad competente y la consecuente imposición de una sanción, para materializar sus efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí su carácter heteroaplicativo. En ese orden, se enfatiza que la existencia del acto de aplicación debe probarse de manera fehaciente, por lo que no basta la inminencia de la aplicación de una ley para que el amparo sea procedente, ya que esta inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. Así, en el caso, como se aprecia de la cédula de notificación de infracción 34862709-7 se desprende que si bien el quejoso conducía el vehículo, lo cierto es que del contenido de dicha infracción no se desprende la aplicación de la norma que impugna, esto es, del numeral 186, fracciones I, III y VII. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 77/97, registro 196954, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO". En ese mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis CCLXIII/2016, que la metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental -test de proporcionalidad-, se debe realizar a través de dos etapas. En la primera, la que interesa, se determinará si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión, esto es, se debe establecer si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental que se presume violado. De esa manera, en dicha fase, corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. Análisis que se plasmó en el criterio de rubro y texto siguiente: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El examen de la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo."(Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 915, registro 2013156) A idéntica conclusión se arriba respecto del artículo 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que dispone que para la liberación y devolución del vehículo retirado de la circulación con motivo de su conducción bajo el influjo de alcohol, sobre pasados los grados etílicos permitidos, se deba presentar el acta correspondiente emitida por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, porque, como se dijo, ese acto no está dirigido a personas cuya circunstancia concuerde con la del hoy quejoso, en el sentido de que no son ellas quienes manejaban el automotor al momento de su desposeimiento. En ese orden, no es posible analizar la legalidad de los actos reclamados, por lo que deben considerarse, respecto de lo reprochado por el impetrante, constitucionalmente válidos. Por tanto, no es posible aducir que existió en su contra la aplicación de la normativa reclamada, de manera que se sobresee en el juicio respecto de ese acto. II. Respecto del acto reclamado consistente en el artículo 25, fracción I, inciso c, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio de dos mil veintiuno. Apuntado lo previo, conviene traer a colación lo que dispone el artículo 25, fracción I, inciso c, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio de dos mil veintiuno: "Artículo 25. Por los servicios de guarda y custodia de vehículos, mercancía u objetos varios, en los depósitos administrados por la Secretaría de Administración, como una función de derecho público, se estará a lo siguiente: I. Por día que transcurra se causarán las siguientes tarifas: a) Motocicleta, Bicicleta, Triciclo o Bicimoto: $24.0 c) Pick-up, Estaquitas, Combi, Blazer, Ram Charger, Explorer, Cherokee y similares: $111.00 (.)" Del dispositivo legal antes transcrito, se observa que por el servicio de guarda y custodia de vehículos, en los depósitos administrados por la Secretaría de Administración, se causará por día respecto de Pick-up, Estaquitas, Combi, Blazer, Ram Charger, Explorer, Cherokee y similares, la cantidad de ciento once pesos, en tanto que por lo que refiere a motocicleta, bicicleta, triciclo o bicimoto, la cantidad a pagar es de veinticuatro pesos diarios. Luego, si bien, la parte quejosa reclama en la presente instancia la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción I, inciso c, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veintiuno, con motivo de su primer acto de aplicación; lo cierto es que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, no se advierte que se le haya aplicado, puesto que no exhibe recibo respectivo. No se inadvierte que la autoridad responsable Director de Depósitos Vehiculares y Depósito número 2, ambos de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, haya exhibido copia certificada del recibo A 60163235, del cual se advierte el pago por el derecho correspondiente; sin embargo, dicho pago se realizó el once de noviembre de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación a la demanda de amparo (treinta y uno de octubre dos mil veintidós). En ese tenor, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo no acreditó haber realizado el pago del impuesto contenido en la normas que refiere inconstitucional, no existe una afectación a su esfera jurídica, ante la falta de demostración de su acto de aplicación, lo que denota su falta de interés jurídico para reclamar su constitucionalidad mediante el presente juicio de amparo. Por su parte, la autoridad responsable Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, refiere que la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar, entre otros, la desposesión del vehículo que defiende, lo cual actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 382, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que ve a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, consistente en el decreto y la emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII; y artículo 25, fracción I, inciso c, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio de dos mil veintiuno. III. Causal de improcedencia infundada. El Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Encargado del Depósito Vehicular número 2 de esa dependencia, estima que en relación con el acto reclamado consistente en la detención y retención del vehículo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de derechos humanos que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, la parte quejosa, reclama entre otras cuestiones, la detención y retención del vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582. Ahora, de la constancia remitida por la responsable, se desprende que la parte quejosa recibió el vehículo citado, el once de noviembre de dos mil veintidós, pero ello con motivo de la suspensión decretada en el presente procedimiento. En efecto, de la constancia de libertad de vehículo se desprende que la entrega se ordenó en cumplimiento de la suspensión otorgada por este juzgado, tal como se aprecia en el oficio DDV/CJ/1221/2022. Aunado a que, derivado de ello, se le hizo cobro a la parte quejosa por el depósito del citado vehículo, con lo cual, la afectación a su patrimonio subsiste. De ahí que, en el caso, no se puede estimar que cesaron los efectos del acto reclamado, y con ello la afectación de la desposesión impugnada, puesto que la transgresión a los derechos humanos a la parte quejosa no desapareció con la entrega del vehículo, la cual se ordenó en cumplimiento al suspensión decretada, puesto que derivado de ello la parte quejosa tuvo que pagar por el resguardo del citado vehículo, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la autoridad responsable Policía adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado refirió que la parte quejosa no tiene interés jurídico respecto de la infracción vía reclamada. Es infundada la causa de improcedencia hecha valer. De la interpretación armónica de los numerales 1, 5, fracción I y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico de aquél. De ahí que, en primera instancia, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal, para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. En tal virtud, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. En el caso, el quejoso controvierte la infracción impuesta al vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582, sobre Avenida Cruz del Sur, en Guadalajara, Jalisco. Para demostrar su interés jurídico la parte quejosa exhibió documental de manera electrónica de la factura FAA 987609 endosada a su nombre respecto del vehículo indicado en líneas anteriores. Ahora bien, con dicha prueba adminiculada con la copia certificada de la infracción reclamada y del inventario A12078, resultan suficientes para acreditar el intere´s juri´dico del quejoso, para controvertir la referida infracción, lo anterior, puesto que con ellas se demuestra que el vehículo que ampara dicha factura fue el que remitió al corralón en virtud de que el conductor (quejoso) supero los límites permitidos de alcohol que la ley prevé. En efecto, el interés jurídico esta´ directamente vinculado con el derecho que en cada caso concreto se dice vulnerado por el acto de autoridad, es decir, el valor y alcance probatorio de la carta factura depende también del tipo de acto que se reclama y del derecho que este es susceptible de violentar; siendo que, en la especie, el quejoso se duele de una trasgresión a su derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo materia de la cédula de infracción reclamada, lo cierto es que por las particularidades del presente asunto y, sobre todo, por la naturaleza del acto que se reclama, se considera, que con la copia de la factura que anexo´ la parte quejosa a su demanda, concatenada con la cédula de notificación de infracción y el inventario ofrecido por la responsable, es suficiente para evidenciar que la existencia del acto debatido prueba a la par, que éste afecta su interés jurídico. Así es, en la mayoría de los juicios de amparo la existencia del acto reclamado no es por si´ misma prueba de que el quejoso es titular del derecho subjetivo que aduce violentado y, en consecuencia, al margen de que este´ demostrada aquella existencia, es necesario que se pruebe la titularidad de ese derecho y/o la forma en que se ve afectado por la actuacio´n de la autoridad responsable. Además, conviene traer a la vista el contenido del numeral 174, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que dispone lo siguiente: "Arti´culo 174. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, sera´n sancionadas administrativamente, se hara´n constar por medio de ce´dula de notificacio´n de infraccio´n por la Fiscali´a General, por conducto de la polici´a vial, en los te´rminos de esta ley y su reglamento, y se aplicara´n al propietario o conductor del vehi´culo. Ambos respondera´n solidariamente del pago de la sancio´n. El monto de las sanciones se determina en di´as de salario mi´nimo general, vigente en la zona econo´mica en donde se cometan las infracciones, de la siguiente manera: Las infracciones dispuestas en los arti´culos 175, 176, 177, 178, 179, y 180 se aplicara´ una sancio´n de 1 a 5 di´as de salarios mi´nimos. Las infracciones dispuestas en los arti´culos 182, 183, 184, 185, 190, 191 y 192 se aplicara´n una sancio´n de 10 a 30 di´as de salarios mi´nimos. Las infracciones dispuestas en los arti´culos 181, 186 y 187 se aplicara´n una sancio´n de 150 a 200 di´as de salarios mi´nimos. En el caso donde proceda sancio´n pecuniaria, arresto administrativo inconmutable o trabajo comunitario, o aplique suspensio´n o cancelacio´n de licencia o gafete, se observara´ lo dispuesto en la presente ley. En el caso de reincidencia de las infracciones contempladas en este capi´tulo se aplicara´ lo dispuesto en el arti´culo 188". Como puede apreciarse del numeral acabado de transcribir, las infracciones a las que se refiere la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehi´culo involucrado y, en todo caso, ambos esta´n obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sancio´n correspondiente. Por tanto, resulta inconcuso que del material probatorio aportado por el quejoso, en especi´fico de la ce´dulas de infraccio´n y la factura referida y del inventario del arrastre, permite válidamente establecer el vínculo entre el vehículo y la sanción, con el propietario, el cual es el accionante aqui´ quejoso; lo que, se insiste, resulta suficiente para acreditar el intere´s juri´dico que tiene para impugnar la sanción pecuniaria impuesta en la infracción vehicular. Tiene aplicacio´n al respecto, por los motivos que expone, la tesis II.3o.A.69 A que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de´cima e´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 3, pa´gina 2613, que a la letra dice: "MULTA POR INFRACCIONES DE TRA´NSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA PERSONA CUYO NOMBRE SE CONSIGNA EN LA TARJETA DE CIRCULACIO´N VEHICULAR TIENE INTERE´S JURI´DICO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA IMPUESTA POR LA FALTA DE DICHO DOCUMENTO, AL SER RESPONSABLE SOLIDARIA. El cara´cter de infractor a las normas de tra´nsito en carreteras federales representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en funcio´n de la falta que se considere cometida, por lo que no recae necesariamente en el conductor de un vehi´culo; esto es, habra´ infracciones cuyo sujeto activo efectivamente sea el operador del automotor, en cuyo caso, basta entregar a e´ste la boleta correspondiente (por ejemplo, cuando se conduce sin licencia apropiadamente requisitada), pero existira´n ocasiones en las que el infractor no sea el conductor (verbigracia, cuando se advierten faltas administrativas en el vehi´culo, como es el caso que circule sin cubrir la totalidad de los requisitos y caracteri´sticas exigidos por la normatividad aplicable), pues la infraccio´n no deriva de una conducta propia e inherente u´nicamente al conductor, sino que atan~e tambie´n al responsable de la movilizacio´n terrestre del vehi´culo, es decir, a la persona cuyo nombre se consigna en la tarjeta de circulacio´n vehicular, al ser e´ste un dato significativo y conducente que evidencia su responsabilidad solidaria en la infraccio´n cometida. En consecuencia, aque´lla tiene intere´s juri´dico para promover el juicio contencioso administrativo contra la multa impuesta por la falta de dicho documento". Al respecto, se considera infundada la causa de improcedencia propuesta. Finalmente, no se advierte, de oficio, otra causa de improcedencia del juicio constitucional, ni las partes invocaron diversa que deba ser analizada en este apartado. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación respecto de la norma impugnada. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. En ese sentido procede hacer el estudio por cuanto hace al acto consistente en el decreto y en la emisión del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, el artículo 174, reclamados del Gobernador y del Congreso del Estado de Jalisco, El quejoso sostiene, en esencia, que se violan en su perjuicio los derechos de audiencia, propiedad y posesión, en relación con el retiro del vehículo Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582, el cual acreditó que fue suyo, por parte de la autoridad que le aplicó por primera vez dicha norma. Lo anterior es así, sostiene, porque derivado del arresto administrativo del que fue objeto el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, le fue tomado el bien citado y, para su devolución, se le condiciona a que el recién citado comparezca ante las autoridades correspondientes y presente el acta de libertad emitido por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría. Es decir, el perjuicio aducido consiste en que el promovente no puede disponer de sus bienes hasta en tanto un tercero cumpla con los requisitos que la norma reclamada le impone. Los conceptos de violación son infundados. Ahora, con la finalidad de calificar los conceptos esgrimidos contra tales actos, éstos se estudiarán haciendo referencia a los previamente sobreseídos decreto y emisión de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular, los artículos 171, fracción VI y 186, fracciones I, II, III y VII, al guardar relación con los reprochados. En ese orden, las normas en mención disponen: Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. "Artículo 171. La Secretaría, por medio de sus policías viales y la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: . VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo.". "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: . II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; .". Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. "Artículo 174. Será requisito para la liberación del vehículo, presentar acta de libertad emitido por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, o el lugar que determine el Juez calificador para los casos de los municipios o los previamente designados para este efecto.". Transcritos tales preceptos, se tiene que en relación con el derecho de audiencia que establece el artículo 14 Constitucional, el argumento del quejoso es infundado, en razón de lo siguiente. "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior, se desprende que el derecho de audiencia es el cual todos los particulares tienen para ser oídos y así poder defenderse con anterioridad a que sean privados de sus bienes, esto es, la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos en aquellos casos en que se comprometa su libertad, sus propiedades, sus posesiones o sus derechos. A su vez, se traduce en una obligación para el Estado de abstenerse de cometer actos que limiten o restrinjan determinados bienes sin que se satisfaga esa garantía, con excepción de las salvedades que establezcan la propia Constitución Federal y los criterios jurisprudenciales, como el 11/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." El artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, lo que se extiende también al ámbito de las autoridades administrativas. En ese orden, el derecho de audiencia previa es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares, entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad la privación, per se, de un bien material o inmaterial. En efecto, tratándose de actos privativos, la defensa, para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, con el fin de garantizar efectivamente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo constitucional de mérito. Ahora, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco impugnado no deriva de un acto privativo que requiera audiencia previa pues, de lo dispuesto en el precepto 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, se aprecia que proviene de uno de molestia, consistente en el retiro del vehículo con motivo de que a su conductor se le imponga un arresto administrativo, lo que resulta ser una medida de seguridad. Por su parte, son también infundados los reproches tendentes a evidenciar que el acto las normas reclamadas vulneran su derecho de propiedad, toda vez que, como recién se expuso, lo establecido en la norma es una medida de seguridad, que resulta en el retiro de la circulación del vehículo. Por su parte, son también infundados los reproches tendentes a evidenciar que el acto las normas reclamadas vulneran su derecho de propiedad, toda vez que, como recién se expuso, lo establecido en la norma es una medida de seguridad, que resulta en el retiro de la circulación del vehículo. En tanto que si bien es cierto dicho acto resulta ser uno de molestia, conforme al diverso numeral 16 Constitucional, no se rige entonces por el artículo 14 del mismo ordenamiento jurídico, pues como se expuso, los actos privativos y los actos de molestia se rigen por circunstancias distintas. De ahí que al ser el hecho generador de la norma que se reclama un acto de molestia, no debe seguirse el procedimiento previsto en el numeral 14 de la Constitución Federal, sino únicamente debe cumplir con las formalidades que prevé el citado 16. De igual manera, no se desatienden sus manifestaciones en las que arguye que el retiro de su vehículo se configura de manera indeterminada, así como que el mismo le reviste un acto de carácter confiscatorio; sin embargo, contrario a ello, resulta indispensable manifestar que dichos actos no resultan ser indefinidos. En primer lugar, pues como lo establece el diverso numeral 174 del Reglamento, mismo que inclusive controvierte de igual forma el quejoso, prevé el requisito por medio del cual se le hará la devolución respectiva del vehículo que hubiese sido retirado. Por tanto, no resulta ser un acto que por tiempo indefinido desposea a su propietario del mismo, sino que una vez cumplido el requisito previsto en la normativa, le será devuelto el mismo. Asimismo, tal acto no resulta ser confiscatorio, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichos actos son aquellos por medio de los cuales la autoridad se apropia de la titularidad de los bienes de un gobernado, sin contar con título legítimo ni contraprestación. En tanto que el numeral reclamado deriva de un acto de molestia, consistente en el retiro temporal de la circulación de un vehículo automotor al conductor que se le imponga un arresto administrativo inconmutable; de ahí lo infundado del argumento. De tal manera, se concluye que la norma reclamada es constitucional, pues no perjudica los derechos fundamentales aducidos por el quejoso. Ahora, se recuerda que el perjuicio aducido por el quejoso consiste en la imposibilidad de disponer de sus bienes hasta en tanto que cumpla con los requisitos que la norma reclamada le impone; por ende, considera violados los derechos, entre otro, de propiedad y de posesión. Sobre esa base, se considera necesario realizar un estudio de constitucionalidad del 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, atendiendo a las tres gradas del test de proporcionalidad, a saber, (1) constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida; (2) idoneidad y (3) necesidad. Lo anterior, dado que, el principio de proporcionalidad en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para examinar la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, para que una pena sea proporcional desde este punto de vista no sólo debe tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también superar el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Sirve para justificar el criterio, por las razones que informan, de rubro y texto siguiente: "SANCIONES PENALES. CONSTITUYEN UNA INTERVENCIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PUEDE ENJUICIARSE DE CONFORMIDAD CON LAS TRES GRADAS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO. El principio de proporcionalidad en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para examinar la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, para que una pena sea proporcional desde este punto de vista no sólo debe tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también superar el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido." En ese sentido, es oportuno, revisar la exposición de motivo de la norma impugnada, a saber: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: DECRETO QUE EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. X. Entre los temas sociales más importantes de este Gobierno, están las acciones para salvar vidas, por lo que el reglamento que nos ocupa, se materializa como un instrumento para la aplicación puntual de la Ley, con lo cual se pretende inhibir y constreñir a los ciudadanos a no cometer malas prácticas en la conducción de vehículos; es la imposición de multas tanto pecuniarias, como de arresto administrativo inconmutable. Estas medidas y acciones tienen el fin de disuadir a los infractores para reducir el índice de accidentes, sobre todo aquellos que enlutan cada año cientos de hogares en Jalisco; .". Bien, como se analizó en párrafos que anteceden, la medida establecida en el reclamado artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco deriva de una disposición de seguridad, con la cual se busca evitar accidentes viales; de manera que, si el conductor de un vehículo es sorprendido conduciéndolo bajo influjos de alcohol u otros estupefacientes, y si éste rebasa la cantidad mínima permitida para manejar en esas condiciones, el automotor será retirado del lugar y puesto a disposición de diversa autoridad que lo custodie, siempre y cuando no haya una persona sobria que pueda disponer en ese momento del mismo. En amplios rasgos, dicha providencia es constitucionalmente válida, dado que es apropiada con la finalidad en comento, pues un conductor que no sea capaz en ese momento de llevar la responsabilidad que significa manejar un vehículo en una calle pública, por riesgo a provocar un accidente, debe ser detenido de esa acción y, por cuanto al automotor, si no existe quien más que pueda disponer de él, resulta evidente la justificación de que sea retirado de la vía pública, de ahí que, la finalidad de la norma es constitucionalmente admisible, en la medida que pretende evitar accidente viales. Se considera idónea la medida considerada restrictiva porque es adecuada para la consecución de la finalidad buscada; ello, porque existe una relación objetiva y lógica entre dicha medida y el objetivo que la misma persigue; esto es, a través de ella se busca reducir los accidentes viales y, en consecuencia, proteger la seguridad de las personas. La idoneidad puede advertirse desde una perspectiva objetiva en la cual, si la pretensión de la norma es proteger la seguridad de las personas evitando accidentes viales, es claro que eliminar supuestos que puedan implicar un riesgo a las personas, como lo es, quitar el vehículo a los conductores que se encuentren bajo la ingesta de alcohol, ello es un mecanismo apto para conseguir el fin. En relación con la necesidad de la medida, el escenario fáctico en que se encuentra inmersa la pretendida medida de seguridad, no se dispone de otra decisión menos lesiva e igualmente eficaz y eficiente, dado que se considera necesaria que cuando el conductor se encuentre bajo los influjos del alcohol, el automotor será retirado del lugar y puesto a disposición de diversa autoridad que lo custodie, siempre y cuando no haya una persona que lo pueda manejar, y con ello evitar accidentes viales. De tal manera, se considera que la norma impugnada resulta constitucional puesto que el fin es válido, es idónea y necesaria, y con ello supera las tres gradas del principio de proporcionalidad en sentido amplio y con ello, la restricción de que se duele el quejoso es constitucional. De ahí lo infundado de sus argumentos. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación respecto de la norma impugnada. Por su parte, en relación con la cédula de notificación de infracción 34862709-1, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el quejoso, en lo que interesa, formula los conceptos de violación, bajo las ideas siguientes: Los actos reclamados no estuvieron precedidos de mandamiento escrito; No se respetó el derecho fundamental de audiencia; Se violó el derecho de propiedad y de posesión, en tanto que para la devolución del automotor que le fue desposeído, se le condiciona el cumplimiento por parte de tercera persona con un arresto administrativo; El mandamiento escrito carece de fundamentación y de motivación, en concreto, en cuanto a la competencia de la autoridad; y, No se individualizó la pena económica impuesta; Uno de los conceptos de violación es fundado y suficiente para conceder la protección ahora solicitada, en concreto, el consistente en que la responsable omitió fundar su competencia, como se analizará a continuación. En principio, debe decirse que el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En esta tesitura, se infiere que mencionar el ordenamiento jurídico y la disposición legal que a la autoridad le conceda atribuciones para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, que es brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses. De lo contrario, es decir, de eximir a la autoridad del deber de fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de controvertir la actuación de aquélla cuando estime que ésta no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pudiere encontrarse en contradicción con la Constitución Federal. Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad que lo suscribe constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas. Así, al ser la competencia del órgano administrativo el conjunto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, no es posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 Constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le otorgue competencia, porque la organización de la administración pública en nuestro país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integren por razón de materia, grado y territorio, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde se admiten excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le corresponden. Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad, se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones. Al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio, los cuales consisten en: i) Materia: Atiende a si la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros). ii) Grado: También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. iii) Territorio: Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Por tales razones, el invocar un ordenamiento jurídico en forma global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo, es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a dicha distribución de competencia le confiere facultades para realizar dicho proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. Es aplicable la jurisprudencia 115/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. " En esa medida, el artículo 115, fracción III, inciso h, de la Constitución Federal establece que la función de los servicios de tránsito es facultad exclusiva de los municipios y, en ese orden, los actos en estudio fueron emitidos por autoridades de una dependencia estatal (Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco). En efecto, la fracción III, inciso h, del artículo 115 constitucional, establece en su parte conducente: "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: . III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h). Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.". En lo conducente, el precepto invocado establece que los municipios que conforman los Estados de la Federación tienen a su cargo la administración del servicio público de tránsito. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo y fracción aludidos, establece: "Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.". En lo que interesa, el precepto transcrito dispone que cuando los ayuntamientos lo estimen conveniente, podrán celebrar convenios con el Estado para que, temporalmente, éste se haga cargo de prestar algún servicio que deben proporcionar los municipios o, en su caso, otorgarlo de forma coordinada. Luego, no obstante que los municipios son los organismos facultados para prestar el servicio público de tránsito, dicha atribución puede delegarse al Estado mediante la celebración del acuerdo respectivo celebrado entre éstos. Expuesto lo que antecede, la responsable omitió, en el acto reclamado consistente en la cédula de infracción 34862709-7, establecer si entre el municipio correspondiente (Guadalajara) y el Estado de Jalisco, en este caso representado por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, existe un convenio de colaboración en materia de tránsito, que la faculte a prestar el servicio público de tránsito y, con ello, aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en la zona metropolitana. En efecto, de la documental de mérito solo se desprende que la Policía adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, actuó con fundamento en el artículo 21, párrafos IV y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; arábigo 75, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; preceptos 18, fracción I, inciso F, 19, fracción XXI, 26, fracción VI y 198 de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco; así como, numeral 376 del reglamento de la última de las normas referidas. Además, asentó la fundamentación y motivación de la infracción cometida, así como los datos de identificación del vehículo que fue infraccionado, el tiempo y el lugar de la elaboración de la cédula, los datos del conductor, así como la medida de seguridad impuesta por la sanción cometida, la cual consistió en el retiro del vehículo conforme al artículo 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, al servicio de grúas denominados "Bustos", y los motivos por los cuales levantó dicha cédula. Sin embargo, de tal acto no se desprende que la responsable citara si entre el municipio de Guadalajara, en el cual se cometió la infracción, y el Estado de Jalisco, representado en este caso por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, existe convenio de colaboración en materia de vialidad que faculte a la Policía Vial a aplicar sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en el Municipio donde se cometieron las mismas. Sin que la falta de cita del convenio respectivo se pueda tener por convalidada por lo expuesto en el acta de aplicación del procedimiento del programa "Salvando vidas" y el acta de alcoholimetría que fueron elaboradas con motivo de la infracción reclamada, pues de las mismas únicamente se advierte que la autoridad citó la hora, fecha y lugar donde se suscitó la infracción referida y los fundamentos en los cuales basó su actuar. De ahí que el acto reclamado sea inconstitucional, pues el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, ente ellos su competencia, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Es aplicable la tesis PC.III.A. J/73 A, del Pleno en Materia Administrativa del tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFRACCIONES A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, EN UNA ZONA MUNICIPAL. PARA DETERMINAR, APLICAR Y EJECUTAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A QUIENES LAS COMETAN, DEBE CITARSE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO RESPECTIVO, A EFECTO DE QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDADAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", estableció que para la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoque la disposición legal, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión. Por su parte, el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios tienen a su cargo las funciones del servicio público de tránsito, y de acuerdo al penúltimo párrafo de la citada fracción se prevé que los Municipios podrán celebrar con el Estado convenios de colaboración para que esos servicios se presten o ejerzan coordinadamente. Por ello, para determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en una zona municipal, debe citarse el convenio de coordinación correspondiente celebrado entre el Estado y Municipio respectivo, a efecto de que se encuentren debidamente fundadas, y dar certeza al gobernado de que precisamente se están ejerciendo las facultades que prevé la ley. De lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo." En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan las hipótesis que son aplicadas, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, para lo cual es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entre ellos, el relativo a la competencia que les faculte su actuar. Por tanto, ante lo justificado en este apartado, se concede el amparo y la protección solicitados. OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto del acto reclamado: La Policía adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, deberá dejar insubsistente la cédula de notificación de infracción 34862709-7 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, de la cual derivó, entre otras determinaciones, la desposesión del vehículo: Mercedes Benz clase C 43, con número de serie WDDWF6EB9HF457667 y placas de circulación TMV3582; y, sus consecuencias legales; O, en su caso, acredite la imposibilidad que tenga para ello. La Secretaría de Hacienda Pública, en calidad de autoridad vinculada al cumplimiento, devuelva la cantidad erogada con motivo de dicha infracción, lo anterior, dado que la parte quejosa acreditó con el recibo oficial A 60163235, el pago respectivo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ********************, respecto de los actos precisados en los actos y autoridades responsables precisados en las determinaciones establecidas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto de los actos precisados reclamados del Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en la primera parte del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos impugnados de la Policía adscrita a la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en la segunda parte el considerando séptimo y para los efectos fijados en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    . Téngase por recibido el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Jalisco, por medio del cual cumple con el requerimiento realizado en autos y, al efecto, informa que sí encontró domicilio de la parte tercera interesada que se enuncia a continuación: -----, ubicado en la calle sin nombre, número 1, rancho Paso Blanco, Encarnación de Díaz, Jalisco, código postal 47290. Por otro lado, comunica que no encontró registro alguno de los domicilios a nombre de los diversos terceros interesados M-------. Asimismo, la manifiesta la imposibilidad que le asiste para proporcionar información respecto del domicilio de -----; por lo que, refiere que se deberá elevar la petición de búsqueda de domicilio a diversa oficina de dicha Secretaría de Estado. Se formula requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere a la Dirección General de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, verifique si en los archivos de dicha dependencia, obra algún domicilio de los terceros interesados ------; de ser así lo informe a este juzgado federal a fin de estar en aptitud de ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo. Apercibida que de incumplir con lo anterior, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, conforme lo previsto en la fracción I, del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.

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